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Mientras las ministras de Ambiente y Agricultura esperan respuestas sobre su futuro —desde cuándo se hará efectiva la renuncia de la primera y si aceptan la de la segunda—, esta semana se reunieron para atender un tema que tiene inquietos a los pescadores artesanales del país, a un sector de la academia e, incluso, a algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente.
Se trata de la reglamentación de los llamados “Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios” (o EAA, por su sigla), una promesa que quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Nacional, y en la que ambas carteras vienen trabajando desde mediados de 2023. En términos simples, es una clase de territorios en donde se priorizaría el reconocimiento y la protección de los derechos de los campesinos, pescadores artesanales y acuicultores de subsistencia que han ocupado y usado ancestralmente los territorios anfibios; la protección y conservación de estos ecosistemas a través de la restauración y la recuperación; y la promoción y protección de la soberanía alimentaria.
A finales del año pasado, el Ministerio de Agricultura publicó el decreto que reglamentó los EAA para comentarios, pero días después el Ministerio de Ambiente solicitó que se retirara el documento debido a algunas consideraciones que debían ser incluidas.
La misma solicitud llegó desde la Confederación Mesa Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia (Comenalpac por sus siglas), la organización de pesca artesanal más grande del país, y, de manera independiente, de algunos científicos que han trabajado con ecosistemas acuáticos en el país. Para los primeros, apartes de la reglamentación propuesta no correspondían a lo que se había construido en algunos espacios de diálogo en los que participaron, mientras que los segundos consideraron que el documento requería de “ajustes sustanciales”, ya que carecía, dijeron, “de criterios académico-científicos sobre la tipología, características y dinámica de los humedales, así como sobre la pesquería”.
Justo esta semana, Comenalpac y organizaciones de científicos como la red de Ecohidrólogos de Colombia (REDECOHH), la Asociación Colombiana de Ictiólogos (Acictios) y la Red Colombiana de Limnología (RCL-Neolimnos), radicaron ante ambos ministerios un documento con más de 50 observaciones al borrador del decreto. Aunque agradecen que la propuesta haya sido retirada, piden que sus inquietudes sean atendidas e integradas en un nuevo borrador. Sin embargo, temen que la salida de Susana Muhamad y la posible partida de Martha Carvajalino dilate un proceso que llevan más de 15 años esperando. Desde el Ministerio de Agricultura aseguraron estar dispuestos a conocer y discutir los comentarios.
Una promesa de casi dos décadas
Rodrigo Antonio Morales es un pescador del Magdalena Medio Antioqueño y uno de los representantes que integra la Mesa Integral Nacional Permanente de Pesca (MENIPPES), una instancia creada a finales de 2023 y de la que hacen parte pescadores artesanales, el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP). El objetivo de este espacio es discutir y analizar la política pesquera del país, algo que desde Minagricultura reconocen como una deuda histórica.
Para Morales, el origen de los EAA se remonta a una queja que los pescadores y campesinos de varias regiones del país han manifestado hace más de 15 años. “Lo que hemos venido observando quienes vivimos cerca de ríos, lagunas, ciénagas y humedales, es un aumento en la alteración de todos estos ecosistemas por distintas actividades como la ganadería, la extracción de petróleo, la minería y las represas para hidroeléctricas”. La respuesta a esa queja llegó en el PND del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el artículo 359 de la “hoja de ruta” que el país tendrá hasta 2026, quedó establecido que se “formulará e implementará un plan para la identificación, caracterización, reconocimiento y formalización de otras territorialidades campesinas, entre ellas los Territorios Campesinos Agroalimentarios y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios”.
José Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura, explica que “este desarrollo de las territorialidades campesinas obedece a la existencia de una modificación constitucional que es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos desde 2023, a través del Acto Legislativo 01”. El decreto en cuestión busca reglamentar dicha territorialidad, es decir, los EAA. Lo que se busca a través del decreto, agrega Morales en términos simples, es que quede en evidencia la importancia que tienen estos sistemas para las poblaciones anfibias del país, al tiempo que se empiezan a tomar las medidas necesarias que permitan “la recuperación, el mantenimiento y la conservación de estas áreas pesqueras”.
Tanto el borrador del decreto como Quiroga, de Minagricultura, aclaran que los EAA “son una forma de ordenamiento y de zonificación del territorio para garantizar temas alimentarios, productivos y de organización territorial, pero no son una forma de propiedad ni se entregan o atribuyen usos exclusivos sobre las aguas y bienes públicos”. Aunque esa ha sido una preocupación que ha surgido y en la cual los ministerios ahondarán próximamente para despejar todas las dudas, los pescadores y las asociaciones de científicos están más preocupados por otros asuntos.
Participación, definiciones y financiamiento
A finales de enero, los grupos académicos y las organizaciones de pescadores se reunieron de manera virtual convocados por la Universidad de Antioquia y la Fundación Humedales. Allí discutieron y manifestaron sus desacuerdos frente a la propuesta de decreto. De este espacio, además de una extensa memoria, surgió el documento con más de 50 observaciones. Como es imposible resumir todos los temas que generan inquietudes, las fuentes que consultamos resaltaron los más recurrentes y relevantes según su visión.
Uno de los primeros temas que mencionan Morales, de MENIPPES, y Adriana Cadena, directora ejecutiva de Comenalpac, tiene que ver con la participación de los pescadores artesanales en el borrador de decreto que se publicó. Si bien los dos reconocen haber participado en las sesiones técnicas junto a los dos ministerios, aseguran que la propuesta publicada no corresponde a varios acuerdos que se alcanzaron en esos espacios. De acuerdo con Cadena, todo lo que está en el segundo capítulo del decreto, que desarrolla la implementación de los EAA, “no es lo que nosotros trabajamos”.
Para Morales, el problema es aún mayor, pues cuestiona el hecho de que no se hicieran diálogos regionales donde “se le diera una amplia participación a las comunidades”. Las críticas sobre lo que se acordó en las primeras instancias y lo que se terminó publicando, se repiten en el documento radicado por pescadores y científicos, y provienen también de asociaciones del Pacífico y el Cesar, por mencionar algunas regiones.
Al respecto, Quiroga, de Minagricultura, señala que estos decretos no son objeto de consulta previa, pues la legislación colombiana lo establece solo para grupos étnicos, pero señala que han “facilitado y propiciado los espacios de participación y construcción conjunta”. En las próximas semanas, dice el funcionario, esperan reunirse con los pescadores para poder responder de “manera motivada” a estos cuestionamientos. Sin embargo, este diario pudo confirmar que la reunión no ha sido agendada a la espera de que el presidente tome una decisión sobre la continuidad de la ministra Carvajalino.
Muestra de la poca socialización que hubo de la propuesta de normativa, continúa Morales, es el que considera el poco involucramiento que hubo del sector académico. Según consta en la memoria justificativa que acompañaba al borrador del decreto, ninguna universidad u asociación científica hizo parte de las sesiones de construcción. “El artículo 359 (refiriéndose al Plan Nacional de Desarrollo) nos habla de hacer partícipe a la población campesina, pesquera, anfibia. No nos menciona nada de la academia o de los científicos. Partimos de la premisa que en el diálogo con el Ministerio de Ambiente están personas con experticia y con formación técnica y científica, que harán los aportes”, responde el funcionario de Minagricultura, aunque asegura que los comentarios del sector académico serán bienvenidos.
Un punto sobre el que llaman la atención los científicos, está relacionado con la falta de definiciones en el decreto, lo que lleva, según varios investigadores que consultamos, a que no se definan bien criterios de tipología y características de los humedales, así como sobre la pesquería. Un ejemplo de esto, coinciden pescadores y académicos, son las menciones que se hacen a la “acuicultura de subsistencia” en el documento.
“Nunca la intención ha sido hablar de acuicultura dentro de los ecosistemas acuáticos”, afirma Cadena, de la Comenalpac. Mientras tanto, Jesús Cardoso, investigador de la Universidad Gran Colombia y miembro de la REDECOHH, pregunta por qué se entiende como acuicultor de subsistencia y anticipa que el texto no da claridades al respecto. Esto es clave, concuerdan ambos, porque es importante definir en qué áreas podría hacerse (nunca en los ecosistemas acuáticos, pero sí en la tierra, opina Cadena), así como para evaluar los riesgos de una actividad que, en varias ocasiones, ha deteriorado la calidad de los ecosistemas con la introducción de especies invasoras, “como el pez basa, el pez león o la tilapia, que acabaron con especies nativas”, agrega Cardoso.
A pesar de que la propuesta inicial contaba con un artículo que especificaba el proceso en caso de que hubiese conflictos territoriales entre comunidades, por ejemplo, entre una que haya solicitado la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y otra que busque un EAA, Cardoso se pregunta si existirá un proceso de concertación similar con otros sectores productivos que desarrollen sus actividades cerca de los ecosistemas acuáticos. Esta es una duda que comparte Morales, quien considera que es importante incluir a sectores como el ganadero, el de la palma o el minero, pues son justamente estos los que mayores impactos negativos generan.
Finalmente, una de las preocupaciones que comparten pescadores como Morales, organizaciones como la de Cadena, y académicos como Cardoso , es la falta de claridades sobre el origen y la disponibilidad de los recursos para que, una vez constituidas los EAA, las comunidades puedan financiar sus proyectos y programas de conservación. La directora ejecutiva de Comenalpac asegura que lo relacionado con el financiamiento y que ya había sido acordado en sesiones previas “también desapareció” en el documento que estuvo publicado. Esta será una de las prioridades en las mesas a desarrollar, pues es claro que “debe tener algo de financiamiento, sino, el decretoquedaría en el aire, seríaun papel más”, enfatiza Cadena.
Aunque este diario buscó al Ministerio de Ambiente para conocer los comentarios que tienen sobre el borrador de decreto, así como los ajustes que buscan integrar, al cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas. Desde el Ministerio de Agricultura respondieron que, con corte al jueves 13 de febrero, esa cartera no los había hecho llegar y que el compromiso entre las ministras fue enviarlos “próximamente”.
La idea, según Quiroga, es poder desarrollar algunas mesas con los sectores interesados antes de que finalice marzo. Aunque todavía no se han definido fechas para estas sesiones, pescadores e investigadores esperan que los más de 50 comentarios radicados ante los ministerios sean revisados y tenidos en cuenta pues, de no hacerlo, temen que la reglamentación resultante agrave problemas en ecosistemas que históricamente ya han sido afectados, en vez de avanzar con el objetivo de los EAA: recuperarlos, mantenerlos y conservarlos, como espera el pescador Morales.
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