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A partir de este lunes, y por primera vez, el Banco Agrario dejará de financiar proyectos productivos en áreas protegidas. Así lo anunciaron el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, y el de Ambiente, Carlos Correa, desde Puerto Gaitán (Meta).
En otras palabras, el banco estatal que más emite créditos a pequeños campesinos (con $4,17 billones desembolsados a empresarios del campo en 2020 y $2,17 billones a pequeños usuarios) ya no entregará un peso a actividades que impliquen talar bosques en zonas de protección natural, zonas de reserva forestal y parques naturales.
La circular interna que regula la entrega de créditos del Banco Agrario a campesinos no es pública, pero su director Francisco Mejía explica así la medida: el Banco Agrario ratifica que no va a financiar proyectos en zonas protegidas de Colombia. En diciembre del año pasado ya había emitido una circular con “controles estrictos” para no originar créditos en áreas protegidas. Estos controles incluyen una base de datos del Ministerio de Ambiente de cédulas catastrales de predios que están en Parques. Para los predios sin títulos legales, los directores de las oficinas regionales consultarían la base de datos de veredas en zonas protegidas para verificar que el predio que solicita el crédito no está en esas veredas.
“Por primera vez en cualquier parte el país que implique tala de árboles. Si un funcionario del Banco Agrario va a talar para sembrar 2 o 5 hectáreas de fríjol o maíz, le va a decir que ese proyecto no es financiable”, asegura Mejía. También se deberá firmar un contrato en donde quien solicita el crédito se comprometa a no talar. En caso de hacerlo, deberán devolver el crédito completo al banco.
La decisión forma parte de la lucha gubernamental contra la deforestación, y aunque en la rueda de prensa se omitió decirlo, la decisión se tomó para corregir los incentivos económicos que estaba dando el Banco Agrario a personas con órdenes de captura en Fiscalía por el delito de deforestación, incendio, tala de bosque, etc. Por ejemplo, el diario El Tiempo recogió un testimonio de un sindicado a quien el banco le había prestado $16 millones para un establo y pastizales, y que está en las listas de la Fiscalía.
En papel la decisión suena muy bien. Carlos Pedraza, ingeniero forestal de Earth Big Data, dice que “aunque llega tarde, es una manera radical de atajar el problema. Hay que mirar caso por caso, dado que el aprovechamiento forestal (o sea, talar bosque para darle un uso) no es necesariamente negativo, y por lo general la deforestación dura no la hace el pequeño campesino”.
Otros expertos en manejo de bosques y economías campesinas tienen reparos frente a la medida. Camilo Vargas*, un ingeniero forestal que lideró programas de conservación de bosques (*pero que por su trabajo actual prefiere usar un nombre ficticio), dice que el Estado colombiano ha incentivado la deforestación desde hace mucho tiempo.
Por ejemplo, en el informe “La tierra no basta”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, se reseña que desde 1960 el Estado colombiano impulsó la colonización de los bosques amazónicos. En cabeza de la Caja Agraria y después del Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) se invitaba a familias campesinas a “tumbar monte” gracias a una serie de incentivos: se les entregaban 50 hectáreas en promedio, materiales de construcción y cierta cantidad de cabezas de ganado por hectárea talada. Así fue que por lo menos 1’395.000 hectáreas de selva en Caquetá fue desmontada en donde hoy está Belén de los Andaquíes o San Vicente del Caguán.
En departamentos como Putumayo se repite la historia y solo hasta 2017 la norma colombiana cambió. Con el Decreto-ley 902 (el llamado fast track) un campesino ya no tiene que demostrar que un predio es suyo al demostrar que explota tres cuartas partes de su tierra.
“Si uno es un productor y va a Finagro a preguntar por algún incentivo para la extracción forestal le dicen que claro, que el crédito es libre, entonces puede cuidar el bosque o sembrar la yuca. Pero creo que esta es una decisión equivocada: la solución no es quitando créditos a pequeños productores que a lo mejor quieren cuidar bosque para explotar un pedazo, sino dándoselos para que lo hagan y tengan tanta ventaja como el que cultiva palma o caña”, dice el experto.
Según él, el bosque no es considerado como un producto agrícola o como un aporte económico, y aunque sí aparece en la Ley 101 de 1993 (aquella que dice cómo hacer productivo al campo colombiano) su mención es fugaz: “La explotación forestal y la reforestación comercial son consideradas actividades agrícolas”. Eso es todo. “Muchas áreas protegidas permiten ciertas actividades pecuarias o pesqueras para comunidades étnicas, pero también para campesinos que viven allí. ¿No se les va a permitir acceder a dineros legales para hacerlo bien?”.
Algo de razón tiene. Solo en Parques Nacionales viven cerca de 300.000 personas. Además, los parques son apenas una figura de ordenamiento ambiental para un área protegida, y no todos son iguales. En algunos se permiten actividades como el ecoturismo o el cultivo, en otros casos no se puede entrar, y en algunos hay predios privados dentro de los parques que ya estaban ocupados antes de que se declarara el área protegida.
Para Visnu Posada, profesor del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN, la decisión es preocupante, porque el Banco Agrario está usando la información de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) para determinar si una vereda se traslapa con un área protegida, y esta autoridad no es competente para eso. “Hacer el trazado de límite de las veredas es una tarea de los municipios, que tienen a veces poca capacidad técnica y planes de ordenamiento territorial enfocados en lo urbano. Entonces si una vereda tiene cierta parte dedicada a conservación y otra a producción, pero la vereda se traslapa justo con un área protegida, pues ya no hay acceso a créditos”.
Otras figuras de ordenamiento territorial ambiental, como los Distritos de Manejo Integrado o las Zonas de Reserva Campesina (e incluso los Parques Naturales) están zonificados. Es decir, que en cierto número de hectáreas se puede cultivar o meter ganado, y en otras partes no. El problema es que se asuman las “áreas protegidas” como una categoría homogénea, con limitaciones totales de uso.
“Digamos que tengo una reserva de la sociedad civil, la categoría más laxa de protección ambiental. Hay partes que dedico a cultivar y en otras dejo el bosque quieto. Pero en mi matrícula inmobiliaria (el documento que presento ante la Superintendencia de Notaría y Registro para legalizar mi propiedad) dice que soy un área protegida. Así, sin matices. Entonces el Banco Agrario revisa sus bases de datos y ve eso: “Limitación por área protegida”, y no me da el crédito”, explica Posada, quien dice que negar créditos es una nefasta estrategia para la conservación.
Dado que el acceso a la propiedad privada rural es tan escaso, el banco también recibe una carta de venta, una certificación de la junta de acción comunal o las escrituras sin notariar, “pero si eso se convierte en limitante para acceder a un crédito me parece grave. Empuja a las personas, tal vez sin querer, a las economías ilícitas que realmente deforestan estas regiones”.
Funcione o no la decisión del Banco Agrario para luchar contra la deforestación, queda claro que quienes mueven el dinero son vitales para la lucha contra el cambio climático y la deforestación.
¿Se atreverá la banca privada en Colombia a tomar decisiones similares ?
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