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En 2016, la Corte Constitucional de Colombia decidió reconocer al río Atrato, uno de los más importantes del país, como sujeto de derechos. Dentro de las consideraciones que tuvieron en cuenta los magistrados se encontraban los derechos bioculturales, una gran novedad en este tipo de procesos, y otros como el derecho al acceso al agua, la vida, la salud y el medio ambiente. La sentencia T-266 se convirtió en un hito más allá de la jurisprudencia, porque reconoció que existe una relación entre la naturaleza y las comunidades que viven en la cuenca del río. (Le puede interesar: La ruta amenazada de los bagres amazónicos)
Pero, esto no es algo que pase muy a menudo. Aunque hace algunos años, en la primera década de los 2000, se empezaron a desarrollar estudios que buscaban reconocer otras formas de valorar la naturaleza, aún se siguen tomando decisiones basadas en los beneficios económicos que pueden obtenerse de la naturaleza. Los investigadores decidieron llamarla “crisis de valores” y es una de las razones por las que actualmente el mundo enfrenta una crisis climática.
La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) reunió a una selección de 80 investigadores principales de 40 países, y alrededor de 1.000 colaboradores, con el fin de entender esta problemática y plantear algunas soluciones. Allí, encontraron que la relación que tienen algunas comunidades con la naturaleza, que es justamente lo que reconocen los derechos bioculturales, es algo que se ha excluido sistemáticamente a la hora de tomar decisiones sobre proyectos de infraestructura, explotación de recursos e incluso en algunos de conservación ambiental.
Desde 2018, cuando se empezó a reunir al equipo de investigadores, se revisaron 50.000 documentos dentro de los que hay artículos académicos, políticas públicas y recopilaciones de conocimientos tradicionales de comunidades. Aprovechando la presencia de autores de diferentes países, revisaron publicaciones en varios idiomas. Además, hicieron talleres comunitarios en varias partes del mundo para recoger enfoques que no se encontraran dentro de la academia o las instituciones. (También puede leer: ¿Cuáles son los impactos de las especies invasoras, como los hipopótamos o la trucha?)
Paola Arias-Arévalo, economista ecológica, profesora del departamento de Economía de la Universidad del Valle y una de las autoras del estudio, explica que encontraron por lo menos 50 enfoques diferentes para valorar la naturaleza, dejando a muchos otros por fuera. Con estos crearon una tipología y analizaron qué tan recurrentes son en la toma decisiones.
“Uno de los resultados que llama la atención es que, de los estudios que se revisaron, solo el 5 % se utilizan en la toma de decisiones”, cuenta la investigadora. Y de estos, un 74 % son investigaciones que dan valor a la naturaleza por los beneficios económicos que se pueden obtener de esta. Mientras tanto, apenas un 20 % son de enfoques que reconocen el valor de la naturaleza sin importar si tiene utilidad para las personas o no, y solo 5 % reconocen la relación que puede tener con las comunidades, como en el caso del río Atrato.
Para Gabriel Nemogá-Soto, descendiente de la nación Muisca, ph. D. en Ecología de la U. de California y otro de los autores del estudio, llegar a este punto es el producto de un distanciamiento entre el ser humano y la naturaleza. “Todo el sistema productivo se enfoca en la creación de mercancías para el intercambio. Entonces, esos objetivos inmediatos de hacer dinero o la búsqueda de la ganancia hacen que cualquier elemento pase a destinarse primero al logro de un equivalente en dinero, antes que a pensar en las consecuencias y en las relaciones que son ancestrales y que mantienen un equilibrio, una relación viable con la naturaleza”, apunta. (Le recomendamos: Los ecosistemas costeros correrían riesgo en caso de que la temperatura aumente)
Ahí es donde se hacen evidentes las relaciones de poder, de acuerdo con Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y codirectora de la investigación: unas personas, generalmente con poder económico o político, tienen más peso en las discusiones y decisiones sobre la biodiversidad, aunque vaya en contra de lo que creen las comunidades afectadas por esas decisiones. “No se ha integrado la biodiversidad a las discusiones sobre el bienestar colectivo, porque se ha visto desde el utilitarismo”.
Dentro de los 50.000 documentos revisados, solo el 1 % tuvieron en cuenta las formas de valorar la naturaleza de personas y comunidades que se verían afectadas por la decisión. En las demás, apenas hicieron parte como una fuente de información o simplemente no fueron tomadas en cuenta.
Esto es paradójico, porque los estudios “de carácter transdisciplinar, donde las comunidades participan en el planteamiento de los objetivos, en las metodologías, suelen tener un mayor impacto en la toma de decisiones, porque generan mejores resultados, tanto para la naturaleza, como para las personas”, apunta Arias-Arévalo. (Le puede interesar: Especies invasoras como los hipopótamos, responsables (en parte) del 60% de las extinciones)
Los conflictos medioambientales
Esta investigación, que hizo parte de un informe presentado por la IPBES y que ya fue aprobado por sus 143 miembros, ya dio el que se plantea como el primer paso para cambiar la forma en la que se valora la naturaleza: reconocer que existen enfoques diferentes.
En adelante, la tarea no parece nada fácil. Unai Pascual, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y líder del estudio, dice que es clave este reconocimiento para entender que “la toma de decisiones debería ir mucho más allá de lo que el mercado pueda indicar”.
Pero, allí es donde la implementación de nuevos enfoques tiene su mayor reto por los conflictos que existen entre estos. Pascual lo resume en que “no podemos comparar el valor económico de la captura de carbono en un bosque frente al valor que le da una comunidad indígena a su relación con ese bosque”.
Cuando entran a participar otros enfoques, se crea un conflicto en el que “alguien tiene que perder”, apunta Arias-Arévalo. Generalmente, pierden quienes tienen menos poder. La apuesta de la IPBES es integrar nuevas metodologías en la toma de decisiones, que contemplen la participación de las comunidades y que tengan en cuenta sus formas de valorar la naturaleza, aunque no se puedan medir con números.
“Hay que construir marcos más innovadores donde se escuche a las comunidades locales, donde se escuche a las mujeres, donde se escuche a los distintos grupos de interés que tienen una visión particular de la biodiversidad”, apunta Baptiste. Con esto es posible entender el alcance de las relaciones entre la naturaleza y las personas para ponerlas en una balanza. En esa balanza es en la que tendrá que haber perdedores.
En donde generalmente ha existido un sesgo para inclinar la balanza hacia los intereses de los programas productivos, dicen los investigadores, habrá que tomar decisiones coherentes con la crisis climática. A esto, Baptiste le añade que la visión utilitarista también ha excluido a la ciencia, por ejemplo, cuando plantea plazos de restauración que no convienen al Estado o al desarrollo.
“Para resolver los problemas de insostenibilidad en la que se encuentra el planeta, es fundamental tener en cuenta una gran diversidad de valores sobre la naturaleza, mucho más allá de los valores del mercado, que son solo una pequeña parte”, finaliza Pascual.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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