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“Estamos al borde del abismo de la impunidad y la última estocada es el silenciamiento de los Nule. Están concentrando la atención en ellos mientras pasan de agache hace años quienes entregaron contratos o hicieron lobby para favorecerlos. ¿Por qué no se ha llamado a imputación a Emilio Tapia o a Álvaro Dávila? ¿Por qué no hay avances en las pesquisas por el cartel de la salud en Bogotá?”. Así reaccionó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, a las respuestas que le entregó la Fiscalía el pasado 25 de mayo en relación con el expediente del carrusel de la contratación en Bogotá.
Bustos le preguntó al ente investigador, haciendo uso del derecho de petición, qué tipo de acuerdos o beneficios por colaboración estarían tramitando algunos de los implicados en el millonario desfalco a Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, al tiempo que indagó por la suerte de varios procesos de los cuales no se volvió a tener noticia. La respuesta de la Fiscalía, en palabras de Bustos, fue desconcertante. Ninguno de los señalados ha ofrecido indemnizar al Distrito y tampoco se han iniciado investigaciones conexas ni evaluado sus patrimonios para que más adelante no puedan declararse ilíquidos.
Al ser preguntada la Fiscalía por el estado de los casos contra Dávila, Tapia, el contratista Julio Gómez y el exfuncionario del IDU Luis Eduardo Montenegro en relación con irregularidades en contratos de valorización, el organismo explicó que hay tres procesos preliminares y uno ya con condena (el de Julio Gómez a 60 meses de prisión), pero que de los investigados sólo Montenegro ha ofrecido colaboración para aclarar el destino de los millonarios recursos y la participación del cartel. Ninguno de los salpicados ha ofrecido reintegro de los recursos obtenidos.
La Fiscalía reconoció que el exdirector del IDU Néstor Eugenio Ramírez tampoco ha dado su versión sobre los hechos denunciados por los medios referentes al proyecto de gestión urbana en San Victorino que fue adjudicado a empresas controladas por Emilio Tapia. Y que tampoco Álvaro Dávila ha sido interrogado por información sobre sus recurrentes visitas a la Casa de Nariño o su relación con el exministro Diego Palacio. Pero sí advirtió el ente investigador que hay un expediente por las irregularidades en el contrato de la segunda torre del Hospital de Meissen, en donde resultó también metido Julio Gómez.
Sobre el caso de la defraudación en la salud en Bogotá, la Fiscalía señaló que ni Julio Gómez ni Emilio Tapia han ofrecido colaboración para determinar los responsables o la eventual participación de los exalcaldes Samuel Moreno, Luis Eduardo Garzón y el abogado Manuel Sánchez. En enero pasado se inició una indagación en la Fiscalía para establecer si, como lo denunció el excongresista Germán Olano, los recursos de la salud fueron saqueados con la complacencia de altos funcionarios del Palacio Liévano y concejales que aparentemente tenían ‘escriturados’ algunos hospitales como caja menor.
No obstante, de la respuesta al veedor Bustos se entiende que los avances en este episodio han sido escasos. No es todo. Los medios han denunciado que Emilio Tapia alcanzó a tener siete contratos con el Invías para construir carreteras en tres departamentos, pero que todos fueron incumplidos. Alguno de ellos, incluso, habría sido entregado por un alcalde de La Dorada (Caldas) señalado por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, y en otros más habrían metido la mano congresistas de Córdoba. La Fiscalía reconoció, sin embargo, que no adelanta investigaciones contra Tapia por este caso.
Con estos antecedentes, fuentes consultadas por El Espectador se preguntan: “¿Qué está negociando la Fiscalía con estos señores, por qué no ha investigado a profundidad estos eslabones del carrusel?”. Con un agravante: fueron los primos Miguel, Manuel y Guido Nule junto con su socio Mauricio Galofre, quienes echaron al agua a la mayoría de los salpicados en el denominado cartel. Pero desde el pasado 8 de mayo, cuando la Fiscalía decidió revocarles el principio de oportunidad, a través de sus abogados los Nule dejaron constancia de que no seguirían con sus delaciones y que no asistirían en calidad de testigos a ningún juicio.
Es decir, los casos en contra del exalcalde Samuel Moreno, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, los eventuales expedientes contra el abogado Álvaro Dávila, el contratista Emilio Tapia o el propio exdirector del IDU Néstor Eugenio Ramírez, o los procesos que puedan derivarse del carrusel de la salud y de otros hallazgos en entidades claves del Distrito, como la Uaesp o la Secretaría de Integración Social. Sin esos testimonios, sostienen fuentes allegadas a este caso, la prueba parece muy endeble.
Hace una semana, de hecho, el organismo investigador le pidió a Mauricio Galofre que entregara su testimonio en el juicio que se les sigue a Liliana Pardo y Miguel Ángel Moralesrussi. Antes de la audiencia se le envió un cuestionario con 350 preguntas con el fin de que prepare su declaración. No obstante, Galofre rechazó colaborar al reiterar que la Fiscalía no cumplió con el principio de oportunidad pactado. En ese contexto, sin acuerdo a la vista y con los Nule reacios a declarar, la Fiscalía pidió dejarlos de últimos como testigos citados.
El asunto es así de preocupante: el delito de concusión por el cual fue acusado Samuel Moreno Rojas está pendiendo de un hilo. Así se lo reconocieron a El Espectador fuentes de la propia Fiscalía. En su escrito de acusación, el organismo señaló que Samuel Moreno debía ser procesado porque recibió en el salón VIP del aeropuerto Eldorado de Bogotá $5.000 millones de parte del empresario Miguel Nule para que no se caducara el contrato de la calle 26. Si Miguel Nule no ratifica esa declaración en el juicio (la audiencia preparatoria es el próximo 10 de julio), sería bastante probable que Moreno pudiera ser exonerado.
Y así ocurre en otros casos. Por ejemplo, el abogado del excontralor Moralesrussi, Iván Cancino, señaló tajantemente lo siguiente: “Sin Guido Nule no hay proceso. Él es la única prueba que la Fiscalía tiene contra mi cliente. En cambio la defensa sí tiene más de 60 elementos para desvirtuarla”. Consultado por el hecho de que los Nule no declaren en el juicio en contra del exfuncionario, Cancino advirtió: “Esto es una enseñanza para la Fiscalía de que los procesos no se pueden edificar sobre una sola prueba”. Al margen de este problema, hay preocupación en altas esferas judiciales por la suerte del expediente.
El fiscal Eduardo Montealegre ha insistido en que se revocó el acuerdo con el Grupo Nule al considerar que no han reparado a sus víctimas, que no han confesado toda la verdad y que aún callan muchas verdades, en especial en lo que tiene que ver con los carruseles de la contratación en el ámbito nacional. Una tesis apoyada por el vicefiscal Jorge Perdomo. No obstante, en el camino aparecen otras inquietudes. En la respuesta de la Fiscalía al derecho de petición, elevado por Pablo Bustos, queda en evidencia que ni Álvaro Dávila, ni Emilio Tapia ni otros señalados en este proceso han buscado acercamientos con la justicia o dejado constancia de su intención de reparar al Distrito.
De allí que Pablo Bustos concluya: “Muchas de estas investigaciones pueden quedar durmiendo el sueño de los justos. ¿Y los otros capos de la contratación qué? Es lamentable. ¿Qué ha pasado con las otras obras después de que los Nule salieron? Tampoco avanzan y no hay pesquisas paralelas. No son todos los que están ni están todos los que son. Quienes tenían cargos sobre la base de los testimonios de los Nule ya están demandando al Estado. Muchos de esos procesos van a quedar sin piso, como los de Tapia, Dávila, Julio Gómez y Samuel Moreno. No le quepa duda de que los Moreno están jugando de protagonistas aquí”.