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Por tercer año consecutivo, Colombia volvió a ser el país más letal para las personas que defienden el ambiente y la tierra, según el más reciente informe de la organización Global Witness, que se publicó este martes 16 de septiembre. “Para nosotros es lamentable que Colombia, un año más, tenga este deshonroso honor”, dice Laura Furones, autora principal del reporte, que desde 2012 intenta mostrar el panorama mundial de estos homicidios y sus consecuencias.
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La organización señala que durante 2024, en el mundo fueron asesinadas 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente, lo que equivale a que, cada semana, mataran entre uno y tres líderes. De ese total, un tercio, es decir, 48, fueron reportados en Colombia (cuatro eran mujeres). Si bien las cifras globales de este año son más bajas que las reportadas en 2023, cuando se documentaron 196 asesinatos, para la organización esto no representa un “indicador de mejora en la situación de las personas defensoras”.
Una de las explicaciones que da luces sobre la disminución de los casos, indica la entidad, es la falta de denuncias. “Sabemos que muchos ataques no se dan a conocer a las autoridades, por lo que es probable que esta cifra esté por debajo de la realidad”, precisa el informe que, además, detalla que esta falencia es un problema a escala mundial, especialmente en Asia y África.
En Colombia, por ejemplo, investigaciones recientes han revelado que el silencio frente a estos crímenes es una realidad que también se repite en el país, la cual muchas veces es motivada por el miedo a denunciar. “Es probable que el número de represalias documentadas sea inferior a la cantidad de ataques que realmente sufren los defensores y defensoras”, se lee en el informe.
A los ojos de Furones también es clave resaltar que las altas tasas de impunidad han jugado un factor determinante para que numerosas víctimas desistan de acudir a las autoridades, al sentir que sus casos no se resolverán. En Colombia, el Programa Somos Defensores ha hecho un trabajo de monitoreo sobre la situación de líderes ambientales y sociales. Sus bases de datos muestran que, en el país, que continúa siendo el más peligroso para quienes defienden el ambiente y el territorio, solo el 5,2 % de los asesinatos ha sido resuelto en los tribunales. Esto quiere decir que del 94,8 % de los homicidios no se sabe nada.
¿Qué pasa en Colombia con los defensores ambientales y de la tierra?
El 16 de marzo de este año, al menos 30 disparos sonaron en la vereda de Bodega Alta, en Toribío, Cauca, donde viven cerca de 350 familias. La rutina de sus habitantes se vio interrumpida por un grupo de disidentes que buscaba reclutar a un joven de la comunidad indígena nasa. La lideresa indígena Carmelina Yule Paví, como acto de resistencia, motivó a sus vecinos a impedir que el grupo armado se llevara al adolescente. Este gesto desencadenó una oleada de violencia.
Los tiros dispersaron a la multitud. Algunos corrieron para ponerse a salvo. La lideresa, por su parte, se refugió detrás de un muro de ladrillos en el antejardín de una vivienda. En un instante de descuido levantó la cabeza y uno de los hombres armados le disparó. Aunque alcanzó a ser trasladada con vida, primero al hospital de Toribío y luego a uno de Cali, falleció a los 52 años.
El asesinato de Yule Paví es apenas una muestra del riesgo que enfrentan quienes se dedican a la protección del ambiente en Colombia. De acuerdo con cifras de Global Witness, en el país se han registrado 509 homicidios de este tipo entre 2012 y 2024. Si bien, comparado con los 79 crímenes documentados el año anterior, hay una disminución en los ataques contra defensores, para el Programa Somos Defensores esta reducción no necesariamente significa una caída real de la violencia.
La situación de Colombia para Furones combina una serie de variables. Por un lado, explica, el país arrastra una historia de violencia que todavía no logra superar. Por el otro, añade, más campesinos, comunidades indígenas y sectores de la sociedad civil reclaman sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales, y esas exigencias los convierten en blanco de agresiones más violentas. A este panorama se suma el fortalecimiento del crimen organizado. “Son muchos los aspectos que llevan a que Colombia vuelva a ocupar el primer lugar”, anota.
La organización manifiesta que en Colombia le inquieta principalmente la situación del Cauca. En esta región, la mezcla de cultivo de coca, el tráfico de drogas y la lucha armada ha generado un escenario de riesgos para las personas defensoras y las comunidades, quienes quedan atrapadas en el conflicto y se enfrentan a mayores peligros. De hecho, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH-Colombia) ha mostrado su preocupación por los asesinatos de líderes indígenas en esta zona, sobre todo aquellos cometidos por grupos ilegales que se disputan el control de los territorios.
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Esta situación se ve reflejada en el informe, que muestra que las disputas por la tierra siguen impulsando la violencia en el país, pues 20 de las personas asesinadas en 2024 eran campesinos y 19 pertenecían a comunidades indígenas, incluidos 13 integrantes de la comunidad nasa en la región del Cauca. “Al menos seis de estas personas defensoras nasa eran guardias indígenas o formaban parte de las autoridades indígenas destinadas a proteger su territorio y sus derechos sobre la tierra”, se lee en el documento.
Jani Silva, quien nació en el corazón de la Amazonía colombiana y ha dedicado su vida a defender tierras y bosques esenciales para toda la humanidad, cuenta que muchas veces los defensores del ambiente se dedican al activismo “porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados”. Uno de sus principales logros ocurrió en el año 2000, cuando promovió la creación en Putumayo de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, una de las primeras reservas campesinas protegidas de Colombia.
Para Silva, quien lleva años sufriendo acoso y amenazas, muchas de las personas que asumen la labor de defender el territorio no lo hacen por decisión propia. Ella y su organización, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), viven desde hace 11 años bajo protección, luego de recibir una serie de amenazas de muerte y un intento de asesinato.
Un repunte de los casos de desaparición
El informe muestra que, una vez más, la minería es el sector más letal, con al menos 29 casos relacionados en 2024. Furones, de Global Witness, comenta que los datos recopilados por las organizaciones, con los que elaboran el documento final, señalan que “las protestas contra proyectos mineros revierten muchas veces en violencia sobre los territorios”. Sin embargo, enfatiza en que no se pueden perder de vista que otros sectores también se han convertido en escenarios peligrosos para los líderes, como la tala forestal, la agroindustria o los proyectos de construcción de carreteras e infraestructuras.
Otros datos clave que publica Global Witness es que, durante este año, un tercio de las personas asesinadas o desaparecidas en todo el mundo eran indígenas o afrodescendientes (48 y 2, respectivamente), mientras que otro tercio eran campesinas (54). Además, el 10 % de todas las personas defensoras asesinadas (13) o desaparecidas (1) eran mujeres. El panorama más crítico está en México, donde se presentaron cinco de estos casos.
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Así mismo, el informe destaca que América Latina volvió a ser la región más letal, con un total del 82 % de todos los casos documentados en 2024. “Es la zona de mayor proporción de casos cada año durante más de una década”, enfatiza la entidad y puntualiza que aquí, cerca de 1.000 personas defensoras han sido asesinadas o desaparecidas desde la adopción del Acuerdo de Escazú.
En la elaboración del informe, hubo un punto que llamó la atención de los autores: en los últimos meses han observado cómo la agenda mundial en materia de ambiente y derechos humanos se ha retrasado, diluido o eliminado por completo. Por ejemplo, expone Furones, Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París y el Consejo de Derechos Humanos, mientras que la Unión Europea ha debilitado recientemente la legislación para proteger a las personas defensoras de los abusos ambientales y de derechos humanos causados por las empresas.
Entre las recomendaciones que ofrece el informe a los gobiernos está fortalecer la rendición de cuentas, proteger a las comunidades defensoras, regular la actuación de empresas y Estados y combatir la impunidad. Para Furones, a pesar de que todos los años es complejo el panorama de los defensores y que son muchas las muertes por lamentar, no se puede perder de vista que sigue habiendo un esfuerzo colectivo muy fuerte y que hay un compromiso grande por la protección del planeta.
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“Esto debe llevarnos a una visión optimista”, dice. “Hay mucho trabajo por hacer”.
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