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Este jueves 5 de junio, el Ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación del primer trimestre de 2025 en la Amazonia. Según informó la jefa de la cartera, Lena Estrada, entre enero y marzo de este año se perdieron 27.052 hectáreas de bosque en la región, lo cual significa que la deforestación se redujo en un 33 % en comparación con el mismo período de 2024. En ese entonces se talaron 40.219 hectáreas.
Durante la rueda de prensa del Ministerio se dio a conocer el “Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación 42”, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que recopila estos datos. El documento, en particular, presenta un aumento considerable de los núcleos de alerta temprana de deforestación en Colombia durante el primer trimestre de 2025, identificando 18 en total.
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Mientras que cinco de los núcleos se ubicaron en otros lugares del país, como la serranía de San Lucas (entre Antioquia y Bolívar), Catatumbo, Arauca y el norte del Pacífico, la Amazonia se mantiene como la región más afectada, con los otros 13 núcleos. Aunque la ministra destacó que las cifras se redujeron en la mayoría de los departamentos que componen el denominado arco de la deforestación (Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo), lo cierto es que siguen siendo los que concentran la mayor pérdida de bosque del país.
Guaviare, por un lado, fue donde más se deforestó (21 %), seguido por Meta (20.7 %), Caquetá (17.8 %) y Putumayo (7.2 %). Los municipios más afectados fueron Cartagena del Chairá, Mapiripán, Calamar, La Macarena y San Vicente del Caguán.
Además, los motores de este fenómeno, explicó Estrada, son los mismos que se han descrito en años anteriores: la praderización para el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de minerales y madera, y la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, varios investigadores y analistas han señalado que, para entender lo que sucede con la deforestación en el sur del país, es importante remitirse a las disidencias de las FARC.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), este asunto es “mucho más complejo” que señalar que los grupos armados están presentes en áreas donde hay ganadería, cultivos y minería. A sus ojos, las disidencias de las FARC tienen otro modelo de planeación y uso del territorio “que no se compadece ni va en la misma vía de lo que el Estado ha planeado para la Amazonia”, dijo Botero hace un par de semanas a este diario.
Juanita Vélez, politóloga, periodista y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), señaló hace unos días que el “péndulo de la deforestación” en los últimos años ha dependido, en gran medida, de los intentos de negociación que ha tenido el Gobierno con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC comandada por “Calarcá Córdoba”.
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Aunque la ministra Estrada no hizo referencia explícita a los frentes de las disidencias de las FARC que se encuentran en la Amazonia, destacó que su cartera también le apuesta a una “agenda ambiental para la paz”, aunque no ahondó en detalles.
Durante la presentación de las cifras, la ministra afirmó que la disminución del 33 % de la deforestación en la Amazonia en el primer trimestre de 2025 se dio gracias al Plan Integral de Contención de la Deforestación. Este se ha basado, según la entidad, en acuerdos de conservación con las comunidades, el fortalecimiento institucional regional, la investigación criminal y el despliegue de la Fuerza Pública.
El Minambiente dijo a este diario que, por medio del redireccionamiento estratégico del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), los esfuerzos se han dirigido a “atacar a los principales financiadores de la deforestación”. De ese modo y en coordinación con la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública se han desmantelado estructuras criminales en Guaviare, Nariño y Putumayo, algunas infiltradas en entidades como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), según la cartera de Ambiente.
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Este jueves, Estrada destacó que las medidas también se han enfocado en programas de tránsito hacia otro tipo de economías. A través de la Estrategia Nacional de Restauración (2023 – 2026), la entidad asegura que se está reconociendo la diversidad y diferencia de los territorios, así como sus dinámicas de ocupación y afectación de los ecosistemas.
“En ese sentido y dentro del principio de “Transformación productiva y economía de la biodiversidad”, El Ministerio de Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vienen desarrollando acciones de conservación de la naturaleza y su restauración aportando hectáreas a cada una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo que los articula», subraya la cartera.
El reto de contener la deforestación
A ojos de Carlos Devia, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, con un doctorado en ingeniería, existe otro elemento de fondo a la hora de hablar de deforestación: en el país, afirma el profesor, no prevalece el interés por cuidar los bosques y, en suma, los colombianos no tenemos certeza sobre lo que se pierde cada vez que se elimina una hectárea de árboles.
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Para entenderlo mejor, Devia hace una analogía: imagine que tiene dinero en un banco y, aunque sabe que le están descontando plata, no tiene idea de cuánto es el valor que se le rebaja ni el saldo que le queda. De ese mismo modo, dice, el Estado no ha dimensionado la magnitud de la pérdida que implica la deforestación, lo cual deriva en que las acciones para contenerla no sean del todo efectivas. Entre 2000 y 2021, el Minambiente registró un histórico de más de tres millones de hectáreas deforestadas, de las cuales alrededor de 1,5 millones fueron en la Amazonia.
Una apuesta, entonces, sería que los enfoques de las estrategias en contra de la deforestación variaran dependiendo de cada territorio. Por ejemplo, Devia menciona el caso de la Sierra de la Macarena, en Meta. Este fue el Parque Nacional Natural de Colombia en el que, precisamente, el Minambiente registró el nivel más alto de alerta en el reciente boletín, con una cifra del 34,5 % en la detección temprana de deforestación.
El profesor ha enfocado su trabajo de investigación durante los últimos años en La Macarena y cuenta que allí el bosque se divide en varias franjas y, dependiendo de cada una, podrían cambiar las medidas. En donde el paisaje ya ha sido fuertemente transformado, sería necesario aplicar programas no solo para restablecer la cobertura arbórea, sino también para optimizar los sistemas productivos.
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Por otro lado, en la franja activa de deforestación, se requeriría una mayor presencia del Estado, a partir de mecanismos que permitan que la gente acceda adecuadamente a ese bosque. Finalmente, en las zonas a las que se accede a través de los ríos, una alternativa sería implementar acciones más “contundentes” sobre estos afluentes, pues a través de imágenes satelitales es posible identificar por donde están ingresando las máquinas para la minería ilegal.
En cuanto a los grupos armados, investigadores como Vélez han insistido en que se mantengan los diálogos, pues estos actores han demostrado tener control sobre el ritmo de la deforestación. Si se levantan estas mesas, advierte la analista, “la que puede sufrir mucho es la selva”. Un reciente informe de Global Forest Watch y el World Resources Institute también planteaba que para que se reduzca la pérdida de bosque en el país, “el Gobierno debe mantener el acuerdo de paz y desarrollar fuentes de sustento sin deforestación para las comunidades locales”.
¿Cómo plantear la restauración?
Otras de las medidas que ha propuesto el Minambiente es la restauración ecológica. El 23 de mayo, en su anuncio de un plan urgente contra la deforestación, la cartera aseguró que avanzaría, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en un proceso para sumar 100.000 hectáreas a la meta nacional de restaurar 753.000 hectáreas para 2026.
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Daniel Castro, director de la maestría en gobernanza en áreas protegidas y gestión del recurso biológico de la Universidad El Bosque, opina que si bien esta es una manera de responder a la deforestación, ante todo, se debe atender la pérdida del bosque, es decir, afrontar el problema de raíz. El profesor hace un análisis metafórico con una serpiente que se alimenta de su propia cola porque, al restaurar el ecosistema sin haber abordado antes los factores de la deforestación, se puede estar otorgando “nuevamente el recurso a esas dinámicas ilegales extractivistas”.
Como última instancia, se podría intentar recuperar los bosques que se han perdido, pero esto, en todo caso, no es una labor sencilla. Carlos Andrés Páez, director de Servicios Ecosistémicos de la organización Conservación Internacional Colombia, enfatiza en que las estrategias de restauración deben ir más allá del gobierno de turno y las metas establecidas. En cambio, tendría que entenderse como un ejercicio de largo plazo.
“Cuando, por ejemplo, se restaura una hectárea, el proceso no concluye hasta que se haya garantizado, a través de unos ciclos de mantenimiento y monitoreo, que esa hectárea ha quedado formalmente restaurada. En muchos casos, y dependiendo del ecosistema, este período puede ser superior a cinco, seis o siete años. Entonces, esa es la primera premisa que hay que tener en cuenta cuando se analizan ese tipo de objetivos”, apunta Páez.
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Otro punto importante al momento de plantear una restauración ecológica es involucrar en los procesos a los habitantes de estas zonas. “Más allá de llevar árboles a un territorio, se trata de entender el entorno social, un paisaje donde hay muchas condiciones que pueden propiciar que la restauración prospere”, agrega.
En esa misma línea opina el profesor Devia, quien se refiere de nuevo a la productividad y cómo se puede aplicar, en este caso, a la restauración. Si se plantea recuperar un bosque de la Amazonia, de algún modo se debería garantizar un sustento para quienes habitan la región. Para ello, hay varias opciones productivas, como los frutos amazónicos: el camu camu, el azaí, el cacao, entre muchos otros.
Frecuentemente, desde las grandes ciudades nos preguntamos cómo podríamos contribuir al cuidado de estos ecosistemas y, al adquirir estos productos agroforestales, es posible aportar a que se sigan sembrando especies clave. Devia menciona otra alternativa: la de pagar a las comunidades amazónicas por el servicio de agua en Bogotá. Mucho se ha hablado sobre los ríos voladores y la manera en que, a través de la transpiración de los árboles de la selva, llega este recurso hídrico a los Andes, en forma de lluvias.
Por eso, y teniendo en cuenta el déficit de agua al que se enfrenta la capital, quienes habiten la región y garanticen la permanencia de los árboles, podrían recibir un pago.El Acueducto de Bogotá ya ha aplicado medidas similares, pues para 2022 destinaba un 0.3% de ese cobro a la conservación del Parque Nacional Natural Chingaza, donde se encuentran los principales embalses que abastecen a la ciudad y a donde llegan parte de los ríos voladores que viajan desde la Amazonia.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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