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A pocas semanas de que en la Amazonia brasileña, en Belém do Pará, inicie la COP30, un informe ha revelado nuevos datos sobre actividades extractivas, que contribuyen al cambio climático, en América Latina y el Caribe. Los investigadores hallaron que, durante la última década, en la región se han abierto más de 930.000 km² para la exploración de petróleo y gas, lo que equivale a un área mayor que la de Venezuela. Alrededor del 44 % de dicha superficie de exploración adjudicada se encuentra en México y Brasil.
Colombia no se queda atrás. Es el quinto país, por debajo también de Argentina y Uruguay, con mayor área destinada a la exploración de petróleo y gas. Entre 2016 y 2025, 73.839 km² del territorio nacional han sido adjudicados para esta actividad, un área similar a la de Panamá. Así lo subraya el informe, denominado “El rastro del dinero detrás de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe”, y realizado por Urgewald, de Alemania; Amazon Watch, de Perú y Ecuador, el Instituto Internacional Arayara, de Brasil; Conexiones Climáticas, de México; y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de Argentina.
Estas organizaciones, además, señalan que más de 190 compañías de petróleo, gas y carbón de 42 países que han expandido sus operaciones en América Latina y el Caribe con el respaldo financiero de bancos e inversionistas de países del Norte Global. “La expansión de los combustibles fósiles (en la región) está impulsada por el capital extranjero”, se lee en el reporte. “La mayor parte de la financiación proviene de bancos con sede en Europa, EE. UU., Canadá, China y Japón”.
Los autores hallaron que entre 2022 y 2024, los bancos extranjeros fueron responsables por el 92 % de esta financiación, mientras que los latinoamericanos proporcionaron solo el 8 % restante. De acuerdo con el informe, para ese período, 297 bancos dirigieron más de USD 138.000 millones a empresas que desarrollan nuevos proyectos de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe.
Entre los bancos que más han invertido se encuentran el Banco Santander, de España; JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America, de Estados Unidos; Scotiabank, de Canadá; y SMBC Group, de Japón. En Colombia, por ejemplo, los hallazgos indican que la empresa Ecopetrol depende principalmente de los bancos Scotiabank, JPMorgan Chase y BBVA. “Durante los últimos 3 años, Scotiabank proporcionó un total de USD 3.300 millones a empresas estatales de combustibles fósiles como Ecopetrol en Colombia”, se lee en el reporte.
Pero, ¿por qué los bancos del Norte Global ven un potencial de inversión en la expansión de combustibles fósiles en el Sur Global? Mary Mijares, directora de campañas corporativas de Amazon Watch, explica que se debe, en primer lugar, a que obtienen tarifas. En otras palabras, ganan comisiones por participar en las operaciones financieras, ya sea por mover dinero u organizar préstamos e inversiones.
Mijares también menciona que, en estos casos, el riesgo para los bancos es bajo, pues se trata de inversiones “seguras” o “rentables”, además de que el dinero de los proyectos proviene de distintos inversionistas y se divide en pequeñas participaciones. En la práctica, los bancos actúan sobre todo como intermediarios entre los inversionistas y las empresas, sin necesariamente comprometer su propio capital.
Una amenaza en la Amazonia
Para comprender mejor estos hallazgos, cabe recordar que hace diez años se adoptó el Acuerdo de París, el cual busca limitar el aumento de la temperatura global a muy por debajo de los 2 °C, preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Aunque los países de América Latina y el Caribe firmaron el tratado, según el reciente reporte, la mayoría de estos gobiernos “siguen aprobando nuevos proyectos de combustibles fósiles”, debilitando “directamente” el objetivo climático del Acuerdo de París.
La expansión de los combustibles fósiles es especialmente preocupante en la selva húmeda tropical más grande, que cumple funciones de regulación climática a nivel global: la Amazonia. El informe advierte que en este bioma, que se extiende a lo largo de ocho países, empresas como Petrobras, Pemex, Petroperú, ExxonMobil y Chevron “reciben miles de millones de dólares en financiamiento para abrir nuevas fronteras de exploración y explotación”.
En Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, dicen los investigadores, los bloques de petróleo y gas se superponen con más de 1.600 territorios indígenas, incluyendo zonas que pertenecen a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es decir, que no han tenido contacto con nuestra sociedad. A ojos de Mijares, los bancos ofrecen financiación a las empresas para estas actividades “con poco conocimiento de quiénes serán afectados. No cuentan con personal en el territorio para entenderlo y hay barreras como la del lenguaje, ya que la mayoría de estos bancos hablan inglés”.
En ese sentido, la investigadora asegura que esta situación está afectando los derechos de las comunidades, particularmente en la Amazonia. Sumado a ello, Mijares afirma que los financieros e inversionistas “alimentan la dependencia de América Latina al petróleo, lo que a su vez genera un círculo vicioso de deuda ecológica”.
Tanto Andrew Miller, también director de campañas en Amazon Watch, como Mijares, se refieren a un ejemplo en particular de nuestro país: el de Putumayo, que la investigadora describe como “el corazón de la Amazonia colombiana”. Desde 2024, este departamento amazónico es uno de los que tiene la mayor cantidad de bloques petroleros, dice Mijares.
Según Miller, “pese al preocupante panorama ilustrado por el informe, hay esperanza en dos escenarios. Primero, en la persistente resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de la Amazonía colombiana contra la exploración y explotación petrolera”.
Otro punto que resalta es el liderazgo que se refleja en iniciativas como la red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles (PFFF, por sus siglas en inglés). Se trata de un grupo internacional de políticos que está “cooperando más allá de las fronteras geográficas para declarar a la Amazonía un territorio libre de combustibles fósiles, especialmente de petróleo y gas”, dice Miller.
De cara a la COP30, la cumbre de cambio climático más importante, líderes indígenas de cinco países amazónicos han llamado la atención y emitido declaraciones conjuntas para la prohibición total de la exploración de petróleo y gas en la Amazonia. Desde la academia, esta preocupación también se ha hecho notar, pues más de 250 científicos de 27 países enviaron una carta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidiendo que una transición para alejarse cada vez más de los combustibles fósiles sea una “prioridad máxima” durante la COP30.
“La ciencia es clara: la quema de combustibles fósiles está impulsando el cambio climático y los impactos desastrosos en las vidas y medios de subsistencia de personas en todo el mundo”, expresaban en el documento.
El medio periodístico Infoamazonia, de Brasil, ha reportado que la Amazonia y sus áreas costeras circundantes se han transformado en una frontera petrolera global clave. Según su investigación, alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas descubiertas entre 2022 y 2024 se encuentran allí, principalmente frente a las costas del norte de Sudamérica, entre Guyana y Surinam.
Ante este preocupante panorama, los autores del informe hacen un llamado particular sobre la región selvática. “La Amazonía ya está en riesgo y ahora su futuro se está negociando por unas décadas de petróleo”, asegura Nicole Figueiredo de Oliveira, directora de la organización brasileña Arayara. Miller reitera, de igual manera como lo hace el reporte, que este bioma “no puede convertirse en una zona de sacrificio para el beneficio de unos pocos del Norte Global”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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