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Los padres de los menores de edad que sean encontrados en la calle después de las 10:00 de la noche sin la compañía de adultos responsables deberán pagar una multa de entre 1 y 20 salarios mínimos legales diarios vigentes. Así lo contempla el proyecto de actualización al Código Nacional de Policía, presentado por los ministerios del Interior y Justicia y de Defensa a consideración del Congreso de la República, cuyo objetivo es, según se explicó, “consolidar la seguridad democrática como un valor del pueblo colombiano, independientemente de sus gobernantes y del período histórico en el que se viva”.
La iniciativa, que ya había sido anunciada por el presidente Álvaro Uribe durante un consejo comunal realizado en Rionegro (Antioquia), en junio pasado, contempla una serie de medidas restrictivas que van desde esa especie de ‘toque de queda’ para los menores, hasta la retención transitoria de infractores por 24 horas, un procedimiento que ya incluía el Código de Policía vigente, pero que fue ‘tumbado’ por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado, solicitándole al Congreso darle una reglamentación más adecuada.
En este sentido, establece ciertos requisitos para dicha retención, entre ellos, el permitirle al retenido comunicarse con una persona que pueda asistirlo, presentar un informe a la Procuraduría en el que se explique los motivos de la retención, ubicar al retenido en un lugar distinto al destinado a los capturados por delitos penales y cesar la retención cuando el afectado se recupere y esté sobrio —en caso de embriaguez— o lúcido —en caso de consumo de alucinógenos—, entre otros. Precisamente, el proyecto establece que portar o consumir sustancias estupefacientes, psicotrópicas, alucinógenas o embriagantes durante un espectáculo público tendrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que el establecimiento que permita ese consumo puede ser sancionado con el cierre temporal por hasta 10 días.
Asimismo, el nuevo Código faculta también a la Policía para realizar inspecciones en establecimientos de comercio dedicados a la adquisición de bienes muebles con pacto de retroventa, tiendas de antigüedades, platerías y joyerías, sitios de venta de autopartes y repuestos de segunda, talleres de servicio automotor, mataderos, centrales de abastos, plazas de mercado y compraventas de vehículos usados. Otros puntos que contempla tienen que ver con la manipulación de pólvora, el
control a los llamados clubes sociales, un nuevo procedimiento para la realización de marchas y el que las multas serán cobradas en salarios mínimos, con el fin de hacer progresivo su aumento.
Además de la seguridad democrática, el Gobierno está convencido de que el Código de Policía se debe ajustar a las necesidades actuales para dar una mayor agilidad y eficacia a los procesos judiciales y se debe buscar adaptar el derecho policivo a la Constitución de 1991. Sin embargo, aunque la iniciativa apenas comienza a hacer trámite en el Congreso, ya son varios los reparos que surgen. Para la senadora Gina Parody, las medidas que se deben tomar deben estar encaminadas a un compromiso tendiente a que los niños estén seguros en la calle y no a que se les castigue. “Hay que retomar lo público como un espacio, como ese espacio esencial del ciudadano, sobre todo de los niños. Tenemos que reapropiarnos, como sociedad, de la calle”, enfatizó, refiriéndose precisamente al artículo del proyecto que establece el ‘toque de queda’ para los menores, después de las 10:00 de la noche.
Algo diferente piensa el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda, quien se mostró de acuerdo con el castigo a los padres de familia que permitan que los muchachos violen ciertas normas. “El deber de los padres es estar atentos de sus hijos. En general, uno podría estar de acuerdo con un régimen de policía en esos términos”, indicó.
Sin embargo, el experto en seguridad Jairo Libreros cree que si bien el país necesita desde hace tiempo una actualización en su Código de Policía, la relación entre el poder civil y policial lo que demanda es un código de convivencia. “Hay una mala interpretación en el proyecto. Los códigos buscan mejorar la relación entre mandatarios territoriales, policías y ciudadanos, en torno a la convivencia, pero no puede meterse con multas o sanciones a padres porque para eso está el Código de la Infancia. No se pueden plantear reformas a un código por vía de otro”, dijo.
Y Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, señaló que la reforma planteada por los ministerios del Interior y Justicia y de Defensa, es absolutamente “innecesaria” y lo que trata es de “imponer en el país un estado policivo”. “No está bien que el Estado se entrometa tanto en la vida de las personas”, enfatizó. Por su parte, la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, expresó que el Código de Policía debe tener unos principios básicos de convivencia y seguridad ciudadana, a partir de los cuales deben salir unas normas generales que serían completadas por los concejos y asambleas, de acuerdo con los usos y costumbres de cada región.
“Yo veo muy importante las normas que orientan los principios de la utilización de la fuerza”, señaló. A su vez, el senador liberal Juan Manuel Galán llamó la atención sobre lo que definió como un proyecto poco serio: “Hay que darles más herramientas a los alcaldes locales. Desconozco si tienen autoridad de policía, pero me parece que están maniatados porque no pueden actuar, en ocasiones, con toda la contundencia que se requiere. La policía tiene que actuar, pero siempre de la mano de la autoridad civil”.
Por el lado de las mismas autoridades policiales, el coronel Ricardo Restrepo, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, piensa que la sociedad moderna requiere una seguridad acorde con sus condiciones, cuyo objetivo principal es dotar al organismo con mejores herramientas, “de tal forma que permita cambiar efectivamente las diversas modalidades de delito y prestar un servicio más eficaz a la comunidad”.
En el asunto del consumo de alucinógenos, el mismo Jairo Libreros manifestó que el Código de Policía no está para sancionar el consumo de drogas ilícitas porque Colombia, desde 1994, despenalizó el consumo. “En todo el mundo se considera a los drogodependientes como víctimas, no como victimarios. El proyecto del Gobierno lo que quiere es sancionar a las víctimas. El Código de Policía, más que multas, debe establecer procedimientos para la convivencia. Ese es el punto neurálgico”, concluyó.