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Desde hace dos meses y nueve días la Universidad de Córdoba está paralizada. El 14 de marzo los maestros suspendieron las clases aduciendo, principalmente, inconsistencias en la contratación de los profesores ocasionales. Con el paso de los días estudiantes y trabajadores se unieron a la protesta y también a la enumeración de quejas frente a la administración de Emiro Madera, el rector que termina su período el próximo 4 de agosto.
El problema desbordó los límites de la institución y el propio viceministro de Educación Superior, Javier Botero, tuvo que entrar a mediar. El viceministro se reunió el viernes pasado con los principales actores de la institución y volverá a hacerlo hoy, buscando una concertación para retomar las clases y salvar el semestre. Al parecer mañana volvería la normalidad académica.
¿Qué motivó las protestas? En un documento firmado por el presidente de la ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios), José Gabriel Flórez, el presidente de Sintraunicol, Stefan Romero, y el representante de la comisión de estudiantes, Rodolfo Martínez Ruiz, y presentado ante el consejo superior universitario, los representantes de la comunidad académica expusieron sus argumentos.
Dicen que luego de la crisis vivida en la institución entre 2001 y 2008, tras la rectoría de Víctor Hugo Hernández (condenado por el asesinato del sindicalista Hugo Iguarán Cotes) y la infiltración paramilitar durante la administración de Claudio Sánchez Parra, confiaron en que la llegada de Madera en 2009 significaría la reconstrucción de la deteriorada institucionalidad de la universidad.
Sin embargo —sostiene en la carta— no fue así. “De lo contrario el rector continuó modificando estatutos que concentraron el poder en sus manos, y que llevaron a la universidad al caos financiero y a la pérdida de espacios democráticos (como la posibilidad de que la comunidad académica participe en la elección de rectores)”. Además, en el texto se pide la renuncia de Madero.
El rector rechaza radicalmente estos señalamientos. Según Madero lo que viene sucediendo en la universidad “es una dinámica de sucesión de poder (teniendo en cuenta que se avecinan las elecciones) y todos los grupos que tienen aspiraciones quieren imponer las reglas del juego”. Acusa además a ASPU de utilizar la huelga como herramienta para imponer sus intereses en las elecciones. “Están cayendo en lo mismo que cayeron los paramilitares; la diferencia es que no están utilizando los fusiles sino las huelgas y lo mediático para imponerse”.
El pasado 4 de mayo Madero envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez, exponiendo sus argumentos y señalando a ASPU como la culpable de “sabotear el cumplimiento de las labores ordinarias” y de instar a otros sectores de la institución a sumarse a las protestas. Según el rector, el cese de actividades está afectando a 12 mil estudiantes y ha dejado pérdidas por cerca de $16 mil millones.
La comunidad académica enumera 20 hechos que, según ella, han llevado a la crisis institucional. Señala, entre otras cosas, que el rector nunca presentó un plan de desarrollo, que concentró en él la administración del presupuesto de la universidad y que modificó el reglamento de designación de rectores, decanos y jefes de departamentos, así como los requisitos de admisión y selección de estudiantes a pregrado (sin consultar a los comités de acreditación). Además, aseguran que prolongó el período de rectoría de 3 a 4 años.
Frente a la facultad del rector de celebrar contratos por valores que podrían superar los $1.000 millones, ASPU presentó el 2 de noviembre de 2011 una queja fiscal dirigida a la contralora Sandra Morelli, para pedirle al organismo de control que ella dirige que revisara el proceso de adjudicación de algunos contratos firmados por Emiro Madera, en los cuales el sindicato sospecha irregularidades. También se radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría.
Entre las quejas se expone que para adjudicar contratos el rector solía invitar de manera privada a tres firmas contratistas, por lo que lo señalan de haber incurrido en detrimento patrimonial aduciendo que, al cerrar la posibilidad de licitar públicamente, se perdió la posibilidad de que ofertas quizá más económicas entraran a competir.
En el fondo la crítica va dirigida a la facultad que el rector de la Unicórdoba tiene desde 2006 para contratar directamente, sin autorización del consejo superior, por cuantías iguales o menores a los 2.000 salarios mínimos legales (más de $12.000 millones) sin ningún “ojo fiscal”.
En la lista aparecen contratos millonarios, como el 0022-2011, por $1.000 millones, firmado con Drogas Sucre para garantizar el suministro de medicamentos a la unidad administrativa de la entidad. O el 0029-2011, por $845’790.000, celebrado entre la Universidad y Vidcol Sas para la dotación de un laboratorio en el que, según los denunciantes, no aparece la razón social de los oferentes. Además se pide investigar que la universidad haya recibido en efecto los implementos, ya que los estudiantes se quejan de que los laboratorios están desabastecidos.
El sindicato afirma que hasta el momento ninguno de los organismos de control ha notificado avances en las investigaciones, mientras que el rector asegura que los resultados de esas pesquisas han sido “favorables”: “No hay ningún juicio abierto. En la Contraloría me han cerrado cinco investigaciones porque no han encontrado nada”. El Espectador consultó a la Contraloría sobre estos casos, pero no recibió respuestas concretas. Según el ente, la contralora delegada para este tema acaba de llegar a la institución y no está al tanto.