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Se cumplen este mes cuatro años de la violenta agresión sexual que usted sufrió, en instalaciones policiales de Valledupar, del entonces capitán activo Eduardo Merchán, según la denuncia que interpuso. ¿Qué ha sucedido en el proceso penal que formuló contra él?
El proceso aún se encuentra abierto. Está en etapa de juicio. Con mi abogado, esperamos que termine pronto y que sea resuelto, como corresponde, en derecho.
Han pasado cuatro años desde cuando fue agredida sexualmente. ¿Por qué no ha habido fallo? ¿Ha habido dilaciones o demoras intencionadas?
No podría decir si existe una demora intencional o no. Pero recuerde que la pandemia paralizó el mundo y las actividades judiciales se han venido reanudando, pero poco a poco. La verdad, la Fiscalía ha hecho muy buen trabajo.
¿Cuáles delitos se le imputan al agresor?
Acceso carnal violento y lesiones personales.
En la Procuraduría presidida por Fernando Carrillo, el capitán (r) Merchán fue destituido e inhabilitado por encontrarlo responsable del ilícito de acceso carnal violento, según las pruebas recaudadas, solo siete meses después de lo que le sucedió a usted, en noviembre de 2018. ¿Por qué esta sanción disciplinaria sí avanzó rápido?
Como víctima, uno sí espera que el proceso sea eficaz, pues su desarrollo es traumático y desgasta mucho a quienes hemos sufrido ataques de cualquier tipo, aunque entiendo que el caso penal es más difícil de resolver. La Procuraduría destituyó e inhabilitó a Eduardo Merchán de la Policía Nacional con una sanción de 14 años, tanto en primera como en segunda instancias.
Cuando denunció al señalado individuo pareció, según los acontecimientos dentro de la institución, que sus superiores lo protegían a él mientras la castigaban a usted, discriminándola o abriéndole procesos internos. ¿Qué pasó con su carrera, con sus ascensos y con los lugares de trabajo que le asignaron en estos años, luego de haber sido victimizada por Merchán?
Después de hacer pública la denuncia en contra de ese capitán, todo cambió para mí: se inició una persecución laboral bastante fuerte en mi contra. Me aperturaron diferentes investigaciones, pero siempre pude comprobar que mi proceder era correcto. Puedo decir que mi carrera se paralizó desde entonces y que no me permitieron volver a ejercer ningún cargo correspondiente a mi perfil.
¿Cuántas investigaciones le abrieron y cuántas concluyeron con absolución o archivo?
Me abrieron cuatro investigaciones, y las cuatro concluyeron a mi favor.
¿Cuáles cargos le asignaron después de la denuncia? ¿Por qué afirma que ninguno “correspondía” a su preparación profesional?
Porque así era. Por ejemplo, me asignaron como comandante de estación en el municipio de Guarne (Ant.). Para entonces tenía incapacidad médica parcial por cirugía de una rodilla que me fue lesionada durante un procedimiento policial. Habían pasado solo cuatro meses después de la violación. Entonces, enviarme como líder de un grupo en un momento de tanta debilidad emocional y física era totalmente inadecuado. Pienso que lo hicieron más, que para hacerme un reconocimiento, para que fracasara. Otro ejemplo: me pusieron como operadora del 123 en la estación de Rionegro (Ant.), después de que era la jefa de ese sistema (el 123) en todo el departamento. No solo era un símbolo de degradación, sino que ese cargo no correspondía al grado de capitán que tenía. Y le cuento más: cuando me trasladaron a Rionegro, al otro día me llegó otro traslado inmediato para Amazonas.
¿Quién ordenó trasladarla a Amazonas estando solo a un día de haber sido enviada al municipio de Rionegro? Suena descabellado…
La mayor Sandra Milena Pedroza, jefa de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Antioquia (DEANT). Ella era una de los oficiales más influyentes y, también, una de las que más me hostigaba.
¿Cómo fue el enfrentamiento armado en que estuvo con unos patrulleros, según leí en alguna parte?
Cinco días después de encontrarme en Guarne me tocó atender, a pesar de que casi no podía caminar por la lesión de rodilla, un procedimiento con enfrentamiento a tiros, en donde por poco pierdo la vida. La comunidad reportó un hurto en zona veredal. Al llegar al lugar nos encontramos con los bandidos y hubo cruce de disparos. Actué en mi defensa y de los otros uniformados, y uno de ellos falleció. El comandante de distrito de la época, coronel José Cristóbal Fonseca Barbosa, me puso siete anotaciones con afectación, insertadas en mi formulario de seguimiento. Abrieron investigación. Y, una vez surtido el proceso, se comprobó que ese procedimiento fue totalmente legítimo.
¿Realmente este y los otros casos que relata se trataban de actos de persecución? ¿No podrían ser sucesos normales de la vida uniformada?
No, no es así. Estos cuatro años -después de denunciar la agresión sexual que padecí en el departamento del Cesar, cuando había sido asignada para prestar servicio allá- cierto personal de la institución me hizo la vida bastante compleja, a tal punto que prohibieron cosas tan elementales como que mi familia entrara a las instalaciones del comando.
¿Por qué lo prohibieron y por qué sus parientes iban al comando?
Eso era parte de la forma de discriminarme. Mi hermano me llevaba, en ocasiones, el almuerzo que empacaba mi señora madre. Fue cuando me dijeron que mi familia no podía ir al comando. Llegaron a negarme permisos para asistir a las citas médicas o a las terapias, me quitaron la red de apoyo emocional que tenía, el mando y un sinfín de situaciones más. En fin, en varias ocasiones fui revictimizada.
¿Por qué no reportaba las anomalías a sus superiores?
Sí lo hice. Todo se lo informé, mediante oficio, al comandante de Departamento de Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, pero nunca pasó nada.
Después de todo lo que le sucedió y con la libertad de saber que se encuentra en proceso de retiro, ¿piensa que sí vale la pena la denuncia pública cuando hay ataques sexuales dentro de la Policía o les va mejor a las mujeres que callan?
“Los principios no se negocian”, como se dice. No se puede permitir que los agresores sigan haciendo daño sin ningún castigo. Hice lo correcto en una situación que vulneró mi integridad física y mental. No tengo por qué arrepentirme. Lastimosamente, existen miles de víctimas que se callan por temor. Pero hay que tener conciencia de que denunciar es un derecho y también un deber: entre más víctimas denuncien, más violadores pagarán ante la justicia. Siento que todo, cada lágrima, la angustia, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, valió la pena. Incluso, la voluntad que nació en mí, de enfocarme en mi crecimiento como ser humano.
¿Qué quiere decir?
Mi forma de ver la vida ha cambiado. Aprendí y sigo haciéndolo. Respeto los procesos ajenos y considero que es un acto de responsabilidad trabajar en uno mismo, como persona, para ser mejor. Considero, también, que debo apoyar a otros que se encuentren en condición de vulnerabilidad y sufrimiento.
Sus calificaciones en los cursos que realizó en la Policía, ¿estuvieron entre las más altas o se encontraban en el nivel promedio? Pregunto porque la institución podría argumentar que no era tan buena oficial…
Siempre me he caracterizado por disfrutar de la academia. Así que resaltaba en los grupos. En la Escuela fui brigadier varios años e incluso fui primer puesto en el curso de ascenso de subteniente a teniente. Aunque una calificación no podría determinar qué tan buena o mala oficial haya sido, durante mi tiempo en la Policía siempre fui reconocida por mi trabajo. Por eso salí victoriosa de las diferentes investigaciones que me abrieron.
¿Cuáles fueron sus estudios y títulos?
En mi carrera policial tomé varios cursos, diplomados, dos pregrados y dos posgrados. Tengo títulos profesionales como administradora policial, profesional en criminalística, especialista en investigación criminal, magíster en psicología holística y actualmente soy estudiante de segundo año del pregrado en astrología. En mi curso de oficial soy la única mujer que cuenta con esas titulaciones.
Puntualmente, ¿por qué decidió pedir el retiro de la Policía si usted misma ha dicho que ser miembro de esa institución era y seguía siendo su ilusión de vida?
Me cansé de lidiar con la ignorancia de algunas personas. Ya llevo cuatro años tratando de resistir, aguantar, batallar. Pero no es lo que quiero para siempre. Es cierto que estuve dispuesta a servir por vocación, no por un sueldo. Y que decidí permanecer en la Policía pese a las circunstancias, pero como lo manifesté, después de la denuncia, todo se paralizó para mí. Siempre estuve esperanzada en que esa situación cambiaría algún día y que, finalmente, me darían la oportunidad de trabajar normalmente, pero no fue así. Podría quedarme ahí sin hacer nada como hacen muchos. Sin embargo, eso choca con mis principios y, en la institución, ya no hay un lugar para mí. Lo medité mucho tiempo, pero las circunstancias más recientes me llevaron a tomar una determinación por mi tranquilidad y por mi salud mental.
¿Por qué? ¿Qué sucedió?
Hace unos días solicité licencia del servicio para tomar vacaciones y poder celebrar mi boda, porque quería disfrutar un tiempo con mi esposa y mi familia. Me negaron el permiso y no estaba dispuesta a sacrificar un evento tan importante como mi matrimonio, solo por el capricho de una persona.
¿Cuándo solicitó la licencia del servicio y cuál fue la respuesta?
El 22 de septiembre pasado, mediante comunicación oficial, le solicité 11 días de vacaciones al señor coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del Departamento de Policía Antioquia. Como dije, quería celebrar mi boda el 23 de octubre, un mes después de la solicitud. Mi prometida venía procedente de otro país junto con su familia. Y ya estaba toda la ceremonia contratada y lista. Como es natural, quería disfrutar unos días con ella. Pero, reitero, mi solicitud fue negada.
¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos del coronel Mazo?
Él solicitó concepto a la Oficina de Talento Humano, y esta dio la viabilidad por cumplir con los requisitos, es decir, porque tenía derecho a 11 días de vacaciones para la vigencia de este año. Pero quien tomaba la decisión, en últimas, era el señor coronel. Él me manifestó que las negaba porque había salido varias veces este año sin tener en cuenta que había tomado unos días necesarios no para descansar, sino para atender el proceso penal contra el violador en Valledupar en donde se requería mi presencia física. O para realizar los tratamientos médicos que me habían ordenado. Pero el coronel Mazo contestó que en atención a la situación actual y por déficit de personal no era procedente darme el permiso. Me dijo, también, que cambiara la boda para otra fecha.
Usted, ¿respondió con su intención de retiro o insistió en que le concediera el permiso?
Le oficié nuevamente solicitándole que evaluara la situación. Reiteré que todo estaba planeado desde el exterior, que la fecha y la ceremonia estaban contratadas y que mi ausencia no afectaría el servicio porque mis funciones, prácticamente secretariales en ese momento, no eran vitales; y, además, había quién me reemplazara. Hasta le solicité un espacio en su agenda para exponer, en persona, las razones de mi requerimiento, pero me negó, otra vez, el permiso.
¿Cree que negarle la licencia para que pudiera contraer matrimonio fue un acto de discriminación por tratarse de una boda igualitaria? ¿Sus superiores sabían que se casaría con otra mujer?
Para nadie es desconocido que la elección sexual diversa es un tema algo complejo de asimilar para ciertas personas, a pesar de que es un derecho y se encuentra protegida por la ley. Para mí la negativa a darme permiso fue un acto completamente discriminatorio, porque fui clara cuando expuse mis razones y la importancia de contraer matrimonio. Lo sucedido habla por sí mismo: se me vulneró un derecho.
Pero, ¿finalmente la boda se pudo realizar? ¿Cuándo y en dónde?
Claro que sí. Mi boda se celebró en Llanogrande el pasado 23 de octubre como estaba planeado.
Eso sucedió después de que solicitó su retiro. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su petición? ¿Fue aceptado su retiro o espera respuesta?
Por parte de la Policía Nacional mi solicitud fue aceptada. Ahora se encuentra pendiente de la firma del presidente Petro para hacer efectiva mi salida de la institución.
¿Cuántos años pasó en la Policía y cuántos, entre el total que le sirvió a la institución, sufrió discriminación?
Desde mi ingreso, en el año 2009, pasé casi 13 años en la institución. En los primeros años construí una excelente carrera, siempre con retos, pero gozaba de una buena reputación como oficial. No tenía ningún problema. Pero todo cambió, como lo he dicho desde el principio, después cuando denuncié al agresor sexual, un superior, el 24 de noviembre de 2018. Como lo manifesté anteriormente, viví un sinfín de situaciones con las que padecí discriminación, señalamientos y condenas por hablar siempre con la verdad.
¿Se siente hoy segura y tranquila de que desea iniciar otra vida, lejos de la Policía y del país?
Completamente segura. Hoy, elijo vivir.
Lo que hicieron con ella (oficial Kelly Sierra) no se hace con nadie.
¿Es cierto que una vez sus superiores la obligaron a enfrentarse a un auditorio de oficiales para que les dijera por qué usted debía esta acompañada, siempre, por una mascota, según recomendación de los psicólogos?
Un comité de talento humano que evalúa casos especiales y que estaba comandado por la mayor Sandra Milena Pedroza, que tanto me persiguió, me hizo parar frente a todos sus miembros para que explicara los motivos por los que, dentro del tratamiento psicológico que me estaban dando, se había recomendado que mi mascota me acompañara siempre como parte de la red de apoyo emocional que requería después de la violación. Como un superior había prohibido la presencia de mascotas en el comando, hice una primera solicitud y me fue negada. Hice, entonces, una segunda solicitud. Y ahí fue cuando hicieron que me enfrentara a todo el comité para explicar esta misma historia. Me sentí humillada y revictimizada. En cuanto me dieron la palabra, me puse a llorar por la presión de la situación. En esos momentos llegó un señor coronel – un gran señor – que cuando me vio, suspendió la audiencia, me sacó del auditorio y regañó a todos los miembros de comité. Les dijo que lo que habían hecho conmigo, no se hacía con nadie.
Destituido e inhabilitado por catorce años
Mientras el proceso penal por acceso carnal violento y lesiones personales en contra del entonces capitán de la Policía, Eduardo Merchán, continúa abierto y apenas en etapa inicial de juicio (es decir, que faltan, aún, largas audiencias), el mismo caso pero en el campo disciplinario, adelantado por la Procuraduría, concluyó en primera y segunda instancia desde mediados del año 2019. El Ministerio Público encontró responsable al oficial Merchán de haber asaltado y sometido a la teniente Kelly Sierra en las instalaciones del comando de la seccional de la institución en el Cesar, cuando se realizaba la fiesta de fin de año entre los uniformados del departamento. Según el fallo, “las pruebas recaudadas permitieron determinar que el disciplinado, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de Policía en el municipio de Curumaní (Cesar), obligó a la teniente a tener una relación íntima, la cual no fue consentida y por el contrario, se trató de una violación”. La defensa del capitán apeló la decisión pero esta se confirmó en segunda instancia. La sanción: destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años.
