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Colombia volvió a tener un retroceso en su propósito de contener la deforestación, luego de haber registrado en 2023 el número de hectáreas deforestadas más bajo de este siglo. Así lo dio a conocer el Ministerio de Ambiente este jueves, 20 de febrero, al presentar las cifras preliminares de este fenómeno durante 2024, confirmando lo que se esperaba desde hace varios meses: hubo un incremento del 35 % en la pérdida de bosque.
La Amazonia, en donde hay parte del bosque tropical más grande del mundo, sigue siendo la región más afectada del país. De las 107.000 hectáreas (ha) que se deforestaron en 2024, según el Minambiente, 68.000 fueron taladas en los municipios amazónicos. Actividades como el acaparamiento de tierras, la ganadería y los cultivos de uso ilícito siguen siendo las principales causas detrás de esta problemática.
Durante la presentación de las cifras, Susana Muhamad, ministra de Ambiente, fue enfática en recordar que se está cumpliendo con la meta planteada por este Gobierno de reducir en un 20 % la deforestación, en comparación con las cifras de 2021 (174.103 ha). Sin embargo, la meta a mediano plazo, que es lograr “cero deforestación” en 2030, se aleja nuevamente.
El Minambiente ha implementado una estrategia, con acciones centradas en los puntos más críticos para la deforestación y que incluye el pago a familias campesinas para conservar el bosque, en lugar de talarlo. Pero, los principales retos para contener la pérdida de bosque siguen estando en los territorios que el Estado no tiene bajo su control, a pesar de los intentos de hacer un diálogo de paz con las disidencias que los controlan.
Los puntos críticos de la Amazonia
Como hemos contado en estas páginas, desde inicios de 2024 se esperaba un incremento en la deforestación durante el año, especialmente por el rol que juegan las disidencias de las extintas Farc en la Amazonia colombiana. En abril pasado, Muhamad aseguró que ya se registraba un incremento del 40 % en la deforestación, comparando con el primer trimestre de 2023.
El mismo Minambiente fue confirmando esta preocupación meses después, dando cuenta de un aumento en el segundo y tercer trimestre de 2024 frente al año anterior. Para atajar el problema, una de las estrategias que implementó este Gobierno fue identificar 22 núcleos de deforestación, para implementar acciones preventivas o de restauración. De acuerdo con Muhamad, hay información sobre 15 de estos núcleos: en seis se presentó una tendencia a la baja en el número de hectáreas deforestadas; pero, en cuatro persistieron niveles similares de deforestación. En otros cinco aumentó.
Dos de estos núcleos críticos, señalados por Muhamad, son los Parques Nacionales Naturales Serranía de La Macarena y Tinigua, ambos al sur del Meta, en donde se perdieron 2.965 y 3.482 ha, respectivamente. Allí el principal motor de deforestación sería el acaparamiento de tierras. De acuerdo con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que estudia la dinámica de la deforestación en la Amazonia, una de las variables que impulsa la deforestación en estos parques es “la ampliación y profundización de diferentes carreteras que estaban cubiertas de bosque, que quedaron allí desde que las Farc se desmovilizaron”.
En la zona hace presencia el Estado Mayor de los Bloques (EMB), una de las disidencias de las Farc con la que el Gobierno ha intentado negociar un acuerdo de paz. Además de la ampliación de vías, la influencia de este grupo armado está relacionada con la “entrada y ampliación de zonas cocaleras que están generando impactos importantes porque, por la ubicación que tienen, aumentan la fragmentación que hay en esa zona, haciendo que cada vez se pierda más la integridad y la funcionalidad del bosque”, apunta Botero.
Sumado al acaparamiento de tierras y la siembra de cultivos de uso ilícito, desde la FCDS señalan que el incremento de las cabezas de ganado en estos Parques Nacionales Naturales sigue incrementando. “Es uno de los temas que genera mayor conflictividad, no solo social, sino también en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Estado Mayor de Bloques”, advierte el investigador, pues no se ha logrado un acuerdo sobre cómo ponerle freno. Sobre esto, Muhamad aseguró en rueda de prensa que “paradójicamente, donde más se deforestó en 2024 fue donde la mesa de paz está vigente”.
Otro punto crítico, según el Minambiente, está en Mapiripán, en límites entre Meta y Guaviare, en donde los cultivos de coca y de palma estarían impulsando la pérdida de bosque. “Esta es probablemente es la zona de mayor desarrollo de una red vial muy larga. Ya hay más de 500 kilómetros creados en los últimos años. Se ve mucho movimiento de maquinaria, ampliación de vías, entrada de ganado, ampliación de lotes. Es una actividad tremendamente fuerte”, señala Botero.
Las declaraciones de Muhamad durante la presentación de las cifras coinciden con este panorama, pues aseguró que una meta fundamental durante el 2025 será que el Estado “pueda ingresar a La Macarena” para implementar las estrategias de contención de la deforestación.
Caquetá, otro de los departamentos con mayores cifras históricas de deforestación en la Amazonia, también genera preocupación. Muhamad señaló que el acaparamiento de tierras y la ganadería son los principales motores de deforestación, actividades que tendrían un vínculo con el lavado de activos. “Obviamente hay actores armados, pero la raíz más profunda es una economía ilícita que se está enriqueciendo y generando movilización de capital a gran escala”, explicó la ministra.
El balance de Conservar Paga
El objetivo de este Gobierno, de acuerdo con la ministra, es lograr un mínimo histórico de deforestación acumulada entre 2022 y 2026. Uno de los programas claves para lograrlo sería Conservar Paga, con la que el Gobierno paga a familias campesinas para promover la conservación del bosque. Actualmente, esta iniciativa cuenta con $150 mil millones que financiarán a las familias que se integren a la estrategia hasta inicios de 2026.
Sin embargo, Muhamad ha propuesto que el programa se extienda más allá de este Gobierno, por lo que sería crucial que “salga el trámite de las vigencias futuras para que el compromiso con los campesinos no sea solo hasta 2026, que los Núcleos de Desarrollo Forestal logren ser productivos y que se cumpla con la promesa de los programas financiados para los campesinos”.
Esta iniciativa, de acuerdo con Botero, de la FCDS, “tiene un potencial enorme” por el apoyo que brinda a las familias campesinas para tener la posibilidad de vivir sin recurrir a economías asociadas a la tala de bosque. “El problema es que están inmersos en toda esta conflictividad con los grupos armados”, agrega el investigador.
Otros retos del pago por conservar el bosque están asociados a definir un sistema claro sobre quién administra los recursos a nivel local y cómo se distribuyen los beneficios que obtengan las familias. “Es un reto enorme”, dice Botero, que tendrán que asumir el próximo Ministerio de Ambiente y el Gobierno que llegue al poder en 2026.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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