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En el mundo nos encontramos en un período definitivo para las decisiones sobre el futuro energético de los próximos 50 años. Una parte fundamental de los retos ambientales globales depende de cómo abordemos estos tiempos de decisión. Colombia debe resolver algunos interrogantes para definir su futuro energético.
Si el petróleo está declinando en el país y el carbón tiene impactos graves para el cambio climático, ¿los colombianos estamos explorando seriamente el desarrollo o la adopción de energías renovables? Y si la opción es la energía producida por las hidroeléctricas, ¿cómo construir estas obras con el menor impacto social y ambiental? ¿Estamos contemplando nuevas hidroeléctricas sin haber aprovechado instrumentos como el de las transferencias del sector eléctrico al sector ambiental y a municipios para asegurar la máxima duración de las existentes? ¿Contamos con los mejores estándares ambientales y la capacidad para monitorear su cumplimiento?
Las discusiones y las respuestas ante las decisiones energéticas se están polarizando, y esto no favorece la estructuración de una política de largo plazo que eleve el bienestar de los colombianos y reduzca al mínimo los impactos no deseables.
La ampliación de la oferta energética colombiana y de su uso eficiente tiene riesgos pero también presenta oportunidades. Los riesgos se tienen que afrontar con base en los mejores estándares —ambientales, sociales, fiscales y presupuestales—, entre los que está la opción de no emprender determinados proyectos en ciertas regiones del país.
Las oportunidades se pueden dar en diferentes niveles, especialmente en la financiación de la conservación de áreas naturales estratégicas, como los parques nacionales naturales, que aportan el 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país. Un mejor manejo de los recursos de compensación o las transferencias del sector eléctrico se pueden convertir en una oportunidad valiosa.
Lo sucedido con las transferencias del sector eléctrico al sector ambiental y a los municipios sirve de referencia para adoptar medidas en forma consistente y mantener con el debido rigor su aplicación, en el manejo ambiental y para la visión del futuro energético. La Ley 99 de 1993 obliga a las generadoras de energía a transferir el 6% de las ventas brutas a las corporaciones autónomas y a los municipios donde se produce está energía. Luego de 17 años de aplicada esta norma se desconoce la efectividad esperada con la inversión, que en el período ha estado en un promedio de US$60 millones al año (US$94 millones en 2010) y significa un monto acumulado del orden de algo más de US$1.000 millones.
A la fecha, los colombianos carecemos de una información que nos permita concluir si se cumplió el objetivo esperado con las transferencias: mejorar el manejo de las cuencas para reducir la erosión y la colmatación de las represas, de modo que mantuvieran o ampliaran su tiempo de uso. También hay vacíos de información sobre la efectividad en las acciones de conservación, así como sobre el bienestar generado a los pobladores de los municipios.
Transporte limpio
En el campo del transporte, tanto urbano como intermunicipal, cabe preguntarnos si las diferentes modalidades que se tienen y las que se proponen incorporan todos los costos ambientales, y si las herramientas fiscales cumplen su papel de promover soluciones técnicas que ayuden a la soberanía energética del país y faciliten la transición hacia un futuro de energías renovables.
De igual manera, es deseable que el cobro de todos los costos ambientales al uso de las tecnologías energéticas actuales sea la base de financiación para el cambio hacia energías renovables. Y evaluar experiencias como la del etanol y los biocombustibles en general, para determinar qué tan efectivos son los incentivos para promover este tipo de opciones y, sobre todo, hasta cuándo se justifica mantener tales incentivos, en contraste con otras alternativas energéticas renovables.
El uso de leña para combustible y la existencia de grandes zonas no interconectadas nos plantea otro tipo de retos a la hora de contemplar el desarrollo de energías alternativas y vincular tales objetivos a otros campos de política, como el de la conservación.
En Colombia estamos a tiempo de diseñar y ejecutar una política energética que concilie los objetivos de autonomía energética de largo plazo con los objetivos ambientales del país.
* Director Fondo Patrimonio Natural.