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Con cuñas para TV y radio, cartillas educativas, concursos de propuestas artísticas y capacitación de docentes y periodistas, los ministerios de Protección Social y de Educación, Procuraduría y Defensoría comenzaron a implementar la decisión de la Corte Constitucional para que se diseñe un plan nacional de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el del aborto en los casos estipulados por la ley.
En las aulas de todo el país se escucharán “mensajes que cambien la percepción de que la sexualidad es un tema de moral y no de derechos”, explicó Pilar Rueda, delegada de la Defensoría del Pueblo para la niñez, la adolescencia y la mujer. Para ella, el enfoque que se está incluyendo en los programas de educación sexual y reproductiva en colegios y escuelas del país es que los adolescentes son titulares de derechos y son capaces de tomar decisiones, “para eso hay que transformar imaginarios y reforzar el sentido de la responsabilidad”.
Para Isabel Segovia, viceministra de Educación preescolar, básica y media, “el enfoque de esta materia debe ser el de la construcción de ciudadanía a partir del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. También aseguró que a raíz de la sentencia de la Corte comenzó un convenio entre el Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para que esta estrategia llegue a todas las instituciones educativas del país y que haya una campaña de sensibilización en diferentes medios de comunicación.
En mayo del año pasado, cuando se decretó la sentencia T-388, ésta fue mal llamada “la cátedra del aborto”. Para la Defensoría y el Ministerio de Educación no hay nada más lejano de la realidad, pues no se pretende promover el aborto, sino explicar los derechos que existen en el tema, como la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay malformación del feto, la vida de la madre corra peligro o hubo una violación.
En medio de la polémica, colegios confesionales y sectores de la Iglesia han expresado su incomodidad. “Con ellos no habrá problema, pues les enseñan a los estudiantes cuáles son sus derechos sexuales, pero también cómo utilizar esos derechos dentro del ejercicio de sus credos”, apuntó Segovia.
La implementación de la decisión de la Corte Constitucional con el inicio de este año escolar no se limita a las aulas, también pretende llegarles a los padres de familia, periodistas, centros de salud y congresistas. Para Pilar Rueda, “es importante sensibilizar a quienes hacen las leyes, pues finalmente son los encargados de, por ejemplo, la reglamentación para el acceso a los anticonceptivos”.