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La realización de la COP16 en Colombia luego de la adopción del Marco Global Kunming-Montreal (MGB) dejó varios aprendizajes para conservar, financiar, valorar y restaurar la biodiversidad. Una lección fundamental que debemos asumir como un mantra las instituciones del estado, financiadores, sector privado, ONG y sociedad civil, es que para transformar territorios y generar nuevas sendas de desarrollo en torno a la conservación y cuidado de la biodiversidad, debemos reconocer que las comunidades locales son nuestras mejores aliadas.
Frente a esto, se deben resaltar tres aspectos fundamentales: reconocer que la materialidad biocultural de las comunidades indígenas, negras y locales permite fortalecer la gobernanza de los territorios colectivos; que los sistemas de conocimiento, las necesidades y las expectativas de las comunidades deben ser parte de la toma de decisiones, la formulación de proyectos y del diseño de indicadores y estrategias y, por último, que se necesita mejorar el diálogo y la coordinación entre diferentes actores del estado y la sociedad para financiar, intervenir y alcanzar metas comunes en torno la conservación y el manejo de la biodiversidad.
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Esto plantea una urgente reflexión para las intervenciones en territorios con altas tasas de degradación de los ecosistemas nativos, especialmente en la Amazonía en donde se busca transformar núcleos de deforestación en Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad (NDFyB).
En este caso, la apuesta es transformar con un enfoque socioecológico los territorios de comunidades étnicas y locales. Esto quiere decir, generar desarrollo a partir de economías derivadas de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. No obstante, la incertidumbre asociada al control sobre la propiedad y la presencia de actores armados ilegales ha limitado el alcance y la efectividad de esta estrategia del Gobierno Nacional.
Un ejemplo reciente fue la implementación del proyecto “Contribución a la Gestión Integral del Bosque en el NDFyB Yaguara ll” (2023-2024) por el Instituto Humboldt y financiado por el Fondo Nacional Ambiental. El Instituto implementó una estrategia de transformación territorial socioecológica para reducir la deforestación, realizar restauración productiva y fortalecer la gobernanza de los indígenas Pijao, Tucano y Piratapuyo pertenecientes al Resguardo Yaguara ll.
En principio, la balanza de resultados indica que el Resguardo y el Instituto sí lograron los objetivos del proyecto con lo que también se generaron una serie de cobeneficios que han facilitado el proceso de retorno de los miembros del resguardo al territorio luego de haber sido desplazados desde 2004.
El reto no ha sido fácil, porque, durante años, la lejanía del territorio ha justificado que la presencia del Estado se haya limitado a una dimensión militar. Las dificultades de acceso, los altos costos de transporte, la carencia de infraestructura y, en algunos casos, una mínima oferta institucional, han facilitado el despojo de tierras y el establecimiento de comunidades colonas campesinas y de actores ilegales.
Debido al desplazamiento forzado, los actores ilegales consolidaron actividades económicas a partir del acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales y, principalmente, de la ganadería extensiva tradicional. Este modelo de ganadería requiere del uso intensivo de pasturas y sabanas, incentivando la deforestación por tala y quema del bosque. Esta actividad se ha convertido en uno de los mayores motores de deforestación en este núcleo.
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En 2017 se abrió una ventana de esperanza para el retorno de la comunidad del Resguardo Yaguara II. Gracias a la firma del acuerdo de paz, el Juzgado de Restitución de Tierras ordenó el cumplimiento de Medidas Cautelares que ordenó a instituciones como el MinAmbiente, MinInterior y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras, ofrecer soluciones efectivas para que la comunidad del resguardo pueda ejercer el derecho a la propiedad sobre su territorio. Para garantizar la reparación del resguardo como víctima del conflicto armado, se ordenó realizar la restitución de tierras, brindar medios de vida para el retorno y el restablecimiento de los derechos de la comunidad. Sin embargo, este es un proceso que aún continúa en marcha.
Actualmente, la ANT ha realizado esfuerzos para disponer los insumos cartográficos necesarios para la restitución de tierras. No obstante, este proceso ha generado incertidumbre para la comunidad. La institución ha propuesto modificar en más de 15 mil hectáreas el polígono de la Resolución 010 del 22 de febrero de 1995, expedida por el Incora y por medio de la cual se constituye el resguardo Yaguara II. Esto implica que el resguardo tendría que ceder miles de hectáreas de bosque en el límite sur que colinda con el Parque Chiribiquete e incorporar nuevas zonas que históricamente han sido parte de los baldíos de la Nación en el límite norte.
Infortunadamente, este cambio no ha sido aceptado por el resguardo, el cual ha advertido, en varias ocasiones, que la modificación afecta su identidad biocultural y genera riesgos y tensiones con otros actores por el ejercicio de la gobernanza territorial. La zona en la que se propone la ampliación del resguardo es en donde se concentra la deforestación del núcleo de deforestación Llanos del Yarí – Yaguara II, por los usos ilegales de la tierra y construcción de vías ilegales
La falta de consenso para la restitución ha impedido legitimar el derecho a la propiedad y al uso de la tierra del Resguardo Yaguara ll, poniendo en riesgo el retorno y la permanencia de la comunidad en el territorio, así como su gobernanza. Esta situación amenaza con limitar o anular la efectividad de los esfuerzos realizados para transformar el territorio y la vida de las comunidades.
Al respecto, se sabe que los principales retos son: primero, mejorar los mecanismos de cooperación y toma de decisiones entre instituciones y con las comunidades, pues resulta evidente que los costos sociales y ambientales por la deforestación y la pérdida de la biodiversidad nos afectan a todos. Segundo, necesitamos entender que las comunidades locales son nuestros mejores socios y aliados, ya que sin personas no es posible lograr metas duraderas de conservación y restauración de la biodiversidad. Tercero, la toma de decisiones que afectan la realidad material, histórica, económica y jurídica de las comunidades debe garantizar la participación, el encuentro de las necesidades, los conocimientos, la historia y los contextos de seguridad de las comunidades.
Si como sociedad e instituciones del Estado no logramos interiorizar estas consideraciones, nos veremos limitados a mediano y largo plazo en la generación de nuevas sendas y equilibrios que nos permitan reconocernos como parte de la naturaleza de formas más sanas, sostenibles y empáticas.
Territorios con comunidades a quienes se les vulneran sus derechos, seguridad, capacidades, alternativas y bienestar, son territorios en los que muy probablemente continuaremos observando la destrucción de ecosistemas estratégicos y, con ellos, la desaparición de la biodiversidad de la que hacemos parte las comunidades humanas. Lo anterior, nos conduce a la ausencia definitiva de una paz con la naturaleza y nos empobrece como sociedad a nivel local, regional, nacional y global.
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