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La transmisión no debía ser pública, pues se trataba de una reunión privada. Por alguna razón, el encuentro a puerta cerrada fue grabado y transmitido. En el video aparecía Cristina Fernández, presidenta de Argentina, agradeciéndole a la multinacional Monsanto por una “importante inversión que van a hacer en el país”. En otros apartes, la mandataria hablaba de cómo la Patagonia argentina es un territorio ideal para extender la frontera agrícola y de cómo su país está comprometido con la vigilancia y el respeto de las patentes.
Un ciudadano tomó secciones del video y las mezcló con El mundo según Monsanto, un documental de la periodista francesa Marie-Monique Robien que, en pocas palabras, no deja bien parada a una corporación que provoca más odios que amores entre la opinión pública. El video fue subido a Youtube.
La demanda no llegó de parte de Robien (ni tampoco de Monsanto). La demanda vino por el lado de la televisión pública de Argentina, que, alegando una violación a los derechos de autor, le pedía a Youtube que diera de baja el contenido. Esta es la primera vez que esta institución emprende este tipo de acciones.
Para Beatriz Busaniche, activista de la libertad de expresión y miembro de la fundación argentina Vía Libre, éste es uno de los ejemplos más elocuentes de cómo el derecho de autor es utilizado para censurar: los derechos de unos pocos para silenciar a muchos.
Busaniche es una mujer menuda que, con palabras elocuentes y una pasión desbordante, dice: “Nosotros somos gente normal. No somos ricos. Los políticos tienen sus compromisos y sus contactos. Ellos no van a hacer el cambio. El cambio lo tenemos que hacer nosotros”.
Ya lo dijo Bob Dylan: “Los tiempos están cambiando/ Hay una batalla allá afuera/ Es fuerte/ Pronto hará temblar sus ventanas”. La guerra es por el control de la red y, de paso, por la definición de un nuevo modelo económico.
En medio del conflicto lo primero que se instaló fue la histeria, una compulsión por tipificar la conducta. Un día la humanidad se despertó ante la posibilidad de que cualquiera fuera un terrorista, no tanto porque todos pusieran bombas, sino porque la definición cada vez era más amplia. “Por eso la lógica es: te vigilo, te controlo, te sigo, sé quién eres, sé qué haces, te obligo a identificarte en cada paso que das, elimino tus posibilidades de ser anónimo”, dice Busaniche.
No es una exageración. En países como México se ha intentado pasar leyes que autorizarían el cobro de un impuesto extra sobre las memorias USB bajo el entendido de que, como pueden ser usadas para copiar información que podría estar cobijada por derechos de autor, entonces el usuario debe retribuirle de entrada algo a los afectados vía el gravamen. Pero, ¿acaso comprar una USB equivale a quebrantar la ley de antemano? Adiós a la presunción de inocencia.
El argumento que generalmente esgrimen los legisladores y las industrias es que la rapidez de internet excede a la ley. La respuesta, entonces, es considerar que lo que sucede en la red es un posible crimen, pues se trata de un lugar indeseable en el que interactúan personas dudosas que bien pueden ser terroristas o pedófilos, por ejemplo. El paradigma ha cambiado: el individuo no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es culpable y más le vale demostrar que es inocente.
¿Cómo sucedió esto? “Esto pasa por la concepción que tenemos del ser humano. Esta es la de Hobbes: ‘el hombre es un lobo para el hombre’, y el Estado juega el rol del gran controlador por orden del nuevo monarca, que es la corporación. Lo que hay es una idea de que las personas son malas y por eso hay que mantenerlas a raya”, asegura Busaniche.
En algún punto de esta pelea, el Estado decidió que, abrumado por costos y minado por su propia burocracia, era mejor dejar que las corporaciones se controlaran a ellas mismas: la mano invisible tomó el mando. “La autorregulación de las empresas y la posibilidad de notificar y dar de baja contenidos, sin ningún tipo de mediación ni defensa, son dos de las mayores amenazas a la libertad de expresión”.
Busaniche hace referencia al mecanismo mediante el cual quien opine que un determinado contenido en la red vulnera derechos de autor puede pedir que sea retirado. En lugares como Colombia y Estados Unidos no es un juez quien decide qué debe retirarse de la red, sino una empresa privada. “Al Estado ya no le interesa defender a sus ciudadanos”, sentencia la académica.
Para la opinión de varios expertos, entre los que se cuentan académicos de diferentes profesiones como derecho, ciencias de la computación, ingeniería y comunicación social, el actual no es un estado ideal de las cosas. ¿Qué hacer?
Busaniche lo tiene claro: “Hay que recuperar el Estado. Si está cansado de que la política no lo representa, bueno, hay que remangarse y meterse en política. Alguien tiene que hacerlo. Hay que informarse, porque esta no es una discusión sólo para geeks. Hay que comprometerse con la causa. La libertad tiene grandes costos. La forma es asumirlos y saber que esto es importante. Como dice un pensador alemán: ‘comprometerse es la única forma de ser realista’”.
