Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El 14 de abril de 2010, mientras avanzaba hacia su automóvil estacionado en el parqueadero del edificio Tenerife Real, ubicado en la carrera 13 con calle 106, al norte de Bogotá, el abogado Juan Manuel Vargas percibió un penetrante olor a gasolina. Intrigado por el caso decidió compartir su inquietud con sus vecinos y ratificó que sus sospechas eran ciertas. Por alguna razón, no sólo en la zona del parqueadero, sino en otros sectores del edificio, olía a combustible, lo cual podría resultar perjudicial para la salud y la seguridad de los residentes.
La primera reacción fue llamar al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que acudió al lugar y constató que se advertían emanaciones de gas y filtraciones de combustible. La razón no podía ser otra que alguna fisura o desperfecto técnico en la estación de gasolina contigua al edificio, de propiedad de la firma brasileña Petrobras. Tiempo atrás, en ese lugar había funcionado el bar llamado Club de la Montaña. Pero después, sucesivamente pasó a ser primero una estación de servicio de la multinacional petrolera Shell y luego de Petrobras.
Veinticuatro horas después, el Hospital de Usaquén fue notificado de un presunto evento de exposición a hidrocarburos en el conjunto residencial Tenerife Real, lo que motivó la presencia de varios funcionarios del área de medio ambiente y epidemiología, acompañados de profesionales de la Secretaría Distrital de Salud. Los expertos adelantaron una inspección sanitaria examinando las áreas de almacenamiento de agua potable, al tiempo que se tomaron muestras de orina entre varios residentes para evaluar el impacto del daño.
El informe técnico documentó que el conjunto residencial de tres interiores con un promedio de 14 apartamentos sí estaba afectado por la percepción de vapores de hidrocarburo, presumiblemente gasolina, no sólo en el área de los parqueaderos, sino en el primer nivel del edificio. Además, añadió el reporte del Hospital de Usaquén que pudo advertirse “evidencia visual de hidrocarburos en agua contenida en el dique instalado por el Cuerpo Oficial de Bomberos”. En otras palabras, se ratificaron las sospechas de los residentes del conjunto.
Aunque el informe señaló que ninguno de los residentes evaluados presentaba intoxicación aguda por hidrocarburos, sí quedó claro que muchos habitantes del interior 3, que ya no toleraban la concentración de vapores en el ambiente, habían optado por abandonar sus apartamentos. Es más, durante ese primer acercamiento a la comunidad, algunos de los residentes aseguraron haber presentado dificultades respiratorias y solicitaron valoración por antecedentes de asma. De las muestras de orina se ratificaron algunos síntomas.
En consecuencia, el informe recomendó suspender el servicio de suministro de combustibles, mejorar el sistema de ventilación en los parqueaderos y aislar algunas personas consideradas especialmente vulnerables, entre otros aspectos. Como hipótesis de trabajo, los expertos concluyeron que, por derrames accidentales provenientes de la estación de gasolina, se estaba presentando una contaminación del suelo y el subsuelo, que se estaba complicando por el aumento en la circulación de aguas lluvias, producidas por el invierno.
Desde ese momento, entre los residentes del edificio Tenerife Real y la firma Petrobras se mantiene una pelea que ya saltó a los estrados judiciales. Desde el 3 de mayo de 2010, por orden de la Secretaría Distrital de Ambiente, fue cerrada la estación de gasolina, pero el dilema mayor se ha concentrado en la reubicación de todos y cada uno de los residentes en lugares de habitación con similares características a sus viviendas, tal como se comprometió a realizarlo desde el primer momento la petrolera.
Aunque la mayoría de los residentes del edificio ya están ubicados en apartahoteles o apartamentos escogidos por ellos mismos, hay tres inmuebles que siguen habitados. En uno de ellos vive una señora de avanzada edad y afectada de Alzheimer, madre de un notario. El segundo es habitado eventualmente por un piloto y el tercero por un ingeniero civil que ya está jubilado. Las tres familias se resisten a dejar sus apartamentos, entre otros aspectos por la misma razón por la cual quienes los han dejado hoy pelean con la petrolera: la insatisfacción en los términos de reubicación en calidad de víctimas.
El pasado 26 de noviembre el asunto fue saldado parcialmente por el Juzgado 56 Civil Municipal de Bogotá que, al fallar una acción de tutela presentada por los residentes del edificio, en defensa de sus derechos a la vida, salud, integridad física, tranquilidad y vivienda digna, concluyó que ellos tienen razón. En consecuencia, le ordenó a Petrobras la reubicación de todos los residentes del edificio Tenerife en un lugar “adecuado e idóneo, de iguales condiciones en las que viven”, al tiempo que les dio cuatro meses a los afectados para instaurar acciones de reparación económica.
Una fuente allegada a la firma Petrolera observó que la empresa reconoce el daño, pero debe advertirse que fue involuntario y además heredado de los anteriores dueños, la compañía Shell. Asimismo, observó que ya está en marcha un plan de mitigación con inversiones superiores a los $1.500 millones, pero que entre algunos residentes ha habido dificultades para permitir el acceso del personal que está dispuesto a reparar el daño ambiental y a superar la emergencia a cabalidad. Por eso, de inmediato apeló la sentencia del juzgado.
Esta semana se espera un segundo fallo, pero los residentes del edificio Tenerife, hoy repartidos en hoteles y apartamentos, esperan una solución definitiva. Y como llevan una causa colectiva, van más allá de una simple reubicación y reparación. Por ejemplo, quieren saber qué autoridad adjudicó la licencia ambiental a la estación o cuál es el protocolo de la empresa petrolera para afrontar la crisis. Aunque el plan de mitigación está en marcha por orden de la alcaldía de Usaquén, la pregunta de fondo es: ¿Se cumplen en Bogotá las normas para ubicar estaciones de gasolina en zonas residenciales?