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El pasado 22 de marzo, más de 200 personas se reunieron en el municipio de Somondoco, en Boyacá, para discutir sobre lo que está pasando con el río Súnuba, que está entre ese lugar y Sutatenza. Querían dejarle claro a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que no están de acuerdo con lo que está pasando con la minería en su territorio.
Allí, desde hace 20 años, se hace explotación minera, pero en 2015 llegó una empresa llamada Gravimax S.A, luego de que Minercol LTDA le cediera la licencia ambiental número LA 19-00. La había obtenido en 2001 para operar en 68.88 hectáreas entre Sutatenza y Somondoco hasta 2031. Ahora, Gravimax S.A está solicitando una nueva licencia ambiental para explotar otra porción cercana al río, entre la vereda Piedra Larga, de Sutatenza, y la vereda Canos, de Somondoco. Dicha solicitud, por ahora, ha tenido un avance del 70 %, según le confirmó Corpochivor, autoridad ambiental de Boyacá, a El Espectador.
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Pero los integrantes de Defensores del río Súnuba están inconformes con lo que está sucediendo. Dicen que desde que la empresa llegó en 2015 el cauce del río cambió; que algunas viviendas en la ribera del caudal se han agrietado de manera reciente y peligran por riesgo de deslaves; y que el ruido de la maquinaria interrumpe con sus actividades diarias. La compañía, por su parte, defiende ante los entes de control que cumple con todas las normas “a cabalidad” y que todos sus documentos están “vigentes y en regla”.
El debate ambiental
Para explicarlo de manera sencilla, Gravimax S.A., con quienes nos intentamos comunicar el día de la reunión del 22 de marzo y días después a través de correo electrónico, pero no obtuvimos respuesta, se dedica a extraer material en porciones de tierra cercanas al río para luego trasformarlo en variedad de productos, “desde material crudo, hasta componentes esenciales para obras civiles y concretos”, como explican en su sitio web. Para ello, utilizan una planta trituradora que comenzó a operar en 2016, cuyo ruido, según califican los integrantes de Defensores del río Súnuba, es “insoportable”, pues aseguran que comienza desde las 5 de la mañana y va hasta las 11 de la noche, de domingo a domingo y durante días festivos.
Óscar*, uno de los habitantes de la comunidad presente en la reunión mencionada, y que prefirió reservar su identidad, cuenta que, debido a las condiciones geográficas de la región, “todo se escucha: desde el funcionamiento de la planta, hasta el transporte de las volquetas y retroexcavadoras que movilizan el material”. Al respecto, Corpochivor, la autoridad ambiental en el suroriente de Boyacá, le dijo a El Espectador que Gravimax no contempló “restricciones respecto al horario de explotación” ni “límite de decibeles para el funcionamiento de la trituradora y demás elementos que hacen parte de la ejecución del proyecto”.
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La comunidad tiene otros reparos más allá del ruido. Patricia*, quien ha vivido en la ribera del Súnuba durante toda su vida, explica que, hace diez años, ella y su familia solían pescar en la cuenca, pero hoy su caudal se ha disminuido, dejando grandes piedras visibles. “Incluso, el río tenía una especie de playas en donde uno podía bañarse”, recuerda.
En una Acción Popular radicada por la Personería de Sutatenza ante el Juez Administrativo del Circuito de Boyacá durante 2019, los habitantes dejaron claros sus “peros”: escribieron que el agua del río Súnuba no puede ser utilizada para consumo humano, animal o regadío de cultivos debido a su “suciedad y sedimentación”. Además, añadieron que se estaría incumplimiento lo dispuesto en la licencia ambiental que se le otorgó a Gravimax, —a la que tuvieron acceso mediante un derecho de petición a Corpochivor—, en aspectos como la profundidad máxima a la que se puede extraer y la distancia respecto a la orilla a la cual las dragas se pueden ubicar.
Sin embargo, esta acción popular, en donde se describieron todas estas inconformidades que tiene la comunidad ante la explotación, fue rechazada por el Juez Administrativo del Circuito de Boyacá. Respecto a otras críticas que tiene la organización, como que la explotación minera ha provocado deslaves o desplazamientos de tierra, Corpochivor es clara: enfatiza que no se puede afirmar con certeza si estos ocurrieron a raíz de la explotación de Gravimax, pues, como mencionaron en la reunión del 22 de marzo, “deben hacerse los debidos estudios ambientales para comprobarlo”.
El inconveniente es que esos estudios no se han hecho y, por ese motivo, es difícil responder con precisión las dudas en torno a la explotación minera. El pasado 22 de marzo, de hecho, la comunidad le pidió a las autoridades que se realizara una investigación, independiente a Corpochivor, para comprobar si el medio ambiente y las viviendas aledañas al Súnuba están en riesgo o no. En ese mismo encuentro, los representantes de la empresa también reiteraron, como conoció El Espectador, que “no tenían nada que esconder”, que toda la documentación estaba en regla y que eso podía comprobarse a través de Corpochivor y la ANM.
Los integrantes de la comunidad también habían enviado otro derecho de petición a Corpochivor y la Agencia Nacional de Minería (ANM) para verificar que Gravimax tuviera vigente su licencia ambiental. La autoridad ambiental les respondió de manera afirmativa. La ANM también detalló que, entre el 18 y 19 de marzo de este año, varios de sus funcionarios recorrieron la zona cercana a la planta trituradora en compañía de integrantes de Corpochivor y Gravimax e, incluso, declararon que, durante esa visita, algunos vecinos dijeron no estar afectados por esa compañía. En palabras de la ANM, “no se evidenciaron afectaciones sustanciales en la ribera del río, como los deslaves mencionados, el ruido constante o la reducción del caudal”.
Sin embargo, los miembros de Defensores del Río Súnuba aún tienen preguntas sobre esa visita, pues no saben con precisión con cuáles personas hablaron las autoridades. Creen que hizo falta una investigación más profunda.
Lo difícil que es ponerse de acuerdo
La reunión de finales de marzo tuvo momentos llenos de tensión, pues también hay personas que defienden la actividad porque puede representar un “eventual progreso económico para la región”. Otras manifestaron que han sufrido amenazas y, por eso, prefirieron hablar desde el anonimato.
Patricia, por su parte, dice que le parece triste la fragmentación de la comunidad. “Da lástima”, dice, “porque, por ejemplo, en la última reunión, nos dimos cuenta de que personas que conocíamos de toda la vida, con quienes teníamos una relación de vecinos y de cordialidad, ahora trabajan para la minera, entonces el trato es con cierto recelo porque claro, aparentemente estamos en orillas opuestas: nosotros defendiendo el río y, ellos, defendiendo su trabajo”.
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Por ahora, los representantes de Defensoría y Procuraduría que acudieron a la reunión se comprometieron a varias cosas: en primer lugar, hacer veeduría de los funcionarios de Corpochivor y la ANM para ese territorio con relación al seguimiento que han hecho de la explotación minera. Y, en segundo lugar, a hacer seguimiento de las afectaciones al ecosistema de las que se queja la comunidad y que han provocado, dicen, que algunas personas hayan tenido que marcharse de sus fincas.
Corpochivor, por su parte, se comprometió a realizar visita técnica de control y seguimiento, análisis documental y procedimental de la actividad licenciada, “a fin de determinar el cumplimiento de su Plan de Manejo Ambiental dentro del marco de la normatividad vigente”. Luego de esto, se espera la publicación de un informe detallado que especifique los impactos y condiciones del lugar por las actividades de explotación.
*Nombres reservados por petición de la fuente.
Por Luisa Fernanda Orozco
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