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El pedido de precaución por parte de la Cancillería colombiana con respecto a los viajes a Venezulea, aumentó aún más el malestar en el vecino país, casi un mes después de que ocho colombianos fueron detenidos en Barinitas, estado de Barinas, supuestamente por realizar actividades de espionaje.
La defensora del Pueblo de ese país, Gabriela Ramírez, aseguró que la medida anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá es una nueva política de ofensiva diplomática por parte de Colombia. “Queremos hacer un llamado al Gobierno colombiano para que desista de las campañas de intriga hacía nuestro país. Hago un llamado a promover la paz entre ambos países”, manifestó la funcionaria venezolana. En declaraciones a Radio Nacional de Venezuela (RNV), Ramírez expresó su preocupación por la actitud del Gobierno colombiano y dijo que la Defensoría del Pueblo “como institución de Derechos Humanos percibe una ofensiva diplomática de Colombia contra Venezuela”.
Indicó que las fotografías de las cámaras de los ocho colombianos detenidos recientemente por presunto espionaje avalan la apertura en su contra de un proceso ajustado a la ley venezolana. “Tenían fotografías de pilotajes de puentes, depósitos de combustible, uniformes y funcionarios uniformados como la Guardia Nacional, instalaciones eléctricas y torres de telecomunicaciones”, dijo Ramírez.
La Defensora insistió en las sospechas sobre los colombianos y reveló los motivos que causan dudas en el gobierno venezolano. “Es extraño que habiendo recorrido el estado Anzoátegui hayan tomado fotos de esas instalaciones y no haya ninguna de sus playas y sus paisajes turísticos”, aclaró.
Ramírez defendió el trato dado a los presos colombianos y aseguró que Venezuela ha ofrecido una atención digna a los hermanos colombianos que llegan a su territorio como refugiados o desplazados por la violencia interna en ese país. “A ellos siempre se les da respuesta para garantizar su bienestar y seguridad”, añadió.
En Venezuela viven aproximadamente cuatro millones de colombianos y diariamente 100.000 cruzan la frontera. “Muchos de nosotros llegamos acá huyendo del conflicto y tratando de encontrar una mejor vida. Una pelea entre presidentes termina afectando a los que trabajamos en este país. Creo que esta es la situación más grave que viven los dos países en mucho tiempo”, explicó Rafael Pérez, un bogotano que vive hace 13 años en Barinitas.
Opiniones divididas
El Canciller Jaime Bermúdez aclaró este jueves que en ningún momento pidió no viajar a Venezuela. Dijo, en cambio, que su obligación es “advertir a aquellos que vayan a Venezuela que tengan cuidado”.
La posición colombiana fue, por un lado, respaldada por el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, quien durante su visita a Bogotá aseguró que la advertencia emitida por Colombia “muestra la preocupación del Gobierno colombiano”. Además, recibió el respaldo de varios concejales del municipio de San Antonio de Ureña. El dirigente político Alejandro García aseguró que “los colombianos no pueden seguir soportando maltratos, violaciones a sus derechos y atropellos por parte de nuestras autoridades”.
Sin embargo, hay otros sectores que muestran preocupación. Para el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, la determinación podría traer efectos nocivos para quienes trabajan en áreas limítrofes y podría generar más problemas con las autoridades del vecino país.
En el mismo sentido se manifestó el candidato presidencial Rafael Pardo, quien dijo que la medida tomada por la Cancillería es “inútil, ridícula y absolutamente equivocada. Creo que decir que los colombianos no viajen a Venezuela demuestra una ignorancia total de lo que es la frontera”.
La internacionalista María Teresa Romero escribió en el periódico El Universal que la decisión de Colombia demuestra un endurecimiento de la política internacional. “Se trata de una postura que han asumido al entender que no hay marcha atrás para la mejora de las relaciones bilaterales”. Dijo la experta al diario caraqueño que “el comunicado es tanto más grave porque es la primera vez que Colombia lo hace y además porque aunque no obliga a los ciudadanos a no visitar Venezuela, sí indica que los diplomáticos se abstengan de ir a actos públicos y esto es una solicitud más que una exhortación, es entonces un paso más duro”.
Romero analiza las consecuencias que la medida tomada por la Cancillería podría tener. “Esto hay que verlo en el marco de la campaña electoral colombiana y eso marca o ayuda a la campaña de Juan Manuel Santos, que es el candidato de Uribe. Lo que muchos colombianos le han pedido a Uribe es que sea duro con Venezuela, de manera que la decisión ayuda al propio Uribe a subir su popularidad y llena a los colombianos no sólo de nacionalismo, sino de dignidad en ese llamado a no dejarse pisotear por una suma de ofensas venezolanas”, concluyó la analista.
El jueves en la tarde, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció la deportación de un colombiano solicitado por el lavado de capitales del narcotráfico” y la detención de otro. “Venezuela no produce droga, la droga proviene de Colombia”, aseguró.