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El martes 14 de diciembre de 1999, la Plaza de Bolívar de Bogotá recibió a 167 indígenas embera-katío que llegaron a la capital del país con una misión que no pudieron cumplir. Pedían detener el llenado del embalse de Urrá, la hidroeléctrica de Córdoba hoy señalada por el presidente Gustavo Petro como responsable de las inundaciones que han afectado al departamento.
Como explicamos en este artículo, hay varios factores clave dentro de lo que se ha convertido en una cacería de culpables en medio de la tragedia que atraviesan las comunidades ribereñas del río Sinú. Niveles imprevisibles de lluvias en los primeros días de febrero, un incremento histórico en los volúmenes del caudal del río y poco tiempo de maniobra son parte de la discusión sobre la seguridad de los embalses, que fueron pensados en otra época, cuando el cambio climático no hacía tan impredecible el tiempo.
Pero esta no es la primera vez que Urrá ocupa los titulares de los medios. El proyecto de generación de energía tardó 50 años en concretarse, desde la autorización de sus diseños hasta la inundación del embalse. Durante ese tiempo, los embera-katío, las comunidades indígenas que habitan la parte alta del río Sinú, se opusieron al proyecto por considerar que atentaba contra su territorio y sus formas de vida.
El Espectador estuvo presente en el recorrido de los embera-katío hacia Bogotá, como parte de una de las protestas para oponerse al llenado del embalse.
La caminata para frenar el llenado del embalse
“Descalzos, cargando los niños y pesados menajes en sus espaldas, con las caras pintadas y en el cinto sus machetes, se enrumbaron hacia el centro de Bogotá para pedirle al Gobierno que se siente a negociar y que medie para buscar un acuerdo único que permita solucionar el problema con Urrá”.
Así se contaba en las páginas de El Espectador lo que fue el camino de decenas de personas que pedían suspender el llenado del embalse ubicado en la parte alta del río Sinú, y que había empezado el 18 de noviembre.
Era el último día de su travesía. Ya habían caminado desde Tierralta (Córdoba) hasta Medellín, y de allí a Villeta, en donde los recogieron en tres buses que terminaron su recorrido hacia Bogotá. “Sus pies descalzos (…) aún no se acostumbran al calor del pavimento y ya están reventados después de caminar no menos de 300 kilómetros”, escribía la periodista Elizabeth Yarce para este medio cuando llegaron a Medellín, cuatro días antes de pisar la Plaza de Bolívar.
Su pelea con la construcción de una hidroeléctrica en Córdoba arrancó 50 años atrás, a mediados del siglo XX. En ese momento, se autorizaron los primeros estudios para determinar el tamaño y la capacidad de generación del proyecto. Llegaron a sus tierras ingenieros y técnicos que 20 años más tarde tendrían un diseño definitivo, que contemplaba construir un cerro artificial de 1,3 kilómetros de extensión, una casa de máquinas, instalar cuatro generadores e inundar 7.400 hectáreas dentro de las que había bosques, tierras agrícolas y territorio indígena.
Durante el siglo XX se estructuraron y construyeron alrededor de 45.000 represas en el mundo. En un período de crecimiento poblacional y avances tecnológicos, países como Colombia buscaban en sus montañas y ríos la forma de abastecer una demanda de energía cada vez más alta. Hoy más del 70 % de la energía que consume el país proviene de hidroeléctricas.
Para 1993, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) le otorgó al proyecto Urrá I el permiso para empezar su construcción. Sin embargo, el documento tenía una condición particular. “Lo grotesco de la historia es que el Inderena otorgó la licencia ambiental para construir la represa de Urrá, con una gigantesca inversión, pero se reservó el derecho de autorizar o no su llenado”, explicaba El Espectador en un editorial publicado en los días en los que la protesta de los embera-katío llegó a Bogotá.
Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente y exdirectora de la ONG Censat, quien ha seguido de cerca varios conflictos alrededor del agua en Colombia, recuerda que desde 1997, cuando se terminó de construir la represa, se inició el debate sobre si debía llenarse o no. Ese año, el proyecto le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente (creado en 1993, después de que el Inderena otorgara la primera licencia) que se modificaran los permisos para poder inundar las 7.400 hectáreas. “Duraron mucho tiempo hablando sobre eso y finalmente se llenó”, apunta Roa.
La discusión no solo se daba en Colombia. En varios proyectos alrededor del mundo había preocupación por los conflictos con comunidades locales y el impacto que tenían en la biodiversidad. La idea de que las hidroeléctricas generaban “energía limpia”, con la que se empezaron a formular proyectos hidroeléctricos años atrás, empezaba a cuestionarse.
En 1997, el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) crearon la Comisión Mundial de Represas, un grupo de expertos y actores claves de este sector que, tres años más tarde, emitió un informe sobre los errores que se estaban cometiendo en los proyectos hidroeléctricos y el camino para corregirlos. Su planteamiento pasaba por fortalecer los componentes de protección ambiental y participación social en los proyectos, en lugar de priorizar el desarrollo económico. “Hemos explicado nuestro punto de vista. Lo que ocurra después depende de ustedes”, escribieron al final del informe.
Mientras tanto, el 5 de octubre de 1999 se expidió la resolución que autorizó llevar el cauce del río Sinú al embalse de Urrá. En ese mismo documento se recogen algunos detalles de la sentencia con la que la Corte Constitucional, creada en 1991, había ordenado un año antes que el proyecto compensara a las comunidades embera-katío por el uso de su territorio. De acuerdo con el entonces Ministerio de Medio Ambiente, se había llegado a un acuerdo entre los indígenas, el Gobierno y la hidroeléctrica. Pero, las protestas y las voces de algunos líderes del territorio luego de que empezara el llenado del embalse mostraban otra cosa.
“Tienen que ayudarnos, porque Urrá nos está acabando a nosotros. No pueden desaparecernos así porque sí”, le dijo Yeison Martínez Domicó, un líder embera-katío, a Elizabeth Yarce en su paso por Antioquia, de camino hacia Bogotá.
La Unidad para las Víctimas recordó en 2024 una entrevista que concedió durante la década de 1990 Kimy Pernía Domicó, un líder indígena que protestó en contra de la construcción de Urrá. “Nosotros les dijimos ‘no necesitamos dinero. Queremos nuestro territorio, respeten eso’”, se escucha en el audio que publicó la entidad en sus redes sociales como parte de una conmemoración. Pernía Domicó fue asesinado y desaparecido por las Autodefensas Unidas de Colombia en 2001, “acusado por el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil de desviar a la guerrilla de las FARC dineros provenientes de la indemnización por los daños ocasionados por el Proyecto Hidroeléctrico de Urrá”, contó la Comisión de la Verdad en uno de sus informes sobre este caso.
Los embera-katío no lograron su objetivo. Urrá inundó las 7.400 hectáreas del embalse y, con esto, ahogó una parte de su territorio. La Comisión de la Verdad, en uno de los capítulos de su informe final, relató que “417 [hectáreas] correspondían al área cultivable del resguardo indígena, veintiocho lugares sagrados y cementerios Emberá Katío. [El proyecto] Interrumpió los procesos migratorios de las poblaciones de peces, soporte alimenticio de la población indígena y de los campesinos y pescadores que habitan la cuenca del río Sinú, propició la remoción y descomposición de veintiún millones de toneladas de biomasa vegetal y el ahuyentamiento y captura de los animales silvestres que también hacían parte de la base alimenticia de las comunidades”.
A esto se suma que el inicio del proyecto cambió las dinámicas sociales y económicas en el Alto Sinú, una situación que aprovecharon guerrillas y paramilitares para establecerse en el territorio. De acuerdo con el informe de la Comisión, la presencia de los actores armados también estuvo vinculada a la conocida “parapolítica” y la estigmatización de los indígenas como parte del conflicto armado, acusados falsamente de tener cercanías con guerrillas, paramilitares y Ejército, como en el caso de Pernía Domicó.
“Las normas de conducta que impusieron contra las comunidades resultaron en un daño asociado especialmente con la estigmatización de los indígenas Emberá Katío del Alto Sinú como “guerrilleros” y a las formas de violencia resultantes que los convirtió en objetivos militares de la fuerza pública y de los grupos paramilitares de la Casa Castaño”, cuentan en el informe.
Hoy, 26 años más tarde, los embera-katío recuerdan la resistencia que lideró Kimy Pernía Domicó. Durante el Consejo de Ministros del 10 de febrero, que se transmitió desde Córdoba, estuvo presente Martha Cecilia Domicó, hija de Kimy Pernía. Allí insistió en el mensaje de su comunidad: “Para nosotros el río es lo más sagrado, porque es lo que nos da vida, es la naturaleza que nos está hablando. Por favor, escúchennos”.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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