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En el despacho del Ministerio de Vivienda se trabaja a contrarreloj para culminar los detalles de un proyecto de más de $2 billones con el que el Gobierno Nacional espera solucionar el problema del agua en La Guajira. La propuesta consiste construir un acueducto que conecte a los diferentes municipios del departamento con el inconcluso embalse del río Ranchería, y complementar este sistema de distribución con una serie de plantas desalinizadoras en los puntos de acceso más críticos, cerca del borde norte de la costa guajira.
Ya se abrió la licitación para una consultoría por un valor de $28 mil millones, que durará un poco más de un año. Con ella se espera determinar la viabilidad y los estudios del proyecto.
“La idea es llevar un tubo desde el embalse de Rancherías en diagonal hacia el norte de La Guajira. Son $2 billones, lo cual no es mucha plata en comparación a los billones que salen cada año con la exportación de carbón hacia las empresas del capitalismo mundial”, anunció hace semanas el presidente Gustavo Petro, en su última visita en La Guajira, aunque reconoció que el proyecto tiene problemas técnicos que deben ser resueltos; entre ellos, la posibilidad de que el agua se evapore en los tubos por las altas temperaturas antes de que llegue a las zonas más remotas del departamento.
A pesar de que el proyecto fue anunciado hace meses, la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio —ahora liderada por Helga María Rivas—, este proceso se encuentra en revisión mientras se esudian las más de 400 observaciones que presentaron una decena de empresas nacionales e internacionales interesadas en participar. Por el momento, como conoció El Espectador, tras aplazar la entrega del contrato, se espera que la consultoría sea adjudicada en septiembre de este año para iniciar los estudios de prefactibilidad.
Entra las observaciones, hay una que señala que entre las empresas interesadas en participar se encuentra Tecnoaguas, que perteneció a un consorcio salpicado en el escándalo de la UNGRD en La Guajira. Esta unión temporal, radicada en Santa Marta, se ganó una licitación por $45 mil millones de pesos para construir tres plantas desalinizadoras bajo la dirección de Olmedo López y que, al parecer, presentaban altos sobrecostos.
“De este contrato recibimos una alerta de la Fiduciaria La Previsora, pues se firmó justo en los momentos en los que se liberó el gasto en la UNGRD. Estos dineros no se alcanzaron a entregar y no se girará un peso por las irregularidades en el proceso”, indicó Carlos Carillo, director de la UNGRD a este diario. “En teoría, lo que se viene ahora son las del Ministerio de Vivienda, y se está contando en eso”.
Un nuevo reto para llevar el agua a La Guajira
Uno de los puntos claves del proyecto es concretar el proyecto multipropósito Ranchería que ha sido catalogado como uno de los principales elefantes blancos del país por entes de control. El detrimento patrimonial de este proyecto, a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural, ha sido de más de $600 mil millones, según la Contraloría General, y requirió de un ‘regaño’ hace meses por parte del Consejo de Estado para que se avancen las obras abandonadas. Lo cierto es que, a la fecha, la obra no ha suministrado agua a ningún hogar o empresa en La Guajira.
Recientemente, se han registrado algunos avances, pues la Gobernación inició una iniciativa para utilizar la represa, que se alimenta del principal río de la región, por primera vez en una década, para dar agua a más de 36 mil habitantes de departamento. El éxito de esa idea será, en parte, determinante para la propuesta del Gobierno.
“Lo que se espera es que nos digan si el tubo, que parte de la represa y de otras fuentes de distribución, lo tendremos que construir en determinada zona, entre otras especificidades del proyecto”, indicó un funcionario del Ministerio de Vivienda. La entidad, en este segmento, invertirá más 18 mil millones de pesos en planos, así como estudios de suelos, topografía y de ordenamiento territorial.
La apuesta diferencial son las plantas desalinizadoras, pues, según documentos de entes departamentales, el 90 % de la infraestructura de suministro de agua en la Guajira son jagüeyes (zanjas que recolectan agua superficial) o pozos. Sin embargo, un estudio reciente encontró que las costas de Colombia a un kilómetro del mar serán susceptibles para 2050 a la salinización de las aguas subterráneas y, por ende, a la pérdida de potabilidad, por el aumento del nivel del mar o por la erosión costera; lo que dificultaría estos métodos de recolección y distribución de agua.
Para el desarrollo de estudios de factibilidad se invertirán cerca de $10 mil millones para la construcción de dos plantas, cuyo precio está aún por determinarse.
Según el ingeniero Óscar Rodríguez, experto en esta tecnología, la propuesta de una red de desalinizadoras es la más apropiada para el departamento. “En la Guajira hay grandes distancias entre ciudades, por lo que pensar en transportar es algo costosísimo. En contraste, ese departamento tiene 650 kilómetros de costa, es decir, de acceso al mar, lo que permite pensar en pequeñas plantas de este tipo para abastecer a comunidades en zonas remotas”.
Existen, acepta Rodríguez, algunos problemas con la implementación de este tipo de tecnologías que necesitan una gran cantidad de energía para evaporar el agua y volverla potable, así como posibles impactos ambientales de arrojar agua con una alta concentración de sal a los ecosistemas.
Frente a la idoneidad de este tipo de solución, en contraste, un estudio de 2020 de la Universidad de Los Andes, encontró que, a pesar de las virtudes del sistema desalinización, su alto costo y la integración con otros sistemas de abastecimiento (como el agropecuario) no lo harían la mejor solución.
“Es posible evidenciar que en el caso ser irrelevante el criterio económico, la mejor alternativa sería la desalinización como fuente de abastecimiento de los puntos de producción descentralizado, esto obedece a que esta alternativa cuenta con un desempeño muy importante en la rapidez en la entrada en funcionamiento y en cualquier momento es posible ampliar la capacidad de los puntos de producción descentralizados”, se lee en el estudio, que propone, en su lugar, un acueducto subterráneo en la costa de La Guajira que conecte con los las aguas superficiales del departamento.
Estas controversias deberán ser resueltas por la consultoría en un año. Aun así, el Ministerio de Vivienda parece tener certeza de esta alternativa. En el contrato indicaa que se puede recomendar ampliar el presupuesto general del proyecto de requerirse para asegurar esta solución de agua para el departamento.
Los retos que quedan
Entre las principales preocupaciones que quedan para las empresas interesadas en el proyecto son, cómo se asegurará la seguridad durante la construcción, la flexibilidad para adaptar los diseños que propone el Gobierno, y la posibilidad que se le da a las empresas nacionales de participar en la licitación debido a los altos requerimientos de experiencia específica.
Para el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, “la única forma en que vamos a superar el problema del agua tiene que ir más allá de una buena voluntad del Gobierno Nacional, al que le agradecemos sus acciones, y necesitan de una buena planificación para construir verdaderas soluciones a largo plazo para este departamento”.
Lo que es cierto es que el tiempo para solucionar este problema para La Guajira se acaba pues, según informes del IDEAM, para el 2100 las precipitaciones en el departamento podrían disminuir en un 20 %, generando una gran probabilidad de sequías para el consumo humano y sectores productivos. Lo cual es crítico para un departamento cuya mortalidad infantil es diez veces mayor que el promedio nacional, según datos del INS, y cuya población en un 50 % tiene necesidades insatisfechas por el acceso al agua.
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Por Fernán Fortich
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