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Casi seis años después de la controvertida sesión del 4 de junio de 2004 en el Congreso, en la que agónicamente fue aprobado en tercer debate el proyecto de reelección inmediata y puso en boca del país los nombres de dos parlamentarios desconocidos, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño —condenados por feriar su voto—, en una providencia de 283 páginas la Fiscalía acusó al ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, hasta el jueves embajador en Roma, del delito de cohecho.
El vicefiscal Fernando Pareja determinó que fueron las cuotas burocráticas ofrecidas por el Gobierno y tramitadas en cabeza del ex ministro Sabas Pretelt las que salvaron a última hora un proyecto de reelección que parecía hundido. Fue Yidis Medina la que puso el dedo en la llaga al relatar en entrevista con El Espectador, publicada en marzo de 2008, que el Ejecutivo había incumplido sus compromisos con ella y que iba a delatar cómo se tramitó la reelección, qué fue lo que le ofrecieron para ‘voltear’ su voto y sus encuentros privados con el presidente Uribe, el ex secretario de Palacio Alberto Velásquez, los entonces ministros Pretelt y Diego Palacio y otros emisarios.
Yidis, condenada por la Corte a 47 meses de prisión por estos hechos, dejó consignadas sus delaciones en tres sesiones de indagatoria que se convirtieron en la columna vertebral del expediente en contra del influyente ex ministro Pretelt. Como reemplazo temporal de Iván Díaz Mateus —también condenado—, Yidis ofició como parlamentaria entre el 1º de abril y 30 de junio de 2004 en la Cámara de Representantes. Tres días antes de la cuestionada votación que avaló la reelección, había suscrito una carta de compromiso con otros 17 parlamentarios para hundir el proyecto, pero súbitamente se cambió de bando y respaldó al Ejecutivo.
Su colega Germán Navas la había recusado, pero aún así participó de la discusión y aprobación del proyecto que le permitió seguir de largo al presidente Uribe cuatro años más despachando desde la Casa de Nariño. Dieciocho votos a favor y 16 en contra fue el saldo de la apretada votación, que fue celebrada por el Gobierno y su ministro estelar, Sabas Pretelt de la Vega. Se supo después que Teodolindo Avendaño también recibió prebendas para ausentarse el día de la votación, por lo que fue condenado a ocho años por la Corte. Las voces de protesta de entonces por estas maniobras pasaron de agache, Uribe repitió mandato y todo aparentemente quedó ahí.
Pero en abril de 2008 la Corte ordenó la captura de Yidis Medina, sus confesiones derivaron expedientes en la Fiscalía y la Procuraduría en contra de Pretelt, Palacio y otros colaboradores de Gobierno. Trascendió que la ex congresista tuvo un encuentro en Palacio dos días antes de la votación de la reelección en el que le preguntaron qué quería a cambio de su voto favorable y le hicieron ofrecimientos que se concretaron así: se reintegró a una ESE en Barranca a su tío político Eduardo Esquivel; también dijo Yidis que el Gobierno tramitó nombramientos de recomendados suyos: Carlos Correa, en la dirección de la clínica Primero de Mayo; se le otorgó un contrato a César Guzmán en Etesa; se designó a Juan Bautista en el Sena, a Jairo Plata en Acción Social y se le entregó a Sandra Patricia Domínguez la notaría segunda de Barranca.
Iván Díaz Mateus también presionó a Yidis para que apoyara la reelección y en el torbellino de las acusaciones saltó el nombre de Luis Camilo O’meara, notario 67 de Bogotá. Se supo por Yidis que éste le había comprado la notaría a Teodolindo Avendaño por $450 millones y que ésta le había sido entregada por el Ejecutivo al representante como compensación por su ausencia el día de la votación de la reelección. Yidis sostuvo que Sabas Pretelt le habló de un consulado, que el ex ministro fue el artífice de su voltereta y que el secretario general de Palacio Bernardo Moreno quedó comprometido a cumplir los pactos. Advirtió la Corte que el voto de Yidis estuvo supeditado por actos de corrupción y la decisión del Vicefiscal le pone nombre propio a esa circunstancia.
En palabras de la Corte en su sentencia de junio de 2008, el respaldo de Yidis para aprobar la reelección “no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió (…) Los fines políticos no justifican medios inmorales”. Con este paquete de evidencias la Fiscalía consideró que Sabas Pretelt de la Vega participó en el ilícito proceso de ‘convencimiento’ de Yidis. En contraste, en desarrollo del expediente yidispolítico en contra del presidente Uribe en la Comisión de Acusación, el Jefe de Estado se refirió a Yidis como una mentirosa empedernida y dijo que es muy distinto promover la corrupción que la participación en política.
El abogado del ex ministro, Jaime Bernal Cuéllar, reiteró las imprecisiones de Yidis en los procesos, dijo que su cliente no le entregó prebendas y que se encuentra tranquilo esperando los detalles de la decisión. El presidente Uribe definirá en las próximas horas la situación laboral del diplomático, que se enfrentará en juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema por el delito de cohecho. No se dictó medida de aseguramiento, pero Pretelt renunció a la embajada en Roma para asumir su defensa (ver recuadro). El procurador Alejandro Ordóñez lo había absuelto disciplinariamente en marzo de 2009 y la Corte le abrió investigación a Ordóñez por ese fallo. Parece cantada la suerte judicial de Sabas Pretelt de la Vega.
La renuncia del embajador
En su carta de dimisión a la embajada, Sabas Pretelt dijo que “con dolor” se había enterado de la decisión de la Fiscalía, que no hizo “ofrecimiento alguno” como lo corroboran “numerosos testimonios, incluyendo los de los dos congresistas juzgados”, y remató advirtiendo que durante muchos años ha servido “con amor y dedicación” al país y que estudiará con su abogado las acciones legales “para demostrar mi inocencia”.