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“Mañana me muero y ¿quién pelea por esto?”, se pregunta Rafael Vergara, un ambientalista de mil batallas, mientras muestra una serie de fotografías aéreas y satelitales tomadas a la Ciénaga de la Virgen y los terrenos aledaños. Son su mejor argumento para convencer a políticos, autoridades ambientales, periodistas y a las propias comunidades de que es hora de reaccionar para evitar una tragedia que se ha venido incubando por años.
El problema salta a la vista. Es el mismo que comparten miles de colombianos: viviendas construidas en zonas de alto riesgo. Sólo que en este caso son más de 900 familias acorraladas entre la gran ciénaga, que se extiende por más de 20 kilómetros cuadrados, y el mar Caribe. Familias enteras conviviendo con el temor de que un día la naturaleza decida cobrarles la osadía de ocupar la tierra que no debían.
Pescadores, desplazados, marginados, fueron ocupando pequeñas parcelas en zonas que gran parte del año se inundan. Detrás de ellos llegaron los “abogánsters”, como los llamara Vergara, personas que utilizan todo tipo de recursos legales para invadir la zona de manglares apostando por su valorización.
Durante más de dos décadas Vergara, quien fue director de la Oficina de Asuntos Ambientales de Cartagena (hoy Establecimiento Público Ambiental), ha sido testigo directo de una situación de la que todos se quejan pero nadie hace nada.
“Muchos crean sabaleras, piscinas de cultivo de peces”, explica Vergara, para luego comenzar a rellenarlas y construir una vivienda. Son los recuadros que se observan en las fotografías. “Es un sistema delictivo socializado”, apunta el ambientalista. Y el resultado es desastroso: decenas de hectáreas de manglar destruidas, salinización de la ciénaga porque se interrumpe el intercambio de agua, contaminación y enfermedades.
En su opinión, la ola invernal que afectó a más de un millón y medio de colombianos, incluyendo a los de estos dos asentamientos, es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no se actúa a tiempo ni se toman medidas preventivas. “La Alcaldía de Cartagena requiere un respaldo del Gobierno Nacional”, comenta Vergara. Cree que un plan de reconstrucción nacional no estará completo mientras no se encuentre una solución para estos cartageneros.
“La vida acá es difícil. No queremos asistencialismo ni mercaditos. Queremos que las autoridades escuchen nuestras necesidades, para que puedan gestionar ayudas que mitiguen nuestros problemas sociales”, era el reclamo de Carmen Mendoza Ardila, una habitante de Marlinda, hace unos meses a través del periódico El Universal.