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“El Invima no publica información científica completa con datos actualizados de farmacovigilancia, que permita prescribir medicamentos al médico accionante, como tampoco a ningún médico en el país, con datos suficientes de su eficacia y seguridad”. Éste es un aparte de la acción de tutela que la Federación Médica Colombiana acaba de interponer contra el Invima, por violación a los derechos de acceso a la información, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, a la honra, entre otros.
El argumento principal de los tutelantes es que el Invima, “única entidad estatal que tiene la información completa sobre medicamentos en el país”, no tiene un sistema de información dirigido a los profesionales de la salud, ni a los pacientes, sobre los reportes de eficacia y seguridad de los medicamentos, “siendo ello vital para la formulación dentro de la actividad médico-paciente con el fin de obtener los efectos terapéuticos necesarios”.
La interposición de esta acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá fue el último recurso de la federación, después de haber presentado un derecho de petición que, según ellos, fue respondido con información “amañada”.
El reclamo que hace la Federación Médica tiene un trasfondo que ha sido tema de debate en el país en los últimos meses, y que incluso no le es ajeno al propio Gobierno. La entidad argumenta que hoy la “información que reciben los médicos la obtienen a través de los agentes vendedores de la industria farmacéutica” y que éstos, a través de sus vendedores y medios “por razones obvias sólo recomiendan sus propios productos”.
A continuación, en el documento conocido por El Espectador, se enumeran las desventajas que representa para el sistema de salud que quienes entreguen la información completa de los medicamentos sean los “canales comerciales”: “la información comercial no privilegia el rigor científico. La información comercial privilegia la descripción de las marcas comerciales fortaleciendo prácticas perversas, las cuales benefician a las firmas farmacéuticas que en algunas ocasiones no son las mejores para los pacientes. Sólo la información científica, completa, universal y gratuita, garantiza la ética médica”.
Luego de este preámbulo, la federación dice: “Cuando sólo se formula marca comercial, el sistema de seguridad social en salud debe pagar más por el precio de los medicamentos, es decir, esto aumenta los desembolsos del sistema público de salud y a favor de la industria farmacéutica, es decir, gana la industria y pierde la salud financiera del sistema de salud de Colombia”.
Y recuerda, además, que éste, precisamente, fue uno de los causantes de la crisis financiera de la salud. “La formulación con ‘marca’ (la única que recibe el médico accionante y sus colegas) conllevó a que el anterior gobierno decretara la emergencia en salud, porque los dineros no alcanzarán para que el Fosyga pague los recobros en salud”.
En 2010 el Gobierno, a través del Fosyga, tuvo que desembolsar $2,4 billones por concepto de recobros (que son los servicios o procedimientos que no contempla el Plan Obligatorio de Salud, y que el Gobierno debe reembolsarle a las clínicas y hospitales que los prestan). La federación calcula que entre 2008 y 2010 los recobros sumaron $6 billones.
Según el documento, en la única respuesta que ha dado el Invima se argumentó que “el decreto 677 de 1995” ordena que en la publicidad o propaganda que se haga de medicamentos se incluyan sus “acciones, indicaciones, usos terapéuticos, contraindicaciones… sin omitir ninguna de las que configuren en la literatura científica”. Y remata diciendo que “pareciera que el Invima trata de proteger exclusivamente a las empresas farmacéuticas”.
La Federación cuestiona esta respuesta afirmando que “el Estado no puede delegar en particulares (industria farmacéutica con intereses comerciales) el deber de informar al grupo de salud sobre la información científica completa con reportes de eficacia y seguridad”. El Espectador se comunicó con el Invima, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.