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A finales de abril, una noticia generó preocupación entre algunos científicos y defensores del océano: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que, en términos sencillos, daba un paso firme hacia la minería marina. Expertos afirman que todavía falta mucho para que dicha actividad se haga realidad, pero también miran con ojos de preocupación lo que esto podría significar para otros países: que se comience a consolidar una línea de apoyo para la explotación del lecho marino en las próximas décadas, lo que podría traer consecuencias graves para el ecosistema submarino y todos los seres que dependen de él.
Como lo hemos contado en estas páginas, la minería en los fondos marinos consiste en la explotación de ciertos recursos que suelen estar divididos en tres grupos: los sulfuros polimetálicos, las costras de ferromanganeso y los nódulos polimetálicos. En ellos están reunidos millones de toneladas de metales, como cobre, níquel, cobalto o manganeso, claves para la transición energética.
El gobierno Trump afirmó que la orden ejecutiva busca reducir la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos provenientes del extranjero, especialmente de China, y fortalecer la seguridad nacional y económica del país. Sin embargo, en entrevista con El Espectador, Jeff Waters, vicepresidente de Ocean Conservancy, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación oceánica, explica que las implicaciones de esa medida van mucho más allá de meros acuerdos económicos. Según Waters, la orden busca agilizar los permisos para explorar y extraer minerales en el lecho marino, lo que facilitaría la entrada de empresas como The Metals Company.
Además, agrega Waters, la firma de la orden ejecutiva ha generado tensiones con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU encargada de regular esta actividad en aguas internacionales y que aún no ha definido las reglas que la regirían. En su momento, la secretaria general de la ISA, Leticia Carvalho, fue clara: la decisión de Estados Unidos “establece un precedente peligroso que podría desestabilizar el sistema de gobernanza oceánica global”.
De hecho, durante una sesión del Consejo de la ISA en marzo de 2025, los 36 Estados miembros —entre ellos China, Rusia, Alemania, Francia, Sudáfrica y Costa Rica— reafirmaron que esa autoridad es la única entidad con que puede aprobar proyectos mineros en aguas internacionales. Cualquier intento por eludirla, reiteró Carvalho, sería una violación del derecho internacional. Además, subrayó que este tipo de medidas erosiona la confianza global, acentúa la desigualdad y excluye las voces de los países menos desarrollados. Es importante resaltar que Estados Unidos no es miembro de la ISA y tampoco ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.
Riesgos para un ecosistema desconocido
Hace poco, publicamos en estas páginas que los seres humanos conocemos apenas el 0.001 % del océano. En entrevista con El Espectador, Douglas McCouley, oceanógrafo de la Universidad de California, recuerda que aún ignoramos gran parte de la biodiversidad marina. “Aún no entendemos muchos procesos, ni conocemos del todo los organismos que viven en estas zonas. Por eso, aprobar una actividad como la minería marina equivale a explotar un ecosistema que apenas empezamos a descubrir”, explica.
McCouley afirma que hace 30 años se realizaron ensayos de minería marina en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), en el Pacífico, y en el Blake Plateau, frente a la costa sureste de EE. UU. En 1979, en la ZCC, una serie de pruebas dejó marcas que, más de cuatro décadas después, siguen visibles. En 2023, una expedición británica encontró que la fauna —como estrellas de mar y esponjas— aún no se había recuperado, y que incluso los microbios fundamentales para la cadena alimentaria seguían ausentes. Esos resultados fueron publicados en Nature.
Waters agrega que el daño no se limita al fondo marino. La actividad puede afectar toda la columna de agua, desde la superficie hasta las profundidades, comprometiendo la vida marina y las economías que dependen de ella. “Las zonas que se contemplan para la minería coinciden, además, con importantes áreas de pesca. Esta industria representa 321 mil millones de dólares anuales para EE. UU.”, advierte.
¿Qué sigue ahora?
La orden ejecutiva, según ambos expertos, representa apenas un primer paso. Aunque coinciden en que aún falta bastante para que la minería marina sea una realidad aprobada y operativa, la firma de Trump sí constituye un espaldarazo político hacia esa actividad. En la práctica, envía una señal clara a compañías como The Metals Company, que desde hace tiempo presionan para que se autorice la explotación del lecho marino en aguas internacionales.
Pero, aunque aún esté lejos de su implementación, Waters y McCouley advierten que esta orden llegó en un contexto cargado de tensiones dentro de Estados Unidos: recortes en cooperación internacional, en programas relacionados con género y diversidad, y en iniciativas enfocadas en el cambio climático. En medio de ese panorama, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) también ha sido blanco de los recortes presupuestales del gobierno Trump. Esta institución científica desempeña funciones fundamentales como brindar información climática, monitorear huracanes y tsunamis, y coordinar respuestas frente a derrames de petróleo, entre muchas otras responsabilidades.
“La orden ejecutiva fue un llamado directo a la NOAA para que empiece a implementar la minería marina”, sostiene Waters. Esta agencia tiene, además, la facultad de autorizar que una empresa explote el lecho marino en aguas bajo jurisdicción estadounidense con fines extractivos. “Lo que estamos viendo es una estrategia bastante clara: se debilitan organismos clave, como la NOAA, y luego se emite una orden que impulsa abiertamente esta industria. El recorte presupuestal genera presión institucional para que esa dependencia respalde la minería marina”, añade Waters.
La NOAA, por tanto, se encuentra ante un dilema. Por un lado, la orden podría exigirle participar activamente en los procesos de evaluación y emisión de permisos para actividades mineras en aguas profundas. Por otro, asumir ese rol puede entrar en conflicto con su misión principal: proteger los océanos y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. La reducción de recursos con la que ya viene operando no solo limita su capacidad para hacer evaluaciones ambientales rigurosas, sino también para realizar un seguimiento adecuado de las eventuales operaciones mineras.
El pasado 25 de abril, la NOAA publicó en su perfil de Instagram un mensaje en el que apoyaba abiertamente la minería en aguas profundas. Según Ocean Conservancy, esa declaración marcó un giro frente a la postura histórica del organismo frente a esta actividad. La publicación promovía la firma de la orden ejecutiva impulsada por el gobierno Trump, pero generó más de 2.000 comentarios, la mayoría cuestionando el rumbo actual de una entidad que, en teoría, existe para proteger el océano.
Waters y McCouley coinciden en que la decisión de Trump envía una señal, no solo a las empresas interesadas, sino también a gobiernos que podrían ver en esta industria una oportunidad económica. Waters advierte que otros países podrían alinearse con la nueva postura estadounidense, lo que abriría la puerta a mayores presiones internacionales en favor de esta práctica. “Pero ese es un escenario que todavía está por definirse”, señala McCouley. Desde su perspectiva, incluso desde una lógica económica, la idea no resulta sensata: los metales que podrían extraerse de los nódulos polimetálicos podrían ser mucho más costosos en el mercado que los obtenidos en tierra firme. “Eso no es rentable para ningún país”, afirma.
Por su parte, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha reiterado la necesidad urgente de realizar investigaciones científicas robustas que permitan entender los impactos ecológicos de la minería en el lecho oceánico y establecer medidas de mitigación adecuadas.
McCouley insiste en que, por ahora, lo prioritario debería ser impulsar más investigación sobre los ecosistemas marinos. Advierte que uno de los descubrimientos recientes más relevantes tiene que ver con la formación de oxígeno oscuro en lugares como la Zona Clarion-Clipperton, proceso del que todavía se conoce muy poco. “Se cree que podría generarse a partir de los mismos nódulos polimetálicos que ahora se quieren explotar. Y estaríamos, en ese caso, poniendo en riesgo una fuente potencial de oxígeno para el planeta, justo en medio de una crisis ambiental dominada por la contaminación. Explotar lo que aún no comprendemos puede traer consecuencias muy graves”, puntualiza.
Por Luisa Fernanda Orozco
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