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Uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se realizará en Río de Janeiro, entre los días 20 y 22 de junio próximos, será la entronización del concepto de ‘economía verde’ en el lenguaje de los acuerdos internacionales.
Este concepto debe entenderse como uno de los elementos esenciales del desarrollo sostenible y, por ende, de las visiones que éste encarna. En primer lugar, la de equidad intergeneracional, en términos de la Comisión Brundtland de 1987, que es un desarrollo que sirve a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de servir las suyas. El segundo es su carácter integral, ya que abarca las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo. Este fue el aporte esencial de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992.
El concepto de economía verde pone el énfasis en que nada de esto se logrará si no se pone a la economía en el centro de la sostenibilidad. Ello brinda oportunidades e implica superar dos errores que todavía rondan con fuerza en las visiones sobre la relación entre economía y medio ambiente.
Las oportunidades están ligadas, en primer término, a hacer parte de las revoluciones tecnológicas que ya han comenzado en materia energética y biotecnológica, asociadas precisamente a explotar la sinergia entre medio ambiente y desarrollo. Mal haríamos quedándonos rezagados en dichas revoluciones, como lo hemos estado en las del pasado. Pero las oportunidades también están ligadas a la generación de productos amigables con el medio ambiente, un proceso que asimismo se encuentra en plena marcha.
El primer error que hay que superar es la noción de que el medio ambiente sostenible es un lujo que no nos podemos dar los países en desarrollo porque limita nuestras posibilidades de crecimiento. Ese concepto es erróneo, como lo estamos aprendiendo con regularidad cuando vemos los altísimos costos de no preservar las fuentes de agua, de tener que controlar inundaciones que resultan de un mal manejo histórico de las cuencas fluviales o que nos golpean con regularidad como resultado del cambio climático, entre otros problemas.
Evitar estos problemas, así como explotar de manera sostenible los recursos naturales, tiene “costos”, por supuesto, pero el concepto de economía verde señala que esos costos son en realidad inversiones en nuestro capital natural con alta rentabilidad social y evitan en particular los que tendrían que pagar generaciones futuras, así como hoy estamos pagando por el deterioro ambiental que produjeron en el pasado.
La segunda visión errónea que se busca superar con el concepto de economía verde es que las intervenciones para garantizar la sostenibilidad ambiental son residuales, es decir, que la política pública sólo se encarga de compensar los problemas ambientales que genera el sistema económico. Por el contrario, se trata de incorporar los objetivos de sostenibilidad en el corazón mismo de la política económica, para que los agentes económicos los tengan en cuenta cuando decidan invertir y producir.
Eso implica que a través de impuestos y regulaciones se debe evitar la generación de gases con efecto invernadero y otros efectos adversos sobre el medio ambiente, así como la sobreexplotación de los recursos naturales. Implica igualmente que a través de subsidios se debe promover la investigación y el uso de técnicas productivas que preserven el capital natural. En el lenguaje de los economistas: hay que prohibir o desincentivar prácticas que generan externalidades negativas y promover con subsidios las que generan efectos positivos.
El nuevo concepto acarrea riesgos y desafíos para los países en desarrollo. El primero es el riesgo de que por esta vía se termine imponiendo restricciones al comercio internacional. El segundo es que a través de una excesiva protección a la propiedad intelectual se limite o encarezca el acceso a las tecnologías sostenibles, y que además se reproduzca el patrón tradicional de que los países en desarrollo no son parte activa en la generación de dichas tecnologías. El tercero son los mayores costos de algunas inversiones que no cuenten con apoyo internacional para que los países en desarrollo puedan llevarlas a cabo. Todos estos elementos deben ser parte del acuerdo de Río, como lo han señalado países en las negociaciones.
El concepto de economía verde es un avance importante en la concepción del desarrollo sostenible. Al entronizarlo, la Conferencia de Río dará un paso importante. Y así como la Cumbre de la Tierra dio lugar a grandes innovaciones institucionales, como lo fue en nuestro país la Ley 99 de 1993, Río+20 debe servir para repensar a fondo la forma como entendemos y como nuestra política pública incorpora la relación entre economía y medio ambiente.
* Profesor de la Universidad de Columbia. Ha sido secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de la Cepal y ministro de Hacienda y Agricultura de Colombia.