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Las Naciones Unidas han declarado 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. Su objetivo, señalaba la organización, es darle visibilidad a este trabajo tradicional que sustenta a millones de personas alrededor del mundo y que, además, tiene importantes aportes en la seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar de muchas comunidades, principalmente las más pobres.
En Colombia, la actividad pesquera tiene un enorme valor social, pues en muchas comunidades es la principal fuente de proteína animal y parte económica de sus habitantes. Pero, como en todo el mundo, los recursos pesqueros se han ido agotando debido a la sobreexplotación y a los vacíos en el manejo y ordenamiento de la pesca. Esto ha generado un declive tanto en las capturas como en la labor de los pescadores.
Desde 2008, la investigadora colombiana Lina Saavedra, docente de la Universidad del Magdalena, empezó a preguntarse cómo estaba el sector pesquero artesanal de Colombia y cómo era posible mejorar esta tarea en el país. Notó que la información para responder a esas preguntas era escasa. “No tenemos un sistema sólido de información pesquera ni recogemos datos constantes”, explica. Pero empezó a encontrar respuestas desde el conocimiento de los pescadores. “Ellos, desde su experiencia, podían decirnos cómo ha cambiado su labor, cómo está el sector pesquero artesanal, qué problemas tienen y en dónde podrían enfocarse y priorizarse los esfuerzos”, comenta. (Lea: El agua del Amazonas llega hasta el árido desierto de Atacama (Chile))
Desde entonces inició un proyecto sin precedentes que ya cumple 15 años, que busca alcanzar soluciones de la mano y en asocio con las comunidades pesqueras para proteger y conservar el recurso, que a su vez es su sustento.
Junto con estudiantes e investigadores del Grupo de Investigación en Sistemas Socioecológicos para el Bienestar Humano de la U. del Magdalena se seleccionó una comunidad modelo por cada Unidad Ambiental Costera, en la que está dividido el país a nivel costero. En total se contó con nueve comunidades, cinco de la Costa Caribe y cuatro de la Pacífica, dispuestas a participar del estudio. Al conversar con ellos empezaron a notar que para los pescadores el principal problema estaba en el ordenamiento de la pesca. “Nos expresaron que la raíz de los problemas era que la pesca no estaba ordenada y que los pescadores no eran parte de ese ordenamiento”, asegura la investigadora. Ellos manifestaron la necesidad de crear reglas para ordenarse.
Desde entonces comenzaron una serie de capacitaciones, encuentros y conversaciones con el fin de que los pescadores pudieran realmente participar de la manera en la que se ordenaba el recurso pesquero en su territorio. Empezaron por conocer las normas que existen en el país frente al manejo del recurso pesquero y a identificar cuáles de esas podrían adaptarse mejor a sus labores y a su comunidad. Decidieron por votación cuál era la mejor medida que se ajustaba a su comunidad: áreas de reserva de pesca, áreas exclusivas de pesca artesanal, rotación de áreas de pesca, tamaños mínimos de ojo de malla, vedas, entre otras. (Lea: Hallan en Colombia nuevas pistas de las tortugas más grandes que hubo en la Tierra)
Entonces le propusieron a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) la norma que debería establecerse en esa zona. La propuesta la hicieron a través de acuerdos consensuados de manejo pesquero, en total ocho, uno por comunidad, y ocho esquemas preliminares de monitoreo para hacer seguimiento a la herramienta de manejo seleccionada en cada comunidad.
“Nosotros, como recolectores de piangua de Tumaco, queremos que se reglamente la veda sectorizada que venimos implementando hace mucho tiempo”, señala Jésica Dájome, lideresa de la comunidad de recolectores de piangua. “Es necesario que nuestros bancos de concha los dejemos descansar, por eso elegimos la rotación de áreas de pesca y aprendimos qué es lo que debemos hacer para determinar si la herramienta está funcionando como debería. Establecimos indicadores claves de tipo ecológico, socioecológico y comunitario que nos van a ayudar a hacer seguimiento”, explica la lideresa.
“Este proyecto visibiliza la intención de las comunidades de participar activamente en el proceso de ordenamiento. Contamos con la participación de 466 personas de las diferentes zonas, con quienes se lograron establecer unos acuerdos consensuados del manejo pesquero”, explica. (Lea: Las plantas que esconden en su ADN los cambios de los ríos de Colombia)
A través de una resolución, la 586 de 2021, la autoridad pesquera dispuso los lineamientos a través de los cuales se podrían implementar medidas de ordenamiento y de manejo del recurso pesquero. En el último año los investigadores de la Universidad del Magdalena y las comunidades pesqueras se han dedicado a estudiar esa resolución y a que cada comunidad pudiera presentar un proyecto que cumpliera con los requisitos que la resolución establecía. Eso, además, con el reto que impuso la pandemia para hacer talleres comunales en los que pudiera participar toda la comunidad.
Los siguientes pasos están en manos de la Aunap, que tras recibir y evaluar las propuestas decidirá si las convierte en resoluciones y empiezan a implementarse. En un encuentro de socialización de los resultados, la autoridad pesquera afirmó que estaba dispuesta a estudiar las propuestas para generar las resoluciones.
“Si esto sucede, que esperamos que sea así, también tendrá que hacerse, primero, una socialización de la medida con cada comunidad, y también tendrán que hacerse planes de seguimiento y esquemas de monitoreo participativo, que incluyan a los pescadores y que permitan conocer si la medida que se eligió funciona o no funciona”, señala Saavedra.
Ese monitoreo, resalta la investigadora, debe ser construido con las comunidades.
En 2015, en el marco de este mismo proyecto, las comunidades ya habían entregado y propuesto a la Aunap las medidas que consideraban adecuadas para sus territorios, pero la autoridad no cumplió con el compromiso que se había establecido de llevar a cabo las acciones necesarias para implementar esas herramientas de manejo y ordenamiento. Ahora, bajo una nueva dirección, la Aunap se comprometió una vez más a revisar los documentos que las comunidades presentaron con el objetivo de que se conviertan en resoluciones que permitan gestionar mejor el recurso pesquero.
“Fortalecer la confianza entre las comunidades y el Gobierno es un proceso difícil, y es aún más difícil cuando esa confianza es defraudada, como pasó hace cinco años. Pero, en este caso, lo que está pasando es también una muestra de esperanza, de que podemos trabajar de la mano con las comunidades, la academia y el Gobierno, y que se pueden proponer medidas que incluyan la participación de los pescadores”, explica la investigadora. “Hoy las comunidades están demostrando, nuevamente, que están comprometidas con este proyecto y que quieren participar local y activamente. Hay una gran responsabilidad de no defraudarlos, pues estas medidas, cuando se toman en asocio con comunidades y academia, son herramientas de trabajo que van a permitir que el ordenamiento pesquero tenga sostenibilidad en el tiempo”, concluye.
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