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Desde el viernes, bajo un secreto absoluto, el presidente Álvaro Uribe le pidió a su gabinete encontrar las fórmulas que permitieran salir de la crisis que generaron las pirámides en el país. Un grupo sugería ampliar el estado de conmoción interior que se decretó frente al paro judicial, otro pedía decretar la emergencia económica, algunos la objetaron de que esta medida no permitía acciones penales.
Sin una decisión sobre la mesa, el sábado, el Presidente les notificó a todos los miembros de su cartera que se olvidaran del fin de semana festivo.
Así, mientras Uribe hacía algunos anuncios durante su consejo comunal en Bogotá, simultáneamente el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio; el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el equipo de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño trabajaban en un plan, con la coordinación telefónica del Primer Mandatario .
La primera decisión fue que la solución iba por la vía del artículo 215 de la Constitución del 91, pero el Gobierno estaba a la espera de detectar las sedes de las 240 pirámides de las cuales tenía conocimiento.
A las cuatro de la tarde del mismo sábado Valencia Cossio les pidió a los alcaldes y gobernadores del país información de la ubicación de las casas de captación para no salir con decretos a ciegas. Con dicha información en mano la Policía llegó a Palacio para diseñar el plan de ocupación.
El domingo la reunión comenzó muy temprano y se extendió, porque había muchas interpretaciones de los hechos. Tras horas de debate los decretos estaban casi terminados, pero la instrucción era divulgarlos sólo después de la intervención de la Fuerza Pública en las denominadas pirámides y la firma DMG.
Superada esa primera condición el Gobierno se reunió el lunes, otra vez, para terminar la redacción de los cuatro documentos.
La polémica estaba concentrada en el decreto del Ministerio del Interior que recoge el proyecto de ley presentado al Congreso de la República sobre pirámides y teniendo en cuenta que se endurecieronlas penas, se planteó la necesidad de incluir el beneficio de oportunidad a quienes devolvieran el dinero, punto incluido a última hora.