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Para las 9:30 de la mañana del martes, 27 de febrero, estaba citada la audiencia de posesión, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de seis investigadores del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann (IIAP), que se desempeñarían como peritos para analizar los impactos ambientales de las obras que la Armada Nacional adelantará en el Parque Nacional Natural Gorgona. (Puede leer: El pleito judicial que podría definir el futuro del proyecto militar en Gorgona)
La designación de este grupo de peritos fue ordenada a mediados de diciembre del año pasado por el magistrado Fabio Iván Afanador, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El objetivo, a grandes rasgos, era que los investigadores del IIAP, una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, revisaran la documentación existente, y adelantaran nuevos estudios en caso de ser necesario, para determinar cuáles serían las afectaciones que tendrían los animales y ecosistemas de Gorgona por cuenta de las obras de la Armada. También tendrían que revisar si el plan de compensaciones elaborado por la entidad “resulta suficiente para garantizar la conservación del ecosistema del PNN Gorgona”.
El documento que resultara del grupo de peritos sería tenido en cuenta por el magistrado para decidir si ordena detener las obras o, si por el contrario, permite que continúen. (Le puede interesar: Gobierno avala obra en isla Gorgona: el debate por la construcción de muelle y radar)
Sin embargo, la posesión de los seis funcionarios seleccionados por el Instituto no se llevó a cabo, pues el magistrado, luego de resolver una recusación contra el IIAP, determinó que se había desfigurado la objetividad e imparcialidad con la que debía actuar la entidad en el peritaje. Pero esta no fue la única decisión que tomó Afanador, quien también informó que prescindía del dictamen pericial para su decisión final. ¿Por qué el magistrado consideró que el IIAP ya no era imparcial y qué lo llevo a desistir de la prueba pericial?
Las publicaciones en redes sociales y el posible beneficio de las obras que “tumbaron” al IIAP
El 12 de febrero, varios ministros y altos funcionarios del gobierno, liderados por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, daban a conocer al país que las obras que la Armada quiere desarrollar en Gorgona contaban con el aval necesario para iniciarse. Desde entonces, los ministerios de Ambiente, Comercio y Defensa comenzaron una intensa campaña en redes sociales, destacando los beneficios que el proyecto le llevaría a la isla y desmintiendo, a su parecer, algunas de las afectaciones ambientales que tendrían las obras en Gorgona.
Durante los días siguientes, las distintas publicaciones circularon en las páginas de Facebook y cuentas de Twitter de varias entidades del Estado, entre esas, las del IIAP. Las redes sociales del Instituto compartieron, al menos 15 veces, las publicaciones que elaboraron los ministerios.
El problema, como lo manifestaron miembros del “Comité Salvemos Gorgona”, quienes radicaron la recusación de los peritos el lunes, 26 de febrero, es que con estas publicaciones, el Instituto y perito delegado por el Tribunal había “actuado de manera anticipada y extraprocesal dando opiniones en diversas redes sociales y optando por una tesis claramente expresada en el proceso y que corresponde en su totalidad a la tesis planteada”, por los ministerios de Ambiente y Defensa, así como por la Anla. (También puede leer: Los impactos ambientales de una minería poco conocida: la de arena)
Estas publicaciones, apuntaron en el escrito de recusación, permitían evidenciar la parcialidad y falta de objetividad del IIAP, ya que, precisamente, el Instituto debía analizar la evidencia disponible y realizar nuevos estudios para emitir un concepto sobre las posibles afectaciones ambientales que las obras tengan en Gorgona.
A criterio del Comité había otra razón que permitía pensar que el IIAP ya no era una entidad independiente para desempeñarse como perito: durante el anuncio del 12 de febrero, se dio a conocer la inversión que se haría para fortalecer un centro de investigación que actualmente hay en Gorgona. Ese centro, expresó la ministra de Ambiente, contaría con la participación de varias universidades del país, así como de algunos centros de investigación adscritos al ministerio: el Invemar y el IIAP.
Este anuncio, explica el Comité en su escrito, generó un nuevo interés por parte del Instituto en el resultado de las obras, pues podrían resultar beneficiados con el centro de investigación.
Para el magistrado Afanador, ambas situaciones descritas por el colectivo se configuraron como causalidades de recusación. En palabras del propio magistrado: “se ha configurado un interés directo por medio del cual, para el despacho, se desfigura la objetividad e imparcialidad verificada al inicio, en la medida que la entidad será beneficiaría del programa de investigación, lo cual podría condicionar su concepto en la medida que el desarrollo puede afectarlos o favorecerles”.
Tribunal desiste de los peritos
Tras anunciar que se relegaría de las labores de peritaje al IIAP, el magistrado informó que también decidía prescindir de la práctica del dictamen pericial. En palabras más simples, que para tomar una decisión sobre el futuro de las obras en Gorgona ya no iba a requerir de un informe elaborado por expertos.
“Pese a todas las labores desplegadas para lograr el recaudo de la prueba no ha sido posible (designar peritos) porque se han dado restricciones de orden científico y procesal”, dijo Afanador durante la audiencia del martes. Y es que, como dijo el magistrado, se han presentado varias situaciones que no han permitido que se designe y posesione un grupo de expertos que puedan cumplir con los objetivos.
A lo largo de varios meses, el Tribunal ha buscado universidades que cuenten con expertos apropiados que sirvan de peritos y elaboren los documentos solicitados que se tendrán en cuenta para tomar una decisión. En primer lugar, se buscó a la Universidad Nacional, pero esta institución respondió que sus profesores no tenían experiencia demostrable en los temas que debían investigar.
Luego, el Tribunal optó por la Universidad del Valle. El plantel educativo respondió que contaba con los profesionales apropiados para la labor. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la Anla recusaron esta decisión, pues consideraban que la Universidad no sería imparcial, ya que varios de sus docentes integran el Comité Científico del Parque que, como hemos contado en varios artículos, se oponen a la construcción de la obra.
El magistrado Afanador consideró que el Ministerio y la Anla tenían razón y optó, finalmente, por el IIAP, con el final que ya se explicó.
Ante la decisión del tribunal de prescindir de un dictamen pericial, Andrés Pachón, abogado y vocero del “Comité Salvemos Gorgona”, puso a disposición al colectivo para “encontrar el perito que cumpla con esas condiciones de objetividad”, y resaltó que hay varias universidades que podrían desempeñar ese papel, como la Javeriana, los Andes y la Industrial de Santander.
Para este abogado, el peritaje “es útil, necesario y pertinente” para que el tribunal cuente con la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión que considera clave.
Mientras se conoce si el magistrado acepta la oferta de Pachón, Afanador también deberá resolver una solicitud de medidas cautelares interpuesta por el mismo Comité. El colectivo pide que las obras no empiecen hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el futuro de las mismas. Por el momento, el juez convocó a una nueva audiencia para el viernes, 5 de abril.
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