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El problema es que atraviesa una zona ecológica muy sensible y afectaría a comunidades locales. La inversión es de $820.000 millones.
Un camino culebrero y largo entre una ciudad como Medellín y su aeropuerto principal no es precisamente un factor de competitividad. Los pasajeros que todos los días despegan y aterrizan en la pista de Rionegro gastan más tiempo en el trayecto al terminal aéreo que en el propio vuelo a un destino nacional.
Desde 1966, los antioqueños han discutido con apasionamiento la construcción de un túnel que burle la montañosa geografía que circunda a la capital paisa. Pero la batalla política, jurídica y económica ha sido ardua entre quienes se oponen a taladrar las montañas por las que bajan 32 quebradas y los que preferirían reducir de 45 a tan sólo 18 minutos el trayecto Medellín-Rionegro.
Luis Alfredo Ramos, actual gobernador de Antioquia, se cuenta entre los segundos. Y a cinco meses de entregar el cargo, parece que no quiere dejar pasar la oportunidad de poner la primera piedra, o mejor, quitar la primera de la verde montaña. Francisco Rodrigo Caicedo, gerente de concesiones de la Gobernación, asegura que ya todos los diseños están listos, también los permisos y que en octubre comenzaría la megaobra. La compra de tierras y predios entre la zona conocida como Seminario, en Medellín, hasta la glorieta a un kilómetro del aeropuerto, ya está realizándose.
Se trata de una obra que comienza con un túnel de 700 metros, seguida por una vía de 4,5 kilómetros a cielo abierto por la ladera sur del municipio de Santa Elena, luego vuelve a sumergirse en la tierra durante un largo trayecto de 8,2 kilómetros, para salir cerca de la terminal aérea. El costo total es de $820.000 millones. El concesionario, que agrupa a 52 grandes empresas, aportaría $520.000 millones, que podría recuperar a través de peajes. Idea, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aportaría $140.000 millones, más $100.000 millones recaudados por valorización y $60.000 millones de la Gobernación, cerrarían el precio estimado.
La molestia y la preocupación por los impactos que tendría el supertúnel en los ecosistemas y la vida de los pobladores de los municipios aledaños, especialmente en Santa Helena, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha llevado a que un grupo de ellos se dedique con vigor a vigilar todo el proceso.
En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos le han pedido acogerse al principio de precaución y de responsabilidad que contempla la legislación ambiental vigente, suspendiendo la firma de los contratos. También desde la Alcaldía de Medellín piden suspender el proceso.
Los veedores ciudadanos argumentan que el diseño aprobado en 2002 no es el mismo que se quiere ejecutar ahora. Dicen que se están burlando las advertencias hidrogeológicas según las cuales existen graves fallas geológicas. Reclaman que se trata de una importante zona de regulación hídrica que alimenta al menos a cuatro acueductos locales. Han denunciado un buen número de inconsistencias en el otorgamiento de la licencia por parte de Cornare y la falta de un diagnóstico de alternativas.
Francisco Rodrigo Caicedo, la cara del gobierno departamental en este asunto, dice que nada de eso es cierto. En cuanto al debate ambiental, reconoce la riqueza hídrica de la zona, pero argumenta que por el contrario, al sellar resquicios de la montaña desde adentro y por los que se está filtrando el agua, ésta volvería a la superficie para alimentar los cuerpos de agua que bañan los acueductos.
“De todas las obras de ingeniería que se construyen en el mundo, las que menos impacto ambiental producen son los túneles”, apunta Caicedo.
Lo cierto es que el Túnel de Oriente promete convertirse en uno de los temas en la agenda de los candidatos a la Alcaldía y Gobernación de Antioquia el próximo octubre.