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“Cartagena se está hundiendo”. Así titulamos en El Espectador un artículo publicado en 2021 sobre la investigación que encontró que el nivel del mar está aumentando más rápido de lo que debería en la capital del departamento de Bolívar. El incremento podría ser de 35 centímetros para 2050, y de un metro para final del siglo.
Ese mismo año, el Estado colombiano empezó la construcción de una serie de obras en la costa cartagenera, con el fin de mitigar ese aumento y prevenir los impactos que esto podría generar en la ciudad. Algunos son las inundaciones, erosión costera y un deterioro económico en actividades como el turismo y la pesca.
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En 2022, como parte de esa iniciativa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contrató la construcción de obras de protección costera, como rompeolas o espolones, en la costa del barrio El Cabrero, junto al Centro Histórico. La obra debía ejecutarse entre mayo y septiembre de ese año, pero luego de retrasos y varias solicitudes de suspensión, su plazo de entrega se extendió hasta junio de 2024, y todavía no se ha cumplido.
Ese es uno de los hallazgos que hizo la Contraloría en un informe publicado hace pocos días, en el que encontró que Colombia no está haciendo lo suficiente para mitigar la pérdida de costa por el aumento del nivel del mar. Las consecuencias de esto podrían poner en riesgo a poblaciones del Pacífico, el Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En el informe, el Ministerio de Ambiente asegura que se han adelantado varias acciones para hacer frente a esta problemática en varios de los puntos críticos que se han identificado. Sin embargo, para el Ministerio Público, los avances que se han hecho durante seis años están lejos de cumplir con lo necesario para resistir a la pérdida acelerada de costas en Colombia.
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Seis años de esfuerzos fragmentados
Hay al menos 86 puntos del país en los que la erosión costera está generando problemas. Desde Punta Soldado, Buenaventura, Valle del Cauca, hasta las playas de Pájaro, en Manaure, La Guajira, todos hacen parte de los lugares identificados en 2017 en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC). En ese documento se estableció que el Minambiente coordinaría a nivel nacional las acciones para mitigar y prevenir sus impactos.
Entonces, de los 86 puntos identificados, se priorizaron 36 considerados como críticos, y, de estos, se seleccionaron ocho en los que había que implementar medidas urgentes: seis en la costa Caribe, uno en el Pacífico y otro más en San Andrés. El plazo que se trazó en el PMEC para implementar estas medidas fue de cinco años, entre 2018 y 2022.
En el informe, el Ministerio de Ambiente asegura que durante ese tiempo se hicieron varias cosas. Una de ellas fue la creación de Medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas (MAbE), un proyecto que busca reducir las presiones sobre sistemas naturales como los manglares, que son claves para la mitigación de la erosión costera. También inició el programa “Un millón de corales”, que busca la restauración de parte de estos ecosistemas en la isla de San Andrés y las costas Caribe y Pacífico del país.
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“Las acciones realizadas en los 8 sitios críticos de erosión costera que requieren atención a corto plazo hacen parte de un abordaje integral, que incluye acciones de disminución de presiones y acciones de restauración participativa en ecosistemas estratégicos para la protección costera”, señala el Minambiente en su respuesta a la Contraloría. Para esa cartera, además, es destacable que estos proyectos han contado con la participación de las comunidades locales en donde se han implementado.
Sin embargo, la Contraloría encontró varias imprecisiones en las acciones que reportó el Ministerio. Por ejemplo, en Pájaro, Manaure, uno de los compromisos establecidos en el PMEC fue rellenar o regenerar la playa que está siendo afectada por la erosión, así como rediseñar la construcción de 14 espolones en el lugar. En cambio, el Minambiente reportó que, en el marco del proyecto MAbE, se están construyendo 180 estufas ecológicas en La Guajira y están capacitando a las comunidades en el uso de estas, con el fin de reducir presiones en los manglares del departamento.
Aunque la Contraloría no desconoce que estas acciones tengan un impacto positivo, señalan que esta no era la acción contemplada inicialmente y que tampoco se reportó un estudio técnico que soportara que debía priorizarse la construcción de estufas sobre la regeneración de la playa.
En otros casos, las medidas reportadas por la cartera ambiental se estarían implementando en lugares que no coinciden con los priorizados o corresponderían a acciones que no tenían como objetivo principal atender el lugar que requería medidas urgentes. “Para cuatro de los puntos críticos priorizados, las acciones desarrolladas no guardaban relación con las propuestas en el PMEC y tres referenciaron medidas en lugares que no coinciden con los reportados en el PMEC y la plataforma de seguimiento al MAbE. En dicho sentido, siete de los ocho puntos, no dieron cumplimiento a lo establecido en el Plan”, señala el informe.
Parte del problema tendría que ver con que las entidades del sector ambiental no se están articulando correctamente para implementar el PMEC. El comité que se creó para hacer seguimiento a estas acciones, afirma la Contraloría, “no se ha reunido frecuentemente” para cumplir su tarea. También, que el rol de coordinación, que debería cumplir el Minambiente, ha sido delegado en gran parte a la UNGRD, algo que “ha desviado el enfoque hacia un manejo de riesgos, en lugar de abordar la erosión costera como un desafío estructural”.
En otras palabras, el informe reconoce que entre 2018 y 2023 se han hecho esfuerzos para mitigar los impactos de la reducción de las costas en el país. Sin embargo, el objetivo central de tomar acciones coordinadas y una planificación de largo plazo a nivel nacional no se estaría cumpliendo, por lo que los esfuerzos fragmentados terminan por incumplir criterios de “economía, eficacia y eficiencia”.
Una política descoordinada
El contrato de 2022 para las obras de protección costera en el barrio El Cabrero, en Cartagena, recibió un presupuesto de más de $20.000 millones. En agosto de ese año, un mes antes de la fecha de entrega de la obra, el contratista solicitó a la UNGRD una prórroga de tres meses para cumplir con el contrato. Argumentaron que, aunque construir las obras tomaba cuatro meses, las actividades previas habían retrasado el inicio del trabajo.
Algunas de esas actividades consistían en entregar medición de calidad del aire, del agua y otros aspectos del ecosistema a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y que esta diera su aval para iniciar la obra. También, un acuerdo de reubicación de trabajadores de Playa 6, lugar que tendría que cerrarse para la construcción, y una autorización de la DIMAR para iniciar con el trabajo.
En diciembre, cuando se cumplía el nuevo plazo para la entrega de la obra, volvieron a solicitar otra prórroga, y en enero de 2023 solicitaron suspender el contrato por dos meses, mientras se resolvían los retrasos en la reubicación de los trabajadores. Después de tres prórrogas y cinco suspensiones del contrato, la entrega de la obra se aplazó hasta el 17 de junio de 2024, más de 21 meses tarde, según el primer compromiso.
De acuerdo con la Contraloría, en un informe de la interventoría de la obra, entregado a finales de 2022, se aseguró que necesitarían $2.400 millones más para terminarla. Después de la última suspensión del contrato, el ente de control no ha recibido más información sobre el proyecto, “lo que incrementa la incertidumbre sobre la fecha de finalización del contrato de obra. (…) Esto agrava la problemática de erosión costera en el Distrito de Cartagena y, con ello, la falta de atención oportuna a un punto considerado prioritario según el diagnóstico realizado para la implementación del PMEC”, se lee en el informe.
Otro ejemplo clave que mostraría la falta de coordinación en el Sistema Nacional Ambiental tiene que ver con la creación de una base de datos unificada y de modelos de análisis para el estudio y la mitigación de la erosión costera. Este fue uno de los compromisos acordados en el Plan y estaba a cargo de la DIMAR. Pero, esa entidad dijo en su respuesta a la Contraloría que este era un objetivo que no cumplía con los criterios técnicos para el análisis de la erosión costera, que era una responsabilidad del Minambiente y que además desconocían que la implementación de esa tarea fuera obligatoria para la entidad.
El Ministerio Público advierte que esta respuesta “resalta aún más el desconocimiento y falta de articulación de la entidad, teniendo en cuenta que esta misma hizo parte del comité técnico que elaboró el PMEC de 2017″, y que fue aprobado e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para su implementación, algo que la DIMAR conocía.
Tras siete años de la adopción del PMEC, se han realizado acciones de mitigación en 15 de los 86 puntos afectados por la erosión costera. En 2020, tras una actualización realizada por el Ministerio de Ambiente, se identificaron 18 puntos más, por lo que ahora serían 104. La preocupación del ente de control es que, además de la falta de cumplimiento de los compromisos planteados en 2017, el plan ya no está actualizado y el riesgo en las zonas costeras sigue aumentando.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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