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La proclamación de Marta Lucía Ramírez como candidata oficial del Partido Conservador a la Presidencia de la República obliga a barajar de nuevo en el pulso por la primera magistratura del Estado. De entrada, la llegada de la exministra uribista a la carrera presidencial implica un revés para las intenciones reeleccionistas de Juan Manuel Santos, al menos en primera vuelta, y favorece las posibilidades de quienes pretenden liderar el pelotón que persigue al jefe de Estado en las encuestas —léase Enrique Peñalosa— y del mismo expresidente Álvaro Uribe, quien ve ahora en el panorama político nuevas cartas para jugar a la hora de buscar alianzas en caso del naufragio de la aspiración de Óscar Iván Zuluaga.
Pero además, la inminente división dentro del conservatismo será un factor determinante, teniendo en cuenta que lo sucedido en la convención del partido significa una ruptura entre quienes lo representan hoy en el Legislativo y sus bases populares. E incluso, a nivel de los congresistas, el triunfo de Ramírez estuvo cimentado en el apoyo de cuatro senadores: José Darío Salazar, Jorge Hernando Pedraza, César Delgado y Juan Mario Laserna, lo que también implica una fragmentación de incalculables consecuencias en plena campaña electoral al Congreso. Asimismo, los rumores sobre la influencia que tuvieron en la decisión final Fabio Valencia Cossio y gente cercana a Luis Alfredo Ramos, tienen cavilando a más de uno.
Se trata, como lo dijo el mismo Laserna, de una “reacción de las bases jóvenes y de los conservadores de vieja data” ante las denuncias de compra de apoyos desde el Gobierno: “No podemos criticar la compra de la reelección de Uribe y comulgar con lo que se estaba denunciando. El partido no podía hacer el mismo papelón que el Partido Liberal, que por primera vez en su historia no va a tener candidato propio”, afirmó Laserna, quien se reunió con Ramírez y le pidió incluir en su propuesta de gobierno un tema en el que ha insistido como senador: aumentar los impuestos a la minería y ese presupuesto enfocarlo en batallones de ingeniería militar, que pueden ayudar al desarrollo de la infraestructura del país. Una idea que apunta a unas Fuerzas Armadas para el posconflicto y el desarrollo rural.
Lo cierto es que ayer mismo los llamados conservadores santistas amanecieron con la idea de impugnar la elección de Marta Lucía Ramírez, ante las supuestas irregularidades que se vieron en la convención azul —como los problemas con el sistema de voto electrónico y el no haberles permitido presentar oficialmente la propuesta de alianza con Santos—, al tiempo que otros, como el expresidente Andrés Pastrana, ya sugieren que los ministros del partido que están en el gabinete del presidente Santos deberían renunciar. “Si los altos funcionarios son miembros del Partido Conservador, deberían dejar sus cargos, porque así demostrarían que no quieren ser parte de la mermelada”, manifestó.
Un tire y afloje que ya debe estar siendo analizado desde la Casa de Nariño y que seguramente les obligará a replantear parte de la estrategia de cara a la primera vuelta de las presidenciales. De hecho, las posibilidades de reelección de Juan Manuel Santos siguen siendo todavía altas, pues se sigue erigiendo como el mejor articulador del discurso de la paz y de las hasta ahora exitosas negociaciones, en las que se ha llegado a acuerdos parciales en temas como la política agraria y la eventual participación en política de las Farc. Y es claro que el presidente apuntará a poner de su lado a aquellos sectores que prefieren una agenda de centro a una de guerra, a la hora de irse a una segunda vuelta, donde como ya se dijo, el uribismo buscará recoger el rechazo que se ve en los sondeos a la reelección.
Una clara muestra de que el objetivo es capitalizar dicho discurso está en el documento que la Fundación Buen Gobierno le entregó al jefe de Estado y que será la base para su campaña reeleccionista. Con el título de “Transitando el camino de una Colombia en paz”, se busca que los lineamientos allí trazados sean el programa de desarrollo para un segundo mandato, haciendo de paso una mirada crítica sobre lo que se ha hecho bien, lo que amerita correctivos y lo que se debe hacer en un futuro cercano. La propuesta habla de que “alcanzar la paz en un país mejor y más equitativo” debe ser el objetivo central de un segundo gobierno y que “los avances económicos y sociales contribuirán sin duda a facilitarla. Pero la paz, a su vez, permitirá logros económicos importantes y un mejor nivel de vida para los colombianos”.
Marcado ese camino, hay que considerar también que Santos tiene todavía un as bajo la maga y es la escogencia de su fórmula vicepresidencial. Si bien se ha dicho con insistencia que en un 90% sería Germán Vargas Lleras, hoy precisamente al mando de Buen Gobierno, El Espectador conoció que el exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, es hoy la persona con más probabilidades de ser su acompañante. Una señal de ello podría ser la solicitud hecha por el primer mandatario al gobierno mexicano para que el exoficial deje de ser su asesor en temas de seguridad y pueda regresar a Colombia a dedicarse de lleno a la campaña reeleccionista y al proceso de paz. Y aunque en la Casa de Nariño hay intranquilidad por lo sucedido con los conservadores, confían en que después de las elecciones legislativas el viento vuelva soplar a favor con el afianzamiento de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical, y los logros que se sigan obteniendo en el proceso de paz de La Habana (Cuba).