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Como era de esperarse, la tempestad política desatada por la decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar los apartes más severos de la sentencia que le impuso la Corte Suprema de Justicia a Yidis Medina Padilla, por el delito de cohecho, arrecia con el paso de las horas y promete no amainar pronto. La sentencia, de 91 páginas, tuteló el derecho del ministro de Protección Social, Diego Palacio, al debido proceso, a la defensa, honra y al buen nombre, al considerar que la Corte se excedió en sus juicios de valor y lo prejuzgó al enrostrarle conductas ilícitas o desviación de poderes, por las cuales hasta hoy no ha sido hallado culpable.
“La sentencia me hace acordar de los avisos que los católicos sacan en los periódicos, que dicen: ‘Gracias Espíritu Santo por los favores recibidos’. La tutela del Consejo Superior de la Judicatura es el pago de los magistrados a las designaciones que el Presidente de la República ha hecho. Eso es horroroso. Es una decisión en la que participó el ex secretario de la Cámara de Representantes Angelino Lizcano, al cual le pagaron sus servicios designándolo magistrado”, conjeturó agriamente el senador Jesús Bernal Amorocho.
El congresista del Polo Democrático añadió que fue el Consejo de la Judicatura y no la Corte el que se extralimitó en sus funciones. “No creo que el fallo tenga alguna validez”. En ese sentido el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Sigifredo Espinosa, intervino en el proceso y le pidió a la Judicatura “negar por improcedente la tutela”, ya que en la sentencia contra Yidis Medina “no se hicieron señalamientos directos contra funcionarios implicados por la condenada”, así como tampoco se le endilgó responsabilidad al Ministro. Sin embargo, dijo que frente a los graves señalamientos en su contra no resultaba aconsejable que el funcionario fuera llamado al proceso en calidad de testigo.
No obstante, Palacio arremetió contra la Corte, de la que dijo lesionó su buen nombre cuando lo calificó en la sentencia de Medina “de delincuente, autor de acciones delictivas y ofrecimientos burocráticos impúdicos y canonjías, halagos y promesas burocráticas”. En ese sentido se pronunció el senador de la coalición de Gobierno Eduardo Enríquez Maya: “El fallo es muy respetable porque pone de relieve los derechos fundamentales del Ministro. Estoy complacido”. Y explicó que en buena hora se corrigió la sentencia porque, como lo analizó el Consejo de la Judicatura, las aseveraciones contenidas en ésta podrían implicar que se amarraran decisiones futuras en torno al escándalo yidispolítico.
Mientras de un lado hablan de derechos reconocidos o vulnerados, del otro especulan con componendas judiciales y fallos políticos. El senador del Partido Liberal Héctor Helí Rojas manifestó que se ha opuesto a que el Consejo Superior de la Judicatura pueda resolver tutelas, porque esa es una institución creada para disciplinar a jueces y abogados. “Esos magistrados han sido puestos como cuotas políticas de los partidos uribistas. No me cabe duda de que aquí empezaron a morir la parapolítica y la yidispolítica. Esto es muy grave porque no se ordenó desconocerla sino modificarla”.
Una voz de preocupación que comparte su correligionario político Juan Manuel Galán, quien sostuvo que suscita un poco de incertidumbre en la opinión pública el choque de trenes entre las instancias de justicia. “Me preocupa —dijo— que fallos de la Corte Suprema sean tumbados por vía de la tutela”. A buen entendedor pocas palabras, se diría. Una opinión que comparte el
ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien conceptuó que la tutela no procedía porque Palacio no podía alegar violación al debido proceso ante una instancia que ni siquiera es competente para juzgarlo.
“Es tal vez la primera vez que ocurre un fallo como este en el país y le hace un daño inmenso a la institución de la tutela. Lo grave es que no modifica la sentencia en la parte resolutiva, sino que lo hace en las consideraciones motivadas de la Corte, en donde el alto tribunal resume y expone lo que Yidis Medina confesó sobre su participación en un delito”, cuestionó Beltrán, y añadió: “El Ministro debe exponerle a la Fiscalía su defensa. Lo que no está bien es que se invoque una tutela para que se le entresaquen algunos párrafos que a él le parecen lesivos”.
Pese a la discrepancia de políticos de la oposición y otros académicos con el reciente fallo del Consejo de la Judicatura, lo cierto es que la sentencia le otorga un aire que necesitaba con urgencia el ministro Diego Palacio Betancourt. Por el escándalo de la yidispolítica fue recientemente llamado a indagatoria por el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien lo investiga por el delito de cohecho impropio. A su turno, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por abuso de poder y extralimitación en sus funciones.
La ex representante a la Cámara Yidis Medina —condenada a 47 meses de prisión— le confesó a la justicia que el ministro Diego Palacio le ofreció cargos en entidades que él manejaba, como la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja o la dirección regional del Sena en el Magdalena Medio, a cambio de que votara favorablemente el proyecto de acto legislativo de la reelección, como en efecto ocurrió. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Yidis Medina vendió su voto como consecuencia de las prebendas ofrecidas por altos funcionarios del Gobierno, entre los cuales señaló a Palacio Betancourt.
En ese contexto de acusaciones y escándalos judiciales por las presuntas irregularidades durante el trámite de la reelección, para el presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, Jaime Horta, “es una vulgaridad” que se le hubiera otorgado la tutela al ministro Palacio. “¿Cómo puede una Sala Disciplinaria poner en duda o interferir con una decisión del máximo tribunal de la justicia penal? Es un despropósito. Un absurdo. Sobre todo porque son magistrados que no tienen ninguna tradición jurídica ni de derecho penal, que viven del sector político y que no han tenido tiempo ni siquiera de estudiar todos los elementos que se requieren normalmente en un proceso penal. Es un fallo político”, concluyó.
En la otra orilla, el presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, salió como escudero del fallo. “El Consejo Superior de la Judicatura tomó una decisión y el Partido Conservador respeta las determinaciones de la justicia. De manera que invariablemente acompañamos a las cortes”. La controversia sube de tono. La Corte Suprema aguarda silenciosamente el momento para pronunciarse. El Congreso divide sus opiniones, los académicos prosiguen con sus conjeturas y el ministro Diego Palacio Betancourt por fin celebra el primer round judicial que le gana al llamado escándalo de la yidispolítica.