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Inviable resultó para el gobierno de Juan Manuel Santos la reglamentación del proyecto de acto legislativo de porte y consumo de sustancias psicoactivas, que con afán consiguió adelantar en dos de cuatro debates el ex ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio.
Las hondas diferencias que han marcado la agenda legislativa del anterior y el nuevo gobierno salieron a flote nuevamente. Este miércoles, en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que las noticias sobre el futuro del proyecto de porte y consumo, heredado del pasado mandato, “son desalentadoras” y que los reparos de su cartera son mínimos en comparación a lo que argumentan los ministerios de Hacienda y Protección Social.
El Ministerio de Hacienda fue tajante: “No hay viabilidad económica para la implementación del proyecto”. Para llegar a dicha conclusión, el Gobierno estudió dos escenarios. El más económico refleja que la aplicación de la iniciativa costaría 1,9 billones de pesos. El segundo, menos económico pero más efectivo, costaría 11,4 billones de pesos.
De acuerdo con los cálculos del Ministerio, un tratamiento para enfrentar la adicción por persona cuesta aproximadamente seis millones de pesos. Pero no serían pocos casos. Se estima que la población susceptible de tratamientos asciende a 315 mil colombianos, sin incluir a los 24 mil adictos que se encuentran recluidos a cargo del Inpec.
Claro que no son los únicos gastos. En uno de sus artículos el proyecto contempla que el adicto reciba tratamientos de institutos internacionales, que podrían tener un costo de 36,2 millones de pesos en modalidad de internado, con cobertura de tres meses, alimentación, exámenes y tratamiento médico.
El Ministerio de Hacienda, a través de Vargas Lleras, también sugiere que la cobertura de salud para los adultos adictos a sustancias psicoactivas se enmarque dentro del sistema de aseguramiento obligatorio en salud (POS).
No obstante, el Ministerio de Protección Social —en lo que el Ministro del Interior define como una situación aterradora— asegura que la ampliación del POS para incluir la cobertura de los adictos podría hacerse gradualmente, pero se requeriría de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que en este momento atraviesa por una situación sumamente precaria.
Según la cartera de la Salud, “las EPS no pueden asumir el costo de ampliación en este momento del POS. Y se hace necesario invertir 202.330 millones de pesos para la construcción de centros de orientación”.
Tras explicar los argumentos de sus compañeros de gabinete Vargas sostuvo: “Las noticias no son muy alentadoras. Probablemente sea yo el de menos observaciones”.
Las objeciones del Ministerio del Interior al proyecto consisten en que la ley no establezca circunstancias forzosas u obligatorias. Los tratamientos sólo serán indicados en los casos en que el adicto libremente autorice.
El Ministro además pretende modificar el artículo 28 para hacer una clara distinción entre quien consume y quien es expendedor, traficante, fabricante o distribuidor. Sin embargo, en el artículo 29, la idea es que independientemente de que la persona sea consumidora y traficante y consumidora, reciba el mismo tratamiento médico de quien es simplemente consumidor.
Vargas propone un nuevo artículo que indique cómo debe proceder una autoridad a la hora de retener a alguien que porte sustancias psicoactivas. “La solicitud que hacemos es que primero se informe que será llevado al centro de orientación para ser sometido a una valoración médica y que dentro de un término de siete horas se le informará sobre las medidas y procedimientos a fin de que haga su proceso de rehabilitación. No obstante, la persona es libre de aceptar someterse al programa”, agregó.
Las otras observaciones del Ministro son suprimir los artículos 30 y 31 referentes al tipo penal de tráfico, porte y consumo, así como el retiro del artículo 32, que se refiere a la reducción de términos para los procesos de extinción de dominio. ¿La razón? Estos tipos penales están en el Código Penal.
“Quiero resaltar que esta no sea una ley sancionatoria y que sus medidas no puedan aplicarse sin la complacencia de la persona que va a ser sometida al tratamiento”, concluyó Vargas antes de levantar la sesión, que quedó citada para el próximo martes con la presencia de los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Protección Social Mauricio Santa María.