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En Colombia, según distintas estimaciones, habita una de cada 10 especies que existen en el planeta. Es tanta la biodiversidad que se encuentra en el país, que es considerado como uno de los pocos territorios megadiversos que hay en la Tierra, tan solo por detrás de naciones como Brasil e Indonesia.
Sin embargo, mientras se amplían los horizontes sobre las especies que alberga el país (y en general el planeta), la humanidad enfrenta lo que las Naciones Unidas ha denominado como la triple crisis planetaria: la conjunción del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. (Lea: El potencial de la economía forestal comunitaria)
Precisamente por este doble escenario, además de la diversidad étnica que se encuentra en el país, y por “su papel activo como negociador en los foros internacionales sobre biodiversidad”, entre otros motivos, un grupo de investigadores, principalmente colombianos y estadounidenses, se dieron a la tarea de estudiar cómo se ha gobernado la biodiversidad en el país. “Con su rica biodiversidad, muestra cómo los conocimientos científicos pueden traducirse en políticas de biodiversidad, con relevancia para otros países”, dicen los científicos en su trabajo que fue publicado hace algunas semanas en la revista académica Nature Ecology & Evolution.
“Hasta el momento, lo que sabíamos sobre la gobernanza de la biodiversidad era que se daba más como por cada sector, por ejemplo, cómo la está gobernando el sector forestal. O ya temas muy específicos como las especies amenazadas”, dice Alejandra Echeverry, bióloga colombiana que adelanta su estancia posdoctoral en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. (Lea: El consumo mundial de alimentos agregaría casi un grado al calentamiento global)
Por eso, lo que buscaron con este estudio fue responder a preguntas como: ¿cuál es el panorama completo que tenemos de toda la gobernanza de la biodiversidad?, ¿quiénes son los actores?, ¿cuántas políticas tenemos?, entre otras, apunta Echeverry, quien también es la autora principal de la investigación. En otras palabras, “tener una visión mucho más de águila”, explica la científica, y agrega que es la primera vez que se hace un estudio de este tipo para cualquier país.
Una historia de seis décadas
La primera política ambiental que emitió el Estado colombiano fue la Ley 2 de 1959 ‘sobre economía forestal de la Nación y la conservación de recursos naturales renovables’, recuerda Daniela García Aguirre, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) y una de las autoras del estudio. Desde entonces y hasta 2018, fecha que abarca la investigación, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos departamentales y municipales, así como los pueblos indígenas y las comunidades locales, el sector privado y los bancos bilaterales y multilaterales de desarrollo -actores analizados en el trabajo- emitieron 186 políticas relacionadas con la biodiversidad.
Si bien en los casi 60 años que abordó el estudio poco más del 68 % de las políticas fueron emitidas por el Gobierno Nacional, Echeverry recalca que gracias a este trabajo pudieron evidenciar que en las últimas décadas se ha dado una diversificación de actores, en la que, por ejemplo, el sector privado se ha involucrado más, al igual que las entidades financieras, agrega García. (Lea: Un camino para salvar los manglares y corales que dañó el huracán Iota)
Otro de los hallazgos que arrojó el análisis da cuenta del tipo de instrumentos que han utilizado los actores a lo largo de estas seis décadas. Echeverry explica que, en primer lugar, contemplaron las políticas regulatorias de comando y control que, en términos más sencillos, “son las que imponen restricciones a algún comportamiento y dicen qué se puede y qué no se puede hacer. Por ejemplo, no se puede hacer minería en un páramo”. El segundo tipo de política son los instrumentos financieros o económicos, como el impuesto al uso de bolsas plásticas.
El tercero son las políticas marco, como el Plan Nacional de Desarrollo, que dan cuenta de la visión que tiene el país. Luego vienen las políticas de estándares o acuerdos, que son las que las mismas compañías privadas o gremios acuerdan entre ellos. Un ejemplo de estas, aclara la bióloga, son cuando los ganaderos o palmeros señalan: “Nosotros prometemos que de aquí a 2030 vamos a disminuir la deforestación”. Por último, explica García, están las políticas de información y de redes, que son las que proveen información para regular la biodiversidad. “La lista de especies amenazadas de Colombia son una de estas”.
Al igual que con el tipo de actores, la investigación permitió evidenciar que el tipo de instrumentos utilizados para gobernar la biodiversidad ha variado a lo largo del tiempo. Si bien en las primeras décadas las políticas regulatorias fueron las preponderantes con declaratorias de áreas protegidas, a mediados de los 70 aumentaron tanto las políticas marco como los acuerdos entre compañías privadas y las de financiación. Solo hasta 2007 el país introdujo la primera política de información, destacan los autores del estudio. (Lea también: 269 especies de vertebrados en amenaza, otra razón para cuidar el Pacífico)
Aunque no se analizó la efectividad o contenido de las políticas, Echeverry resalta que gracias a este trabajo pudieron determinar que el paradigma de lo que se entiende por conservación también se ha ido modificando con el pasar de los años. “Antes hablábamos de conservar la naturaleza por el valor intrínseco. Luego, como desde los 90, empezamos a hablar de servicios ecosistémicos, es decir, hay que proteger la biodiversidad por los beneficios que las personas reciben de la naturaleza. En los últimos años empezamos a hablar de la compensación, manejo y restauración de la biodiversidad”, apunta la bióloga. Pese a esto, aclara, le sorprende ver que haya tantos paradigmas presentes. Por su parte, la abogada García señala que esto puede llevar a una descoordinación entre los actores.
Una de las últimas preguntas que buscaban responder los investigadores tenía que ver con si esta mezcla de políticas había servido para abordar las principales amenazas a la biodiversidad. “Encontramos que las dos amenazas principales (agricultura y acuicultura, y uso de los recursos biológicos) se abordaron en porcentajes relativamente altos (…), pero existe margen para abordarlas en mayor medida dada su gravedad”, se lee en el documento. “También encontramos algunas políticas en la gobernanza de las especies invasoras y en las de tráfico de fauna”, destaca Echeverry.
A pesar de que los autores del trabajo reconocen lo novedoso del mismo, destacan que es el punto de partida para trabajos futuros en los que se pueda abordar la efectividad de las 186 políticas. “Acá no decimos si estamos logrando proteger la biodiversidad o no”, concluye Echeverry, quien apunta que el siguiente paso puede ser ver cuáles son las mezclas de políticas o actores más efectivos en la protección de la diversidad biológica del país.
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