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Cuando la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema expidió orden de captura en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el pasado 10 de octubre, éste se convirtió en el décimo ex militar en ser privado de su libertad por cuenta del expediente que busca esclarecer los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Durante estos dos últimos meses, el general (r) no ha hecho más que desempolvar sus viejos archivos para repasar lo que, en algún momento, ya le dijo a la justicia: que es inocente. Hoy, después de 23 años del holocausto del Palacio, el ex comandante de la Brigada XIII del Ejército cree que la reapertura del proceso no fue más que una decisión política y mediática, dice, atenida a intereses ajenos a la realidad de los hechos. Arias Cabrales no se considera sino una víctima más, como consecuencia de los sucesos del Palacio.
¿Cuál fue su primera orden al saber de la situación en el Palacio?
Le ordené al Batallón de Guardia Presidencial y a los elementos de reacción inmediata de las unidades de la Brigada que se dirigieran al lugar a esclarecer lo que estaba pasando. Luego comenzó el Plan Tricolor para restablecer la normalidad, ordenado por mi superior inmediato, el comandante del Ejército (general (r) Rafael Samudio Molina) y autorizado por el Presidente de la República (Belisario Betancur Cuartas).
Antes del ataque, ¿tenía información sobre posibles vínculos del M-19 con el narcotráfico?
No.
¿Con qué personas tenía contacto a la hora de tomar decisiones?
Con mi superior inmediato, el comandante del Ejército (general Rafael Samudio Molina); con el centro de operaciones de la Brigada y con mis comandantes subalternos de unidades.
O sea que Plazas Vega era subalterno suyo en ese momento.
Sí, como todos los comandantes de las escuelas.
Durante los hechos, ¿usted estuvo en contacto con el general (r) Iván Ramírez?
No. Él pertenecía a una unidad que dependía directamente del comando del Ejército, de la dirección de inteligencia.
¿Pero el Coici (Comando de Inteligencia y Contrainteligencia) participó en los eventos del Palacio de Justicia?
Yo nunca tuve presentación ni agregación por parte de ellos. Actuaron como les correspondía, autónomamente, en cuanto a recolección y producción de datos.
El asunto que tiene a 12 militares vinculados formalmente en este proceso es el de 11 desaparecidos. ¿Cuál es su explicación al respecto?
Yo no diría que las personas no aparecieron. Una vez finalizada esta fecha luctuosa, el Presidente de la República pidió que se constituyera un tribunal especial, liderado por dos magistrados de cualidades excepcionales (Carlos Zapata Upegui y Jaime Serrano). Ellos, con el apoyo de unos 30 jueces, adelantaron una investigación en caliente y concluyeron que un número de cadáveres que no pudieron ser identificados coincidía con el número de desaparecidos e inclusive lo superaba.
Pero el informe sí habla de desaparecidos.
No. Hay una interpretación y una aseveración que hace este tribunal que se ha desconocido. No puede tener explicación diferente, desde el punto de vista mío y de los informes que recibí.
¿Por qué los familiares continúan con la idea de los 11 desaparecidos?
Es comprensible desde el punto de vista sentimental. Pero creo que puede haber otro tipo de intereses, de carácter político, económico, que animan a cualquier persona a buscar ese tipo de reivindicaciones.
En el ámbito castrense se habla mucho de la “guerra jurídica”. ¿Diría que este proceso hace parte de esa “guerra”?
Siempre se ha hablado de la combinación de todos los medios de lucha.
Cuando usted habla de “la combinación de todos los medios de lucha”, esta expresión suele remitirse directamente a la guerrilla. ¿Cree que ésta se involucró con el tema de los desaparecidos?
No me referiría específicamente a la guerrilla, sino a la subversión como un total. La guerrilla es sólo una parte de todo ese trabajo de carácter insurgente.
¿Hay algo de “subversión” en estas 11 familias?
En este país hay muchas personas que han sido utilizadas, manipuladas, empleadas. En algún momento se hablaba de “idiotas útiles”. En el país la subversión sigue buscando qué personas pueden funcionar o ser involucradas para este fin.
¿A ellos los están manipulando?
Es muy posible que estén siendo víctimas, como seguimos siéndolo otros que tuvimos que ver con el Palacio de Justicia.
La toma del Palacio tiene una particularidad: los atacantes fueron indultados y los que restablecieron el orden son los vinculados. ¿Cómo percibe esta característica?
Sí parece ilógico, una contradicción, que quienes fuimos a restablecer esa democracia, que le permite a quienes en algún momento estuvieron matriculados con la subversión hoy ejercer de manera amplia funciones de carácter político, nos encontremos en esta situación. Los pirómanos están por fuera y quienes fuimos a atender el incendio estamos sindicados.
¿El M-19 también debería ser llamado a rendir cuentas?
Cuando se apeló al mecanismo democrático del indulto, no hubo equidad. La Fuerza Pública y otros cuerpos también pusieron sus mártires. Y sin embargo, se considera que fuimos quienes profanamos el templo máximo de la justicia.
¿Este proceso es más político que judicial?
Yo me atrevo a destacar que no sea la justicia penal militar la que haya asumido este proceso. Que hubo investigaciones que concluyeron con una exoneración de cargos. Que se nos endilguen delitos como la desaparición forzada, que no estaba tipificada en ninguno de los códigos, y se nos esté encasillando dentro de una normatividad foránea. Eso le da a uno pie para decir que no hay verticalidad en la manera como se están haciendo imputaciones.
Si ya hubo cosa juzgada, ¿cómo entiende la reapertura del caso?
La verdad, por más de que uno trate de darle una comprensión adecuada, es difícil entender que volvamos a lo mismo. Esto es un karma que lleva 23 años. Las víctimas del Palacio seguimos siendo, en vida, aquellos que pasamos por esta situación, por haber representado los intereses y las necesidades de la institución.
¿Cree que el M-19 quedó en deuda con el país de rendir cuentas sobre estos hechos?
Fueron ellos quienes gestaron esta situación y la planearon sin justificación. Sí han debido darle una justificación mucho más amplia al país.
¿Qué elementos nuevos ha encontrado en este expediente?
Han aparecido algunos testimonios nuevos, pero, por la manera como los presentan, para mí no coinciden con la realidad, son deleznables. De lo que sí estoy seguro es de que ninguno de mis comandantes subalternos ni las personas que participaron en los operativos puede, en su sana lógica, decir que el general Arias impartió una orden improcedente, reñida con la moral, la ética o las obligaciones militares.
Hace poco, el presidente Betancur, en una diligencia con la Fiscalía, dijo que usted y el general Rafael Samudio Molina fueron los que tomaron todas las decisiones. ¿Qué dice sobre esa afirmación?
Mi línea de mando y contacto permanente fue con el comandante del Ejército. Por lo tanto, nunca tuve una orden expresa o comunicación con el señor Presidente. Quien estuvo cercano a él todo el tiempo, por razones apenas naturales, era el Ministro de Defensa. Por encima de mí estaban el comandante del Ejército y el comandante de las Fuerzas Militares.
Quienes conocen de este tema dicen que hay un ex militar que también debería ser vinculado formalmente a la investigación: el entonces coronel Rafael Hernández.
El general (r) Rafael Hernández era comandante de la Escuela de Artillería. Participó, como muchos de los comandantes, pero no me compete a mí definir si dentro de la investigación se han encontrado méritos para vincularlo.
¿Cómo ve que avanza el juicio del coronel (r) Alfonso Plazas Vega?
Sólo he estado una vez para rendir testimonio, pero sólo espero que lleguemos a la claridad absoluta. Creo que quienes tenemos más interés en esclarecer lo sucedido somos nosotros. Y si hay alguna responsabilidad, que haya claridad al respecto también.
Hace poco, los familiares de los desaparecidos le pidieron públicamente a los militares que revelaran la ubicación de los restos de sus familiares y así obtener rebaja de penas. ¿Qué les contesta?
Que eso para mí no es una oferta sino una ofensa. En mi conciencia de ninguna manera pesa que se haya dado orden o se haya permitido conductas improcedentes. Se ha hablado de un indulto para la Fuerza Pública, pero es que el indulto se produce para aquellas personas que han delinquido, que han transgredido la ley, no para quienes hayan cumplido las normas.
¿Pensó alguna vez que los hechos del Palacio tendrían tal impacto?
En ese momento simplemente pensaba en el cumplimiento de ejecutar la misión: imponer el orden y rescatar a los rehenes. Hoy en día estamos corriendo con otras consecuencias, que tienen una entonación distorsionada de la realidad.
¿Había conocido algún proceso penal similar?
No. Uno comprende que esto da resultados mediáticos, proyecta imagen, crea expectativas, de manera que a lo mejor parte de las decisiones tiene que ver con esos criterios.