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Desde el jueves pasado, con su sanción por parte del presidente Juan Manuel Santos, las personas que incurran en actos de discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual, pueden ser sancionadas con cárcel o económicamente. La nueva Ley Antidiscriminación, propuesta por el partido Mira, contempla penas de prisión de uno a tres años y multas de entre 10 y 15 salarios mínimos, y aunque en un principio su intención era penalizar sólo el racismo, al final incluyó sanciones para todo tipo de discriminación, incluidas las expresadas contra la población LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).
“Estamos en pleno siglo XXI y es inaudito que aún haya quienes ejecuten, promuevan o instiguen este tipo de actos. Por eso, aunque para muchos esta ley es fuerte porque convierte dichos actos en delito, para otros —entre quienes me incluyo— es una forma de justicia. Ya era hora de poner mano dura y de garantizar la protección de los derechos de quienes son discriminados (…) ya era hora de sentar un precedente porque definitivamente no hay derecho a que todavía haya personas que se crean de mejor hechura, de mejor clase o de mejor estirpe que otras. A esos intolerantes, a esos racistas, a esos homófobos, que atenten contra los derechos de las personas, o las hostiguen, les caerá —como debe ser— el peso de la ley”, dijo el presidente Santos al sancionar la ley.
Siendo así, conductas como las de los llamados neonazis que se han conocido en Bogotá o los incidentes que hace algunos años se presentaron en discotecas de Cartagena, cuando a dos hermanas se les negó la entrada por ser afrodescendientes, serán castigados drásticamente. Y aunque hay quienes consideran que la ley no es clara y que su aplicación es casi un imposible, hay otros, como el catedrático Fernando Urrea, especialista en negritudes de la Universidad del Valle, que consideran que el hecho de que se establezcan sanciones penales es de por sí novedoso y puede ser disuasivo para que por lo menos en público y en ciertos espacios privados la gente lo piense antes de cometer actos racistas u homofóbicos.
Pero el mismo Urrea advierte: “Hay muchas ambigüedades. Que se cumpla o no se cumpla es otra cosa. La justicia tiene que avanzar también en mejorar la legislación, porque estos actos discriminatorios violan los derechos humanos. Sí van a cambiar muchas formas de expresión, pero eso no implica que el término ‘negro’ vaya a desparecer, sino cómo está contextualizado. Ese no es el problema del racismo, sino la estigmatización y el no darle oportunidades, empleo o acceso a las políticas a la gente”, explicó el catedrático. Y en efecto, la norma no es clara al definir qué se entiende por discriminación, al tiempo que deja abierta las interpretaciones cuando se refiere a “impedir, obstruir o restringir”. En este sentido, los casos dudosos pueden convertirse en una verdadera arbitrariedad que conduzca no sólo a una injusticia, sino a más hacinamiento y miseria en las cárceles nacionales.
El abogado y columnista Mauricio García Villegas llama la atención por otro aspecto. En su concepto, existen en Colombia otro tipo de discriminaciones muy poderosas, más allá de lo racial o la orientación sexual: lo cultural y lo económico. Es lo que llama el “racismo de clase”. “El lenguaje, el acento, los gustos, los nombres personales, el vestido, etc., son rasgos culturales que abren o cierran puertas de manera tan drástica como lo hace el dinero o la raza. Estas marcas culturales encadenan a los pobres a sus círculos de pobreza y son casi tan indelebles e irreversibles como el color de la piel”, señala. ¿Está esto cobijado por la ley? ¿Quién o quiénes determinarán los alcances?
Y agrega otro punto clave: “Se supone que la escuela debe servir para limar esas diferencias culturales y para formar ciudadanos con capacidades básicas similares. En Colombia, sin embargo, la escuela hace justamente lo contrario, ahonda esas diferencias a través de un modelo de apartheid educativo en donde los ricos y los pobres no sólo estudian por su lado, sino los primeros reciben una educación de mejor calidad que los segundos”. Como se ve, si bien es cierto que la intención del gobierno Santos es poner mano dura y garantizar la protección de los derechos de quienes son discriminados por motivos de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, son muchos los ‘huecos’ que aún deberán coparse para que la aplicación de la ley sea una realidad efectiva.
Historia de un objeción
El presidente Santos había objetado en un principio la Ley Antidiscriminación, al considerar que debía excluirse la discriminación por ideología política y religión, argumentando que, como estaba redactado, las instituciones educativas de carácter religioso o con una clara ideología política de izquierda o de derecha tendrían que ser obligadas a recibir a cualquier estudiante, sin importar su posición o la de sus padres. Una comisión delegada en el Congreso aceptó las sugerencias del mandatario y la ley fue sancionada el pasado miércoles en un evento en la Casa de Nariño que contó con delegaciones de afrodescendientes y en el que Bruno Moro, representante del PNUD en el país, reveló que hay varios municipios en el Pacífico colombiano donde ocho de cada 10 personas son pobres: “Allí la esperanza de vida es de 67 años, mientras en Bogotá llega a 77”.