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Los habitantes de Schooner Bight, un barrio al occidente de San Andrés, han vivido temporadas en las que les cuesta describir el olor del ambiente. “Hay turistas que vienen y se van contentos; pero hay otros que al irse preguntan ‘¿a qué huele?’. Da hasta vergüenza recibirlos así”, señala un comerciante de la zona. Es una mezcla entre el hedor de la comida en descomposición y de una cañería taponada, que durante los días de lluvia se hace más evidente.
Allí, en menos de un kilómetro cuadrado, como contamos en un artículo publicado en abril, está la planta de generación de energía con diésel que surte a la isla y el relleno sanitario Magic Garden, en el que se depositan 80 toneladas de basura al día. Pero, algunos de los olores, aseguran varios miembros de la comunidad, vienen de la cárcel Nueva Esperanza, que se encuentra a pocos metros del relleno.
En los últimos 17 años, han recibido varios llamados de atención por parte de las autoridades ambientales por depositar sin permiso aguas residuales a un predio vecino, en el que se encuentra un arroyo ocasional llamado Gullie Mrs. Mays. Es un pequeño cuerpo de agua cuyo cauce suele secarse aguas abajo en las temporadas secas, pero que se activa en los meses de lluvia y, según documentos de la Procuraduría Ambiental, va a dar los predios en los que se encuentra el relleno sanitario, a menos de 500 metros del mar Caribe.
En junio de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) realizó una visita para verificar si, como lo había ordenado un juez de la isla, se habían detenido los vertimientos. Después de tomar varias muestras, concluyeron que algunas de las tuberías que salen del edificio seguían activas. En el informe que resultó de esa inspección, aseguraron que “el Centro Penitenciario ‘Nueva Esperanza’ de la isla de San Andrés, ha estado realizando la actividad de vertimiento de aguas residuales al suelo de manera reiterada, contraviniendo así la normativa ambiental vigente”.
Desde que empezaron a advertir sobre los vertimientos, los habitantes de Schooner Bight han pedido una solución que hasta ahora no ha llegado. Las tuberías, que son de entre una y cuatro pulgadas, aún presentan rastros de vertimiento durante las visitas técnicas, a pesar de que debieron cerrarse en 2022.
Un problema de 17 años
La cárcel Nueva Esperanza fue construida en 1994 a unos 800 metros de la avenida Circunvalar, que bordea San Andrés. Tiene una capacidad para 139 personas, pero, como la mayoría de centros penitenciarios del país, supera su cupo: hay 43 personas condenadas y 100 sindicadas. “Es una cárcel de primera generación, entonces tiene un grado de antigüedad importante en su infraestructura”, señala Karina Romero Suárez, subdirectora de Construcción y Conservación en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad que se encarga del mantenimiento y operación de las cárceles en el país.
Que sea de primera generación no solo implica que tiene más de 30 años de construida, sino que es una cárcel que no está diseñada para responder a los estándares de resocialización, el objetivo que tienen actualmente las penas en Colombia, ni a la alta población carcelaria que hay en la isla. Los centros penitenciarios que administra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) “deberían encargarse solamente de las personas condenadas, y no de las sindicadas. Para estas, las entidades territoriales deberían contar con Centros de Detención Transitoria, pero en la mayoría de capitales del país no los hay y eso hace más difícil el mantenimiento de las instalaciones de cada cárcel”, señala Andrés Felipe Barney, director de gestión corporativa del INPEC.
Las primeras alertas por los malos manejos de las aguas residuales en Nueva Esperanza llegaron en 2008, cuando Coralina empezó a hacer visitas para verificar que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cumplía con los requerimientos ambientales.
Un sistema de tratamiento de aguas residuales suele funcionar en varias etapas. La primera es retirar sólidos grandes, como plásticos o papeles, utilizando rejillas que obstruyan su paso. Después, el agua pasa a un reactor en el que algunos organismos, como bacterias, ayudan a descomponer residuos de materia orgánica. Finalmente, pasa por otros procesos de filtrado para retirar las impurezas o residuos que aún permanezcan, antes de llegar a un punto de disposición final.
En el caso de la cárcel de San Andrés, la PTAR se construyó pensando en que la disposición final de las aguas fuera un sistema de riego de cultivos que se encuentran al interior del predio. En uno de los informes que Coralina realizó en 2008, tras revisar ese sistema, encontraron que “la bomba del sistema de riego no estaba operando adecuadamente”. Esta debía activarse automáticamente cuando los tanques de almacenamiento se llenaban para llevar el agua hacia los aspersores en los cultivos, pero no lo estaba haciendo y las aguas residuales se rebosaban.
“Hay que tener en cuenta que estos tanques se encuentran ubicados en la parte baja de la institución, en cercanías a la pared posterior, la cual presenta unas aberturas, y que al exterior de esa pared pasa un arroyo natural (Mrs. Mays, se llama), y las aguas vertidas pueden llegar a dar directamente a dicho cuerpo de agua”, se lee en el documento de Coralina. También, se indica que el manejo de agua potable, residuos sólidos y aguas residuales presenta falencias que promueven la proliferación de plagas, como roedores, y mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue, de la cual se reportaron 665 casos en la isla el año pasado.
Estos hallazgos se repiten en varios de los informes que la corporación emitió tras sus visitas entre 2008 y 2021, año en el que se inició un proceso sancionatorio ambiental en contra de Nueva Esperanza por incumplir con las normativas de vertimiento de aguas residuales. Ese mismo año, la Procuraduría interpuso una acción popular en la que pidió a un tribunal administrativo de San Andrés considerar que se estaban vulnerando, entre otros, los derechos a un ambiente sano y a la salubridad pública de los habitantes del barrio Schooner Bight.
En 2022, el tribunal falló a favor de la Procuraduría, ordenando a la USPEC y al INPEC tomar acciones para detener los vertimientos y que la PTAR empezara a funcionar adecuadamente. En la acción popular, la Procuraduría aseguró que las pruebas evidenciaban “graves afectaciones en la salud de los internos, funcionarios y de la comunidad del sector”.
Sin embargo, Barney, desde el INPEC, asegura que, aunque se han hecho vertimientos, “no se puede establecer un vínculo causal entre estos y las afectaciones a la salud, porque es una zona en la que operan varias empresas”. Se refiere al relleno sanitario y la planta de generación de energía. Además, tanto esta entidad como la USPEC, tras una visita que realizaron en septiembre pasado, afirman haber encontrado la planta de tratamiento en condiciones óptimas de operación.
Esto se contradice con el último informe elaborado por Coralina, en mayo de 2024, que en su análisis afirma que los vertimientos de aguas residuales provendrían de puntos en los que se lavan elementos de cocina y del uso de la planta de tratamiento de aguas residuales que funciona en la cárcel. Esa planta, además, aún no tiene licencia ambiental vigente para funcionar, algo que garantizaría que su operación cumple con las normativas ambientales.
El permiso, explica Romero, se encuentra en trámite y esperan obtenerlo en los próximos meses. “Ese permiso va a certificar que todo está funcionando bien. Pero, nosotros hemos hecho monitoreos al funcionamiento de la PTAR y cumple con todos los parámetros necesarios”. El problema, cree la funcionaria, estaría en otro punto del edificio.
Una tubería desconocida
En el reporte más reciente de Coralina se hace referencia a dos tuberías de entre una y cuatro pulgadas que dan a la parte trasera de la cárcel, por medio de las cuales se vierten aguas residuales de forma “intermitente”. Pero, la inspección de la USPEC no encontró una conexión entre estas tuberías y la planta de tratamiento de aguas residuales. “En el momento de la visita encontramos muchas filtraciones y eso ha ocasionado que en la parte del sótano se acumulara gran cantidad de sólidos”, apunta Romero, de la USPEC. Las aguas que se están vertiendo actualmente, entonces, ya no vendrían de la PTAR, sino del sótano.
Al salir de las tuberías, caen en arroyo Gullie Mrs. Mays y se estancan, generando malos olores y contaminación. Algunas de las muestras que tomó Coralina “presentan alto crecimiento de coliformes totales y fecales”, un grupo de bacterias cuya presencia indica una mala calidad del agua. También, encontraron aceites, grasas y detergentes en una de las muestras. Además, el informe explica que el ecosistema al que caen las aguas no tiene la capacidad de absorber esa contaminación, por lo que permanece en puntos más abajo del lugar en el que se vierten las aguas.
La orden que ha dado la autoridad ambiental es cerrar esas tuberías, pero hacerlo tiene varios retos. “No podemos cerrarlas sin saber a qué corresponden, porque podríamos causar un daño mayor”, como un taponamiento de tuberías clave al interior de la cárcel, señala Romero. El problema es que en el centro penitenciario no se conocen los planos con los que fue construido el edificio, por lo que la USPEC no tiene claro cómo se trazaron las redes sanitarias al momento de construirlo.
A finales del año pasado, la entidad firmó un contrato de mantenimiento para hacer arreglos en el sótano, encontrar el origen de esas tuberías y cerrarlas. Sin embargo, los recursos para hacerlo solo llegaron en marzo de 2025 al contratista, debido a falta de disponibilidad presupuestal en la USPEC. “Ya estamos trabajando y esperamos que para septiembre las tuberías puedan estar cerradas y el problema resuelto”, dice Romero.
También, varios líderes de la comunidad de Schooner Bight han solicitado que se hagan jornadas de salud para determinar si los problemas de salud que están teniendo algunos de sus habitantes tienen que ver con estos vertimientos, como algunas erupciones en la piel. Hasta el momento, no saben qué entidad deberá hacerse cargo de indagar por esos impactos, pero desde el INPEC insisten en que, por la presencia de otras empresas y potenciales contaminantes en el sector, “no es posible establecer una relación directa con los vertimientos”.
Mientras tanto, la Procuraduría confirmó a El Espectador que solicitó que se convocara un “comité de verificación de cumplimiento del fallo para que presenten informes de avances”, teniendo en cuenta que la orden para hacer este mantenimiento se dio en 2022. En el barrio que colinda con la zona de los vertimientos esperan que se trate de una respuesta efectiva tras los 17 años de vertimientos intermitentes que han generado malos olores.
*El nombre fue modificado a petición de la fuente.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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