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Catorce millones de personas sin documentos no tendrán incentivos para acercarse a las instituciones médicas. Expertos aseguran que aún se está a tiempo de revertir elementos negativos de la reforma.
Mientras que el presidente Barack Obama dice frente a cientos de reporteros de todo el país que los latinos serán uno de los grandes beneficiarios de la reforma al sistema de salud en Estados Unidos, Amalia Ochoa, una mujer salvadoreña madre de dos niñas, encuentra en estas palabras más que esperanza. “Sueño con tener la tranquilidad de gozar de un servicio de salud accesible que nos proteja a mí y a mis dos hijas”.
Sin embargo, para esta cajera de un minisupermercado en Brooklyn, Nueva York, el futuro podría ser más oscuro de lo que puede imaginar. El proyecto de ley que aprobó el Senado en último debate y al cual sólo le falta ser conciliado con el texto aprobado por la Cámara de Representantes, prohíbe que cualquier inmigrante indocumentado pueda comprar seguro médico alguno.
Amalia no es indocumentada, pero sus hijas, quienes llegaron al país hace tan sólo tres años, sí lo son, razón por la cual no podría afiliarlas. El proyecto del Senado, además de obligar a todos los ciudadanos e inmigrantes con papeles a adquirir un seguro de salud, so pena de recibir una multa de hasta US$750, les obliga a pasar por un exhaustivo chequeo de su estatus migratorio. ¿Qué pasará una vez entre en rigor la nueva ley con los seis millones de latinos indocumentados que en la actualidad gozan de seguro médico? No se sabe aún.
Lo que sí se conoce a ciencia cierta, dicen los expertos, es que esta ley hará que los latinos indocumentados, cerca de 14 millones en todo el país, le huyan al sistema de salud por miedo a correr el riesgo de ser deportados, explica Jennifer Mendu, analista de política migratoria del Consejo Nacional de la Raza, organización que lucha por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. “Esta es una reforma discriminatoria, lo único que hará es agravar la tensión migratoria, la cual ya tiene a toda la comunidad latina sumamente asustada”.
Hoy, cualquier persona sin importar su procedencia o estatus migratorio puede adquirir un seguro médico; sin embargo, desde el momento que se sancione la ley, tener un número de seguro social será la única entrada al llamado mercado de la salud. No obstante, el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes parecería ser más flexible, pues permite a los inmigrantes sin papeles acceder al sistema. Eso sí, pagando el precio máximo del mercado. “Pedirle a un indocumentado, el cual no puede obtener un trabajo digno por su falta de papeles, que pague el precio tope por un seguro médico es igual o peor que excluirlo del sistema como lo dispone el proyecto del Senado”, añade Mendu.
Pero si el panorama es oscuro para los indocumentados, para los latinos que gozan de estatus legal, es decir, residentes o aquellos con visas de estudiantes, trabajo o negocios no deja de ser preocupante. Los dos proyectos de ley establecen una prohibición de cinco años que implicará que este sector de la población no pueda acceder a los subsidios que brindará el gobierno para la compra de los seguros de salud obligatorios.
“Esta drástica disposición castiga fuertemente no sólo a la población latina, sino a toda la comunidad inmigrante, sobre todo en momentos en que el número de personas que acceden al sistema de salud a través de sus empleadores es cada vez menor”, explica Tanya Broder, analista de políticas públicas del Centro Nacional de Política Migratoria con sede en Washington. Y añade: “Este rótulo que se pondrá a los inmigrantes como ciudadanos de segunda clase sólo conseguirá que millones de familias de bajos recursos queden a la deriva. Así, de qué sirve tener un sistema que potencialmente cubra al 90% de la población si gran parte de ésta no puede pagar los seguros médicos”, concluye.
Según la reforma aprobada por el Senado, con subsidios incluidos, el costo de un seguro médico para una familia de cuatro personas de estrato medio-bajo, la cual gana en promedio US$30 mil al año, tendrá un valor cercano a los US$821.
Por ahora no todo está escrito, dicen algunos entusiastas que esperan que haya un cambio drástico en relación con la comunidad latina en la votación final de la reforma, la cual se espera para mediados de enero, cuando las dos Cámaras se reúnan a conciliar las dos iniciativas aprobadas. No obstante, el grueso de la crítica republicana y de algunos sectores independientes se mantiene al sostener que la reforma no hace nada por mejorar la calidad del servicio ni por combatir los precios astronómicos de los planes de salud enfocándose tan sólo en aumentar el número de personas cubiertas mediante un plan obligatorio, el cual sólo terminará haciendo más fuerte económica y políticamente a las compañías aseguradoras.
La reforma y el aborto
Otros afectados por la reforma son los derechos reproductivos de la mujer, explican los defensores del aborto. Según la propuesta de la Cámara de Representantes, ningún prestador de salud podrá recibir subsidios gubernamentales si ofrece este servicio a sus asegurados, excepto en casos de violación o cuando la madre corra el riesgo de muerte. Para Verónica Bayetti Flores, analista del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva, restringir este servicio castiga a la población de nivel socioeconómico más bajo, en particular a las mujeres latinas quienes presentan el mayor número de embarazos no deseados en todo el país. “Veremos en un futuro cercano el resurgimiento de lugares clandestinos para la realización de esta práctica comprometiendo así la salud de millones de mujeres”. Por su parte, aunque el proyecto aprobado por el Senado también prohíbe los subsidios para el aborto, permite que los usuarios paguen el procedimiento a un precio máximo por fuera del sistema.