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“Mientras existan informaciones mentirosas sobre la actividad camionera en el país, el paro no tiene una solución a la vista”. Así lo señaló el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Juan Javier Amaya, al asegurar que el viceministro de Transporte, Felipe Targa, viene presentando datos que afectan la relación entre las partes.
Según Amaya, mientras el viceministro señala que los camiones hacen 13,8 recorridos por mes entre Bogotá y Buenaventura, según las cuentas del sector sólo se realizan cuatro viajes completos, ya que no existe la logística necesaria para acelerar el cargue y descargue de los vehículos. Amaya agregó que tampoco es cierto que se hayan efectuado 130 reuniones para concertar medidas ante el desmonte de la tabla de fletes.
La ACC considera que la inmovilización de vehículos puede superar los 120 mil, de los 240 mil que circulan en el país, y aduce que no todos los transportadores se han unido a la protesta porque algunos utilizan el sector para lavar dinero. A pesar de esta cifra, voceros del sector productivo indicaron este jueves que el transporte de carga era normal en el país (ver “Empresarios reportan normalidad”).
Amaya argumenta que un vehículo que se moviliza entre Bogotá y Buenaventura, llevando 35 toneladas de carga, puede cobrar $3,5 millones, de los cuales destina $1,2 millones a combustible, $300 mil a peajes y $400 mil a cargue y descargue, más el sueldo del conductor, el parqueo diario de $12.000 y la comisión. Al propietario le quedan entre $300 y $500 mil, que al mes se convertirían en unos $2 millones, recursos que no son suficientes, ya que una sola llanta cuesta $1,2 millones y un cambio de aceite $700 mil, y con la eliminación de los fletes se llevaría a los camioneros a la ruina, dijo Amaya.
Por su parte, el ministro de Transporte, Germán Cardona, madrugó el jueves para hacer una rueda de prensa en la que invitó a los transportadores a recapacitar y a sacar sus camiones. Asimismo, planteó algunas medidas para ayudar a mejorar las condiciones de los transportadores. “Nuestro objetivo es mejorar y modernizar la operación del transporte de carga por carretera”, dijo e insistió en que mantendrá el desmonte de la tabla de fletes (precio que se cobra por transporte de mercancía), que dejaría de operar a partir del 28 de febrero (ver “Política integral del Gobierno”).
A la voz del funcionario se sumó la de Jaime Sorzano, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), quien se mostró en contra de la protesta y llamó a la “concertación”.
Durante el primer día de paro no se presentaron bloqueos en las vías y la entrega de mercancía en los puertos se dio sin problemas. Así lo señaló Gabriel Corrales, gerente de la Terminal de Contenedores de Buenaventura, Tcbuen, quien dijo que la operación en el nuevo puerto es normal y que diariamente atiende entre 300 y 500 camiones, pero que llegará el momento en que no tengan vehículos. En la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura la situación es similar.
Por su parte, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta la atención de camiones programados es normal.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, inició trabajos para servir de intermediador entre los camioneros y el ministro de Transporte, Germán Cardona.
De otro lado, los transportadores insisten en que el Gobierno debe definir un piso referente para evitar, a su juicio, que los pequeños camioneros tengan que desaparecer por los altos costos de operación y bajos costos en la tarifa que cobran por la movilización de carga.
“No vamos a perder lo que ganamos en el gobierno Samper, ya que ese piso nos permite equilibrar el mercado y no perder si nos eliminan la tabla de fletes”, concluyó Amaya.
Política integral del Gobierno
Puntos de la política integral para el servicio público del transporte de carga por carretera, diseñada por el Gobierno:
1. Promover programas de asistencia y capacitación a pequeños camioneros.
2. Alternativas claras para la renovación de su flota con vehículos más modernos y eficientes.
3. Flexibilizar las condiciones de habilitación de las empresas de transporte.
4. Poner en marcha un sistema de información y monitoreo del mercado, a partir del modelo de costos.
5. Desarrollar herramientas tecnológicas para medir ineficiencias y demoras a lo largo de toda la cadena logística.
6. Total vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte para que se cumplan los pagos.
7. Mejorar y modernizar la operación del transporte de carga por carretera.
8. Sentarse en las mesas de concertación antes de que entre en vigencia la eliminación de la tabla de fletes.
9. Garantiza los derechos y no aceptará presiones dominantes.