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Este juves, el despacho de Orlando Scoppetta en la Procuraduría General de la Nación está abarrotado por 1.015 informes provenientes de casi todos las poblaciones de los 32 departamentos de Colombia. Aún faltan 84 por llegar y así completar el total de los municipios que componen el suelo nacional, 1099. El trabajo que se le avecina a Scoppetta y a su equipo es largo, pues deben revisar, detalladamente, uno a uno todos los documentos. Sin embargo, su labor también será determinante, debido a que su análisis es parte de una estrategia que le valió a la Procuraduría la distinción de haber sido calificada por las Naciones Unidades como el más exitoso proyecto del continente americano en materia de niñez, infancia y adolescencia.
Todo comenzó en el segundo semestre de 2004, cuando la Procuraduría pidió a todos los alcaldes y gobernadores del país enviar los planes de desarrollo de sus administraciones para evaluar qué tanto se estaban teniendo en cuenta los derechos de los niños. La sorpresa fue grande al saber que sólo el 25% de los informes incluía programas enfocados a la niñez y que la infancia era un asunto del que únicamente se ocupaban el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y algunas oficinas de las primeras damas de las gobernaciones.
Con la preocupación sobre la mesa, Aroldo Quiroz, procurador delegado para la defensa de la infancia, adolescencia y la familia, junto con Edgardo Maya, procurador general, convocaron a una cumbre de gobernadores el 5 de marzo de 2005. Allí se reflexionó sobre el tema y se coordinaron visitas a los 32 departamentos en busca de formular estrategias que apuntaran al bienestar de los niños. La respuesta de los gobernadores fue positiva y se dejó expresa la iniciativa de instaurar la cumbre como un evento anual.
Y así fue. En abril de 2006 la convención volvió a tomar vida, esta vez para que los mandatarios locales mostraran sus avances en materia de niñez. Dicha reunión contó con la presencia de Nils Kastberg, director regional de la Unicef para América Latina, y dio resultados fructíferos al dar a luz la estrategia “Municipios y departamentos por la infancia”, la misma que mereció el reconocimiento de la ONU.
En ella se fijaron metas que apuntaban a garantizar los derechos fundamentales de los menores y se acordó que las cumbres de mandatarios regionales tendrían lugar cada seis meses, buscando la aceleración de los planes de las gobernaciones. La iniciativa tuvo éxito y en noviembre del mismo año se llevó a cabo la tercera convención.
Siete meses más tarde se incluyó el artículo 207 en el Código de Infancia y Adolescencia, con el cual la creación de proyectos para el buen desarrollo de la niñez se convirtió en una política obligatoria para la administración de los 32 departamentos y 1099 municipios. De este modo, organismos como la Unicef, la Contraloría General de la República, el ICBF, la Vicepresidencia y la Federación Nacional de Departamentos ahora trabajan unidos con los gobiernos locales apostándole a inversión en planes para los menores de edad.
“Lo que realmente valoró Naciones Unidas de la estrategia fue toda la movilización política que se tejió para los niños. Y es realmente importante, apostarle a la infancia es apostarle al desarrollo del país en los próximos años”, explica el procurador delegado para la defensa de la infancia, Aroldo Quiroz.
Por su parte, Orlando Scoppetta tiene un arduo trabajo para los próximos días, la razón es que los gobernadores y alcaldes posesionados el año pasado tuvieron que enviar sus planes de desarrollo a la Procuraduría , para que se compruebe que efectivamente hay iniciativas dedicadas a los menores y que el artículo 207 se está cumpliendo a cabalidad. No obstante, en algunos informes revisados hasta el momento Scoppetta ha encontrado varias irregularidades. “Hay municipios que tienen planes idénticos, otros no hablan de la niñez colombiana sino de la argentina, y otros no tienen las cifras en pesos sino en soles, lo que nos indica que están copiando los informes”.
Esos mandatarios locales, dice Quiroz, tendrán que pagar su desidia con severas sanciones disciplinarias.