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Son policías y militares que desaparecieron, algunos durante sus días de descanso, otros durante actos del servicio.
Sus allegados los han buscado por décadas y se han encontrado con el silencio de las autoridades y el de la guerrilla, que nunca los incluyó en su lista de ‘canjeables’ pero tampoco les informó a sus seres queridos si habían muerto. De acuerdo con el periodista Herbin Hoyos, director del programa Las voces del secuestro, hay 107 policías y militares de los que no se sabe su paradero o condición. De algunos de ellos no se tiene reporte desde 1990, es decir, que sus familias llevan ya 22 años esperándolos.
No era raro ver a sus seres queridos marchando junto a los familiares de los 10 uniformados que fueron liberados el pasado lunes. Enrique Celis, cuñado del cabo segundo del Ejército Héctor Velásquez, cada vez que asistía a una marcha por la libertad de los secuestrados llevaba un pendón que con dolor recordaba que desde hace 15 años no se sabe nada de su familiar.
Velásquez fue, presuntamente, secuestrado por las Farc el 26 de julio de 1997 en el sector de San Antonio de Atenas, cuando se movilizaba de Florencia (Caquetá) al aeropuerto de esta ciudad. El uniformado, en ese entonces de 23 años de edad e integrante del Batallón No. 12 General Liborio Mejía, estaba de permiso y pensaba viajar a Bogotá a visitar a un hermano. Desde ese día no ha habido pruebas de supervivencia, llamadas o algo que permita suponer qué le pasó.
Su caso se asemeja al de Reynaldo Piamba Ruiz, presuntamente secuestrado por las Farc el 6 de marzo de 1998 en Orito (Putumayo) en circunstancias aún confusas. Su madre, Elizabeth Ruiz, recordó que él era su mano derecha, “un hijo de lo más querido”, y que después de tantos años de búsqueda lo único que le han dicho es que él es un desertor del servicio.
Otros de estos casos son los de los suboficiales de la Armada William López Pedraza y Óscar Javier Ortiz, quienes fueron, supuestamente, secuestrados el 14 de febrero de 2011 después de un ataque del frente 48 de las Farc a un bote en Puerto Leguízamo (Putumayo). Todos ellos hacen parte de esos 107 uniformados que viven en un limbo, ya que producto del silencio no se sabe si están muertos, quién los tiene y en qué condiciones están.
Para el periodista Herbin Hoyos, después de la liberación de cuatro militares y seis policías el pasado lunes “se cerró un capítulo del drama del secuestro: el de los ‘canjeables’. Pero se abrió otro: el de los secuestrados anónimos. Aquellas personas que no han regresado a sus hogares y de los que la sociedad se olvidó. Es su momento, la oportunidad perfecta para que se sepa qué pasó con ellos”. El periodista concluyó que estos uniformados son “la otra cara del conflicto, los que no salen en los periódicos ni figuran en listas. Los secuestrados anónimos por los que nadie responde”.