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A inicios de 2025, en Nariño, la Armada Nacional interceptó dos embarcaciones en medio del océano Pacífico cargadas con más de 3.300 kilogramos de piangua, un molusco que se adhiere a las raíces del mangle. Las comunidades afros de esta región del país han pescado artesanalmente esta especie durante décadas, haciéndola parte fundamental de su cultura y economía. Debido a sus usos tradicionales, en el país está permitida su pesca y transporte, pero hay un límite: “No debe exceder los 100 kilogramos”, 33 veces menos de lo que se encontró en el operativo realizado en febrero, según un comunicado de la Armada.
No se trata de embarcaciones artesanales. “Tenemos registros de pesca ilegal de barcos navieros que vienen de otros países”, explica Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales (PNN). Además de la piangua, varias especies de tiburón, atún, mero y sardinatas se extraen por toneladas de las áreas marinas protegidas de Colombia. Un informe de la Armada indica que entre 2012 y 2022 se incautaron 334 toneladas de pesca ilegal, la mayoría de estas en el Parque Nacional Natural Gorgona y en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ambos en el Pacífico.
Para hacerle frente a esa pesca ilegal que hay en las más de 20 millones de hectáreas protegidas en las aguas del Pacífico colombiano, el 10 de diciembre se puso en funcionamiento el Centro de Monitoreo y Conocimiento de Áreas Marinas Protegidas Yubarta, en Cali. Es una herramienta que recopilará información satelital para hacerles seguimiento a embarcaciones, generar alertas tempranas por pesca ilegal y mejorar las investigaciones judiciales contra quienes cometan estos delitos.
Yubarta, que costó alrededor de USD 120.000, fue financiado con recursos del Bezos Earth Fund y contó con la participación de organizaciones del sector ambiental como WildAid, Fundación Pacífico y el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). El centro de monitoreo tiene dos computadores y varias pantallas en las que se puede hacer seguimiento a embarcaciones en las áreas protegidas, instalados en la sede de PNN en Cali, en donde hay funcionarios capacitados para hacer la vigilancia. También se están adecuando “centros espejo” en Gorgona y Malpelo, en donde se concentra gran parte de la pesca ilegal.
Los buques oscuros
En el Pacífico, cerca de la selva del Darién, es usual que los satélites ubiquen decenas de barcos que están a la espera de cruzar el Canal de Panamá. En todo el mundo, las embarcaciones están equipadas con radares que reportan en tiempo real su ubicación y trayectoria. El problema, dice Martínez, es que algunos barcos suelen “apagar ese radar”, a pesar de que está prohibido, para ingresar a las áreas protegidas sin ser detectados.
Los buques oscuros (dark vessels), como se les llama por su práctica de “desaparecer” del mapa, son considerados sospechosos por los sistemas de observación, por la posibilidad de que estén haciendo actividades prohibidas, como la pesca ilegal. Seguirles el rastro no es una tarea sencilla. “Cuando se informa a la Armada, tienen que tomar una lancha desde Buenaventura o Malpelo para ir a buscar esa embarcación y ver qué es lo que están haciendo. Muchas veces, al llegar, ya se han movido hacia aguas internacionales”, asegura Martínez.
Yubarta está equipada con sistemas de información satelital, como Skylight y Global Fishing Watch, que les permite hacer seguimiento en tiempo real y revisar las trayectorias históricas de las embarcaciones. Otro de los sistemas, Dark Vessel Detection, apunta a resolver el problema al que se refiere Martínez: detecta a los buques oscuros e intenta seguir su recorrido. Según el funcionario, esto es fundamental para “identificar patrones en las embarcaciones” que puedan estar asociados a actividades ilegales.
“Esta información permite tener un enfoque”, agrega Meaghan Brosnan, CEO de WildAid, ONG dedicada a promover la conservación de la biodiversidad que hizo parte del desarrollo de Yubarta. Para ella, el centro de monitoreo permitirá que Colombia “se concentre en las ubicaciones que presentan mayor riesgo, para hacer una mejor vigilancia”, como Malpelo y Gorgona.
Una estrategia internacional
De acuerdo con Martínez, director de PNN, hay un reto al hacer vigilancia: “La pesca ilegal utiliza estrategias muy complejas. Los barcos se ubican en aguas internacionales. Es decir, no tenemos ningún tipo de competencia y tampoco se trata de un área protegida. Pero asisten a unas naves más pequeñas que entran, pescan y luego le llevan al barco más grande”.
Para detectar eso, también necesitan conocer la información que se genera en países vecinos. “Construir este centro de monitoreo es algo que le sirve mucho a Colombia, pero también le va a servir a la región. Estamos construyendo un sistema similar en Panamá y ya pusimos en funcionamiento otro en Galápagos, Ecuador”, informa Jair Urriola, secretario ejecutivo del CMAR, iniciativa que reúne a estos tres países y Costa Rica para combatir la pesca ilegal, por ejemplo, compartiendo información satelital.
A escala nacional, Yubarta también estará articulado con entidades como la Armada y la Fiscalía, para “poder actuar con más previsión y certeza sobre estos casos. Todo lo que se pueda hacer para proteger la biodiversidad y desincentivar las acciones ilegales que la amenazan contará con esta información”, apunta Martínez.
El funcionario añade que sería clave poder tener un centro de monitoreo similar en el Caribe, en donde también hay áreas marinas protegidas como Seaflower, en San Andrés, donde hay pesca ilegal y poca información sobre las embarcaciones que la realizan. “No se puede ni siquiera pensar en proteger extensiones tan grandes si no se posee la información para hacerlo”, explica Brosnan, para quien también será clave que el monitoreo se complemente con la información que brinden comunidades locales, guardaparques y otras entidades del Estado.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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