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Los parques nacionales naturales de Colombia abarcan más de 23 millones de hectáreas protegidas —es decir, el 20 % del territorio nacional— lo que equivale a poco menos de la superficie de países como Ecuador o Rumania. La enorme extensión de estas áreas contrasta con el número de personas encargadas de protegerlas: poco más de 660 guardaparques. Si quisiéramos promediar, cada uno de ellos se encarga de la protección de 38,000 hectáreas. Es difícil imaginar la dimensión de eso: es como si usted tuviera que encargarse de 53,000 campos de fútbol. O si, para recorrer el perímetro de su jardín, tuviera que caminar 400 kilómetros, la distancia aproximada que hay entre Bogotá y Medellín.
“Lo que hemos logrado en conservación se lo debemos a ellos, que pasan tres semanas en el parque y otra semana descansan con su familia al mes, lo cual es una forma de vida dedicada a la conservación. Los parques no se cuidan solos, estas áreas requieren de un esfuerzo enorme y complejo que implica la logística de las operaciones y del trabajo de nuestros guardaparques”, dice Luisz Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales.
La tarea titánica de los guardaparques nunca ha sido sencilla. A pesar de que las áreas protegidas en Colombia son sitios en donde se resguarda gran parte de la biodiversidad del país, muchas de ellas han estado marcadas por el conflicto armado. En 2023, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estimó que en un 20 % de los parques naturales hay presencia y control de los grupos armados al margen de la ley, “lo cual está directamente relacionado con la dificultad de realizar las labores de conservación por parte de los equipos de las áreas protegidas, las comunidades vinculadas en los procesos y los líderes y lideresas ambientales”, se puede leer en el informe de Parques Cómo Vamos 2023.
La violencia ha cobrado la vida de 17 guardaparques de PNN en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1980 y 2020. Eso, advierte el informe Cómo Vamos, sin contar las amenazas, desplazamientos y exilios que aún no han sido documentados y que vienen afectando el estado de conservación de estas áreas y las condiciones sociales, culturales y económicas de las comunidades rurales.
“En el Parque Farallones, cerca de Cali (donde ahora mismo se realiza la cumbre sobre biodiversidad COP16, la más importante del mundo), en medio de las tareas contra la minería ilegal de la zona, unos desconocidos incendiaron nuestro campamento como retaliación. Nos tocó armar carpas y dormir en el suelo que estaba contaminado con mercurio. Son muchas las situaciones nada fáciles las que toca vivir”, contó Gustavo Rodríguez, funcionario de Parques Nacionales Naturales.
Esta violencia, sin embargo, no es la única adversidad que tienen que vivir los guardabosques. La mayoría de los guardaparques tienen puestos de operarios, con labores técnicas de campo, y, en promedio, pasan tres semanas en el parque y otra semana descansan con su familia al mes. Esta carga laboral, sumada a otros factores, según asociaciones de guardaparques, está afectando su calidad de vida.
En medio de este contexto, cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de los guardaparques, reformando el sistema que reglamenta sus actividades El objetivo es darles más herramientas para mejorar la conservación natural de los parques nacionales que alberga ecosistemas en alto riesgo, pero hay dudas sobre cómo busca hacerlo y si se podrá aplicar en los territorios.
La deuda de proteger a los que protegen a la naturaleza
El panorama de retos de los parques nacionales no es fácil. De los 60 que existen en Colombia, en 15 se reportan actividades como la minería ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos de uso ilícito. 45 de ellos albergan ecosistemas con algún grado de amenaza, 35 con ecosistemas vulnerables y 17 en peligro crítico. Que estas áreas cuenten con una protección especial no las ha excluido de este tipo de amenazas.
Se calcula, además, que según el más reciente informe de Parques Cómo Vamos, que en la última década se talaron más de 9.600 hectáreas en el PNN Chiribiquete, quizá una de las zonas protegidas más emblemáticas del país. Estos desafíos ocurren en medio de una inversión nacional e internacional, promedio, de 44 millones de dólares al año al Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales (SPNN) —aunque el presupuesto asignado este año para Parques (la entidad) registró una caída del 35,1 % en comparación a 2023—.
Esto es muestra de que para proteger estas áreas protegidas no basta solamente con abarcar amplías áreas (aunque el tamaño de la protección sí parece impactar) y de asignación de recursos, sino de las personas dedicadas a hacer esa conservación, es decir, y en especial, de la labor de los guardaparques.
La principal iniciativa de reforma al sistema de guardaparques, que cuenta con más de dos años de concertación, es liderada por la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) —quien estuvo al frente de Parques Nacionales durante más de 17 años— y cuenta con un gran apoyo del Gobierno Nacional. La propuesta busca “establecer el sistema de carrera administrativa para el personal de guardaparques en Colombia”. Esto responde a que estos funcionarios, a diferencia de los policías y los bomberos, no tienen un sistema administrativo diferencial para sus condiciones, lo que generaba demoras, por ejemplo, en temas de ascensos o a la hora de pensionarse por la particularidad de sus trabajos.
“Cuando me desempeñé como directora de Parques Nacionales, me di cuenta, de primera mano, de la necesidad de un marco normativo laboral que fuera apropiado para las actividades que realizan los guardaparques, incluyendo las actividades de conservación y dónde y cómo las realizan”, indicó Julia Miranda, en un foro sobre este tema en la COP16.
En este momento, de hecho, de los más de 660 guardaparques, la gran mayoría hacen parte de carrera administrativa, mientras que otros son provisionales, es decir, funcionarios en etapa de prueba para los cargos. Esta labor es complementada por cerca de 1.400 contratistas que desarrollan diferentes actividades en las áreas protegidas.
Para mejorar las condiciones de los guardaparques, el proyecto le apunta a mejoras salariales. De acuerdo con cifras oficiales de Parques Nacionales, la mayoría de los guardaparques, que no son profesionales, ganan entre 2 y 3 millones de pesos. Aquellos que cuentan con título de posgrado pueden ganar hasta $5,7 millones. El tema salarial es una de las principales quejas de los guardaparques en Colombia y en el mundo, pues, según el ‘Estado del Guardaparques 2024′, de la Federación Internacional de Guardaparques, cerca de la mitad de los guardabosques encuestados señala que no tienen oportunidades de aumento de sueldo o de promoción a un puesto mejor.
Para responder a esta problemática, el proyecto de la senadora Miranda propone dos primas para los guardaparques en Colombia. La primera consiste en reconocer “las especiales condiciones en las cuales se deben ejercer funciones de policía administrativa, de inspección, vigilancia y control por parte del cuerpo de guardaparques del área protegida”. La segunda, por su parte, atiende a “la continua exposición a condiciones climáticas, ambientales, sanitarias y de aislamiento constante respecto del núcleo familiar”.
Con estas nuevas reglas, los guardaparques recibirían dos salarios mensuales más al año. Sin embargo, no se trata de un asunto tan sencillo, pues estas primas serían calculadas de acuerdo con los días en que el guardaparques esté efectivamente en el área protegida, en lo que sería un incentivo para asegurar su permanencia en los parques. En este punto existen algunas dudas sobre la efectividad y flexibilidad de estas primas.
“No es lo mismo trabajar en el Cocuy que estar haciendo inmersiones en Malpelo, en operaciones técnicas que son completamente diferentes. Una de las propuestas es que se desarrollen primas específicas según la actividad que desarrolle el funcionario”, explica Carlos Aguilar, guardaparques de Colombia.
No es la única medida financiera. El proyecto también busca brindar algunas facilidades con la pensión, al establecer el requerimiento de 25 años de servicio y, entre otros aspectos administrativos, tener 50 años para el caso de las mujeres y 55 para los hombres.
Otro de los elementos centrales del proyecto es la creación de una Escuela de Guardaparques, que busca profesionalizar a los funcionarios y capacitarlos para sus funciones. Esta escuela estaría vinculada a Parques Nacionales Naturales, que sería la encargada de los procesos de inducción, así como las formaciones que recibirán periódicamente los guardaparques. Con esto se busca, según los organizadores del proyecto, modernizar al cuerpo de funcionarios de la entidad y prepararlos para las labores diarias.
¿Cuánto costarían esas primas, la creación de esta escuela y las demás medidas que propone el proyecto? De acuerdo con el director de Parques, Luisz Olmedo, “se trata de un proyecto con impacto fiscal de alrededor de $5 mil millones, es decir, 0,000000001 % del Presupuesto Nacional”. Para compensar el incremento de gastos, el proyecto se propone modificar los porcentajes de presupuestos de inversión y de funcionamiento.
Estos últimos corresponden al dinero que es utilizado para atender la operación de la entidad, mientras que el primero se refiere a esas inversiones que buscan mejorar su productividad. Según la iniciativa legislativa, en los últimos años, cerca de $15,4 mil millones del presupuesto de inversión no se han utilizado. Este monto podría destinarse a cubrir las dos primas extralegales, que ascienden a $3.200 millones, así como los gastos adicionales de desplazamiento ($634,8 millones) y alimentación ($292,1 millones), además del régimen pensional especial, que requiere $35,9 millones. Es importante destacar que estos son recursos anuales necesarios, y que, en el caso de alimentación, desplazamiento y pensiones, representan fondos adicionales a los que ya se utilizan. Por ejemplo, actualmente, los guardaparques requieren $53,3 millones para sus pensiones. Sin embargo, el proyecto sugiere que se necesitarían $35,9 millones adicionales, lo que elevaría el total anual a $89,2 millones.
“Estas cifras sugieren que la propuesta de proyecto no generaría un costo adicional, sino que podría financiarse mediante una redistribución del gasto existente para acomodar su costo”, se lee en el proyecto de ley.
A pesar de la concertación que tuvo el proyecto de la representante Miranda, hay sectores de la entidad que han expresado su preocupación por ciertos apartes del proyecto. Como indica Nery Londoño, presidenta nacional del Sindicato de Trabajadores de Parques (Sintraparques), “aunque reconocemos la importancia de que se ponga en la agenda a los funcionarios de Parques, no responde los problemas fundamentales de la entidad. Por ejemplo, no aborda el problema de los 200 cargos vacantes en la entidad”.
Londoño asegura que es peligroso reducir los gastos de inversión, que se necesitan en las áreas protegidas y otros activos de la entidad. “Además de esto, en el artículo 4 se abre la puerta para que familiares se vayan a vivir con los guardaparques con sus familiares, en algo que no sé qué tan pertinente es por razones de orden público, convivencia y riesgo legal de la Entidad sobre ese grupo familiar”, indica Londoño, quien agrega que el proyecto excluye al personal administrativo de la entidad, que también es importante en la protección de las áreas naturales.
La deuda con la seguridad de los guardaparques
Uno de los elementos quizá más críticos del proyecto de ley de Miranda es que no se menciona cómo se mejorará la seguridad de los guardaparques. De acuerdo con las asociaciones de estos funcionarios, las amenazas que viven son constantes y permanentes, lo que afecta la seguridad de las personas y la protección de los parques.
“Aunque no es información que trasciende mucho por situaciones de seguridad, los principales problemas de seguridad en Parques Nacionales Naturales son en las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y en el Pacífico. En áreas como en El Tuparro (Vichada) o en La Paya (Putumayo) hay complejidad para entrar y realizar las labores”, explica Carlos Aguilar, guardaparques. “Muchos compañeros toman el tema del riesgo público como parte del paisaje, sean amenazas, hostigamientos o panfletos. Algunos dicen ‘así se trabaja en parques”.
Desde los sindicatos de Parques Nacional Naturales se ha criticado que, a pesar de que existen protocolos para amenazas a guardaparques, estos no son efectivos para garantizar su seguridad de manera efectiva. “En este momento, la entidad lo que hace, cuando conoce que un funcionario está amenazado, es trasladarlo, en un proceso que puede tomar meses. No se ha pensado, por ejemplo, en hacer convenios con la Unidad Nacional de Protección para atender con más prioridad estos casos, pues en este momento los guardaparques entran en la misma bolsa de todos los amenazados que hay en el país”, explica Londoño.
El Espectador consultó a Parques Nacionales sobre qué está haciendo para mejorar estas condiciones de seguridad de los guardaparques. “Hoy en día gran parte de las mayores afectaciones a los ecosistemas ocurren en donde grupos armados al margen de la ley impiden procesos de conservación fuertes y dinámicos. Apostamos a que los diálogos de paz avancen con diferentes actores, así sea una paz imperfecta. Además de esto, necesitamos que la sociedad acompañe la labor del guardaparque y se reconozca la importancia de su labor”, indicó Olmedo, de PNN.
Vale señalar que gran parte de los postulados del proyecto de ley deben pasar tanto la discusión por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes como la reglamentación por parte del Gobierno Nacional, lo que marcará el impacto específico del proyecto. Además, la propuesta de Miranda no es la única que cursa sobre este tema en el Congreso.
Otra iniciativa legislativa, liderada por el Centro Democrático, busca darle una personería jurídica a la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el objetivo de darle a la entidad mayor autonomía financiera, para la contratación y nuevas formas de acceder recursos.
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Por Fernán Fortich
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