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Quizá si hay un tema que pueda polarizar al país, incluso más que la despenalización parcial del aborto o la propia reelección presidencial que se anuncia, ése sería la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Un escenario que constituiría, de lejos, la mayor conquista en materia de reconocimientos sociales de esta comunidad, con unas repercusiones de una envergadura insospechada. Por lo pronto, la discusión en la Corte Constitucional sobre este asunto quedó aplazada, pues el alto tribunal se abstuvo de emitir un fallo, aduciendo problemas en la redacción de la demanda.
Sin embargo, El Espectador conoció detalles de la candente discusión entre los magistrados de la Corte, que evidencian que más allá de que la demanda estuviera mal redactada o incumpliera unos formalismos mínimos para entrar a estudiarla, sí se plantearon argumentos de fondo sobre la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar menores de edad. El primero que lo hizo fue el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien le presentó a la Sala una ponencia en la que se opuso vehementemente a que a esta comunidad le fuera reconocido el derecho de adoptar.
En esencia, Mendoza Martelo planteó que el interés superior del niño, es decir, sus derechos, están por encima de las aspiraciones de las parejas del mismo sexo y, en consecuencia, consideró que la visión tradicional de la familia está compuesta por un hombre y una mujer como pilares educativos del infante y que es en ese ambiente que puede desarrollarse de la mejor manera. En últimas, sostuvo, los heterosexuales garantizan una formación para el niño, en el peor de los casos, menos nociva que el escenario planteado por la demanda.
La ponencia, que alcanzo a ser parcialmente discutida en la Corte, también reveló tendencias sobre la posición de los magistrados en este asunto. “La cosa estuvo dividida en la Sala. Yo creo que si se hubiera abierto la discusión, la votación habría sido 4-4”, le dijo a El Espectador una fuente de entera credibilidad de la Corte. En ese escenario, se habría recurrido a un conjuez para dirimir este histórico fallo, que por ahora sigue en el limbo. El magistrado Mauricio González, el único que no participa en esta discusión, se declaró impedido por haber participado en la redacción de la Ley de Infancia y Adolescencia.
Ana continúa esperando
Esta semana la historia que escriben juntas Ana, su compañera afectiva, Maritza y su hija de menos de dos años, puso de manifiesto una realidad que muchos desconocen o que antes ni se alcanzaban a imaginar en Colombia. A través de una tutela resuelta por una jueza de Rionegro, Antioquia, se ambientó la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar. Con el fin de proteger los derechos de la bebé, la sentencia le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “continuar con los trámites para el proceso de adopción consentida” presentado por las dos mujeres.
“Le estamos pidiendo al Estado —le dijo Ana a El Espectador— que nos dé la oportunidad a ambas de responder por la niña. No estamos pidiendo ningún privilegio”. La tutela exigió el cumplimiento de los derechos que la menor pierde por no estar reconocida legalmente por una de sus madres y recordó que los derechos de los menores prevalecen sobre las políticas de las instituciones. En la práctica, si Maritza decide separarse de Ana en unos años —como ocurre a menudo en parejas heterosexuales—, Ana tendría que recibir una ayuda de seguridad alimentaria.
Sea como fuere, la consecuencia inmediata es que Sara*, con apenas 21 meses de nacida, está a punto de convertirse en la primera colombiana legalmente con dos mamás. Aunque aún no cumple los dos años, Sara ya reconoce una sutil diferencia entre las palabras mamá y mami. Para ella, “mamá” es Ana, una mujer que recién entró en los 40, mientras que “mami” es Maritza*, su pareja. Ambas se conocieron en la escuela primaria y al cabo de los años volvieron a cruzarse. Tenían más de 30. En 2005 se casaron en Nüremberg, Alemania, y en 2008 formalizaron su relación ante la ley colombiana.
Ana se sometió a un proceso de inseminación artificial que hoy tiene en el mundo a la pequeña Sara. A Maritza le gustaría adoptar más adelante. Ambas encuentran paradójico que con tanto niño desamparado en Colombia, el ICBF evite que personas responsables se hagan cargo de estos menores por su condición sexual. “Mire la pelea para que los papás respondan por los muchachitos de Bienestar Familiar que aparecen en la televisión”, dice Ana.
¿Qué dirá Sara cuando un niño desprevenido le enrostre que no tiene papá? El consejo de Ana para su hija es matemático: “Que les diga: ‘¡Ah! usted sólo tiene una mamá, yo tengo dos”.