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*En este texto, usaré la expresión “cigarrillos electrónicos” para referirme también a los vapeadores. Reconozco que hay algunas diferencias entre ambos, pero lo hago en pro de la sencillez y facilidad de lectura.
A un amigo le regalaron un cigarrillo electrónico en el último Bogota Eats (una feria gastronómica). Dice que había un stand grande donde los estaban repartiendo gratis y solo con el requisito de llenar un formulario en el que, por lo menos él, escribió datos que eran mentira: no puso su nombre real, ni su dirección, y en la casilla de cédula puso cualquier número. Nadie le pidió después confirmar esa información. Llegó a su casa, entonces, con el tubito de un color morado brillante, pero con fecha de caducidad: su cigarrillo era desechable. A diferencia de otros, no podía cargarse; al consumirlo, se volvía inservible.
Días después le pregunté qué había hecho con ese cigarrillo electrónico desechable. Me contó que lo tenía guardado y que había recibido otro, también gratis (como un regalo, le dijeron), en un pedido de Rappi en el que había comprado aguardiente y cigarrillos normales. “El primero olvidé tirarlo”, me dijo. “Y si tuvieras que tirarlo, ¿qué harías?”, le pregunté. “Creo que lo pondría en reciclaje”. Le pedí una foto de los productos. A un costado, la información de ambos dispositivos está en inglés y hay una caneca de basura tachada con una gran equis. “Indicaciones que nadie entiende”, me dijo él. Ambos cigarrillos son de VuseGo.
VuseGo es una marca de la British American Tobacco Colombia S.A.S. y la gran equis que mi amigo no termina de entender, señala que ese producto no puede ser arrojado a una caneca de reciclaje y mucho menos a una de basura tradicional. ¿Cómo debería ser desechado? ¿Están todos los usuarios de cigarrillos electrónicos desechables en Colombia conscientes de eso? ¿Las compañías, a su vez, están indicando a sus usuarios qué hacer? (“Vapeadores y cigarrillos electrónicos”, ¿un nuevo desafío de salud pública?)
Esas son algunas de las preguntas que están siendo discutidas en el Tribunal de Cundinamarca y que tienen enfrentadas a una organización civil llamada Red Papaz, que reúne a padres, madres, cuidadores, docentes y académicos, con el gremio de las tabacaleras en Colombia.
Un vacío regulatorio
Cuando se daña un computador, ¿a alguien se le ocurre tirarlo en una caneca de basura? “Algo opera en la conciencia de la gente: nadie bota así como así algo tan grande y que le costó una buena plata”, responde Jhon Alexander Chalarca Zapata, magíster en Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. “Pero cuando se trata de botar a la basura unas pilas o un cargador, algo pequeño y barato, esa conciencia comienza a fallar”. Hace unos años, y quizá cada vez con mayor cotidianidad, vemos en los centros comerciales o parques públicos depósitos con grandes letreros como “Deje sus pilas aquí”.
Estas pilas son llevadas a una planta donde personas especializadas, a quienes se les llama “Gestores” en Colombia, se encargan de separar el mercurio, una sustancia peligrosa, del resto de la pila. Se trata de un proceso, explica Jaime Gavilán Vallejo, coordinador del Comité Técnico de Gestión Ambiental de la U. Nacional, que necesita, primero, que la gente tenga la conciencia de que una pila no se bota a una caneca cualquiera, y segundo, que quienes produjeron la pila tengan puntos de recolección y un proceso para recogerlas, trasladarlas y separar sus partes, algo que los expertos llaman una “gestión final correcta”.
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Un proceso similar debería aplicarse a productos como computadoras, baterías y bombillas, entre otros, según la resolución 851 de 2022 del Ministerio de Ambiente. Todos esos productos se hicieron con materiales o químicos que, si se descomponen sin cuidado (como pasaría en un relleno), pueden afectar el medio ambiente y a la salud de las personas. En esta norma se ordena a las empresas tener un plan para ese reciclaje especial. Pero en la lista de productos que incluye la resolución, no están los cigarrillos electrónicos.
Los cigarrillos electrónicos son cuerpos de plástico que contienen una batería de litio, un depósito o un cartucho que contiene el líquido de vapeo (este líquido es el que se calienta para producir el vapor), e incluso un sistema electrónico que puede incluir sensores y circuitos que controlan la activación, temperatura, así como la producción de vapor. Es decir, no son solo tubitos de plástico. En los cigarrillos electrónicos tradicionales, por decirlo de algún modo, el depósito o cartucho que contiene el liquido se puede recargar. En los que son desechables está precargado y sellado; no se puede rellenar.
Como en la resolución de Minambiente no están los cigarrillos electrónicos, el 8 de septiembre de 2022 Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003 y que ha hecho incidencia política y legal para que el país asuma una regulación más estricta con los cigarrillos electrónicos, le preguntó al ministerio si lo establecido en esa resolución era aplicable a los productores de estos cigarrillos. Es decir, si estas empresas están obligadas a tener un proceso que evite que el desecho llegue sin cuidado a los rellenos.
Durante 2022, a Colombia llegaron casi seis millones de cigarrillos electrónicos, la mayoría, producidos en China. Es decir, un promedio de 533.963 unidades cada mes. Dos empresas (British American Tobacco Colombia y Glu Vape) concentraron más del 60% de todas las unidades importadas durante ese año: unos 3.7 millones de cigarrillos electrónicos. La tercera compañía fue Stlth International y la cuarta fue Relx Latam.
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La respuesta del Minambiente a Red Papaz llegó el 18 de octubre de 2022. “(…) Los productores (importadores y fabricantes nacionales) de los cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización eléctricos no están obligados hoy día a presentar e implementar un sistema de recolección y gestión de RAEE ( (Residuos de Aparato Eléctricos y Electrónicos) de los productos que ellos pongan en el mercado nacional y que deba ser vigilado y controlado por la ANLA”. Cuando se estaba construyendo la resolución, estos productos no tenían una categorización específica en el país, explicaba el ministerio, que hasta el cierre de esta edición no respondió a nuestro interés de una entrevista sobre este tema.
Esto, sin embargo, agregaba la entidad a Red Papaz, no evita que estos productores tengan, de manera voluntaria, esos procesos. Ante la respuesta, Red Papaz elevó una petición al Tribunal de Cundinamarca en la que no solo pide que se le ordene a Minambiente reglamentar este tema, sino que también se prohíba la introducción de cigarrillos electrónicos desechables al mercado y se interrumpa su importación y venta mientras haya una regulación o decisión de fondo. El interés especial en los productos desechables no es una casualidad: su potencial para afectar el medio ambiente es una inquietud que comparten varios países.
El daño ambiental de “vapear”
Aunque desde hace siglos se fuma tabaco, fue solo hasta la década de 1990 que comenzaron a surgir investigaciones y campañas que destacaban el impacto ambiental de las colillas de cigarrillos. Hoy se sabe que cuando se desechan de forma inadecuada, las colillas se descomponen por la luz solar y la humedad y liberan al ambiente microplásticos, metales pesados y muchas otras sustancias químicas dañinas. Los cigarrillos electrónicos no tienen colilla, pero poco a poco se comprende mejor su impacto ambiental.
Una carta de 2022 publicada en The Lancet Respiratory Medicine, por ejemplo, pedía regulaciones más estrictas sobre estos productos para evitar un “desastre ambiental”. “Al igual que lo fueron las cápsulas de café durante la última década, la industria del vapeo pronto podría ser la próxima crisis ambiental en términos de contaminación plástica”, escribieron los investigadores. La comparación les parecía justa, agregaron, dado que ambos tipos de plástico no son biodegradables y son poco reciclables.
Además de ese material, los cigarrillos electrónicos generan otros dos grandes tipos de basura: uno son los residuos electrónicos. Al descomponerse, las placas de circuito y las baterías de litio, por ejemplo, liberan compuestos tóxicos como el mercurio o el plomo, además de suponer un riesgo de incendio.
El otro grupo de desechos son las sustancias líquidas y químicas, que son las que producen el vapor. Si incluyen nicotina, no puede estar en un relleno sanitario cualquiera, pues esta sustancia es catalogada por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. como un desecho peligroso agudo. Cuando no contienen nicotina, suelen tener soluciones líquidas que incluyen sustancias como el propilenglicol, la glicerina y los saborizantes artificiales. (Puede ver: El reto de enseñar conceptos científicos)
Dentro de la categoría de cigarrillos electrónicos, los desechables “presentan los costos ambientales potenciales más altos”, decía otro artículo de 2018 publicado en The American Journal of Public Health. La razón es que no se usan durante tanto tiempo como los modelos recargables. Allí se estimaba, por ejemplo, que estos productos de un solo uso alcanzan para alrededor de 400 inhalaciones.
“Al igual que las colillas de cigarrillos, los desechos de los cigarrillos electrónicos presentan un riesgo de asfixia para los niños pequeños y pueden ser comidos sin darse cuenta por pájaros y otros animales. Sin embargo, a diferencia de las colillas, los residuos de los cigarrillos electrónicos contienen elementos punzantes y ácidos que pueden perforar, explotar o quemar”, agregaban los investigadores.
Estos productos desechables son los que están concentrando la atención del público. En Estados Unidos, por ejemplo, la Fundación CDC, una organización sin fines de lucro que apoya a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país, estima que cada mes se compran allí unos 11,9 millones de cigarrillos electrónicos desechables. Eso, explicaba la entidad, significa un aumento del 196,2% de las ventas de esos productos, solo entre el 2 de febrero de 2020 y el 26 de marzo de 2023. Para ponerlo en dimensiones, la venta de cigarrillos electrónicos tradicionales aumentó un 42,9%, tres veces menos.
En Colombia la situación apunta a ser similar. “El precio es un tema importante aquí. Básicamente, estamos hablando de que productos que antes se conseguían por el orden de los $80.000, $90.000 pesos o más, comprando el dispositivo electrónico más los cartuchos, ahora se consigue en $25.000 o $30.000. Eso los hace más accesibles para la población joven, que se ve más atraída”, señala Red Papaz. Según sus estimativos, la mayoría de los casi 6.000.000 de cigarrillos electrónicos que se importaron a Colombia en 2022 son desechables (aunque no se tiene una cifra completamente clara).
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“Efectivamente, en la actualidad, los cigarrillos electrónicos desechables ocupan el primer lugar en ventas dentro de este mercado”, agrega Francisco Ordóñez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), la primera asociación de usuarios de estos productos creada en Colombia. Antes de su llegada, agrega Ordóñez, “prevalecían los cigarrillos electrónicos de cartucho y, antes aún, los dispositivos reparables. Los cigarrillos electrónicos desechables han experimentado un auge significativo debido a su simplicidad de uso: se utilizan y se desechan en su totalidad”.
¿Basta que sea voluntario?
“En los últimos tiempos, antes de que la acción judicial (de Red Papaz) se llevara a cabo, desde nuestra asociación hemos promovido reuniones entre empresarios y corporaciones interesadas en abordar el tratamiento de estos desechos. Algunas de estas empresas ya han comenzado a trabajar en soluciones”, cuenta Ordóñez. Un ejemplo, agrega, es Vapart, que utiliza este tipo de desechos para realizar obras de arte.
Desde Alterpro (asociación conformada por British American Tobacco Colombia, Inversiones GLU Cloud, Relix International y Coltabaco – Philip Morris International (PMI)) señalan que están de acuerdo con que “debe existir una estrategia integral para el manejo adecuado de los desechos de los productos sin combustión que involucre a todos los actores de la cadena, desde productores hasta distribuidores, comercializadores y usuarios”. (Puede ver: El Gobierno prepara hoja de ruta de inteligencia artificial. ¿Incluirá la ética?)
Estos últimos, por ejemplo, tienen que comprender que aunque sea desechable, pequeño y barato, un cigarrillo electrónico no debe ser tirado a una basura común y corriente. En esa compresión ayudaría que los productos tengan información clara y, por lo menos, en español. En su acción judicial, Red Papaz presenta, de hecho, un estudio de campo para verificar si algunas compañías como British American Tobacco Colombia S.A.S. Inversiones Glu Cloud S.A.S. o Relx Latam S.A.S. (entre otras) implementan o no acciones específicas para la gestión de los residuos que dejan sus productos en el mercado.
Analizaron variantes como la información que hay en los productos, si está en español o si hay estrategias claras para lograr la devolución, recolección, reciclaje y disposición de ellos. “A partir del trabajo de campo realizado, se puede observar que la adopción de medidas orientadas a lograr la adecuada disposición y gestión de los RAEE de CE (cigarrillos electrónicos) es excepcional”, concluye la organización.
La información era en general poco clara. En algunos casos, incluso, los datos del empaque estaban en ingles. Aunque en los productos hay indicativos de que no se pueden echar a una basura común, no hay detalles de entonces qué debe hacer el usuario y mucho menos información de, por ejemplo, puntos de recolección a dónde se pueda llevar el cigarrillo electrónico. En las páginas web el panorama es el mismo.
El Espectador se comunicó con ellas para conocer sus respuestas. Hasta el cierre de esta edición, Relx Latam S.A.S. y British American Tobacco Colombia S.A.S. habían respondido nuestras dudas.
“Todos los productos de Relx, en su empaque, contienen información clara e instrucciones sobre la disposición que se le debe dar al producto”, dijo, por ejemplo, Relx Latam. La compañía gregó “que promueve e implementa programas y estrategias posconsumo de residuos, de manera que los mismos sean integralmente devueltos a ella a través de la disposición de puntos de recolección y acopio en sus tiendas. Esta operación se materializa en la campaña denominada ´Una vida después del último puff´, la cual busca generar conciencia en el consumidor y promover la devolución del dispositivo para darle un segundo uso a los materiales que lo componen”. (Puede ver: ¡Es oficial! Tumaco tiene una nueva sede universitaria)
Para Relx Latam S.A.S, “en lo referente a la regulación ambiental para la gestión de residuos, no hay una regulación deficitaria, pues existe regulación que permite un adecuado manejo de residuos asociados a los cigarrillos electrónicos, que protege el medio ambiente”.
Por su parte, British American Tobacco Colombia S.A.S. (BAT) respondió que “es exagerado afirmar que con estos productos se pone en riesgo el derecho a un ambiente sano, ya que comparado con otras industrias como la de baterías, equipos eléctricos, electrodomésticos, etc. y entendiendo lo reducido de su mercado, mal podría decirse que es causante de daños al ambiente. No es común encontrar estos productos o sus partes o desechos en el suelo o en algún cuerpo de agua como sí sucede, por ejemplo, con los envases plásticos”. (Puede ver: ¿Qué sabemos de cómo el mundo cambia nuestro cerebro?)
Esta última compañía agrega que “ante la ausencia de regulación en materia ambiental específica para este tipo de dispositivos, nuestra empresa ha desarrollado a escala global una campaña llamada V-The change, programa enfocado en generar un sistema de recolección de estos productos. Actualmente, cuenta con cerca de 100 módulos distribuidos en diferentes ciudades a lo largo del país y además tiene una línea de atención para recuperar estos materiales directamente en el domicilio del consumidor en aquellas ciudades en donde no están presentes los puntos de ventas asociados al programa”.
“Compartimos que es esencial que se establezca la obligación y la responsabilidad de las empresas productoras de cigarrillos electrónicos desechables de implementar un adecuado manejo final ambiental de estos productos”, agrega a su vez Ordóñez, de Asovape. Sin embargo, dice, “llama la atención y nos preocupa que detrás de esta acción judicial, el propósito real de RedPapaz sea la búsqueda de una prohibición de venta de estos productos. La prohibición solo trae informalidad, contrabando, inseguridad, crimen y demás delitos asociados. Por eso somos tan insistentes en la necesidad de regular”.
A pesar de que durante los últimos años se han propuesto hasta cinco proyectos de ley en el Congreso para regular este tema en Colombia, todos han terminado archivados. Actualmente, cursa en la Comisión Séptima de la Cámara un proyecto cuya autora es la congresista Norma Hurtado. La discusión está a la espera de las conclusiones de una comisión accidental en la que se están discutiendo artículos que no generan consenso.
“De darse la pretendida prohibición de importación que se solicita en la acción popular de Red Papaz, sólo promovería el comercio y uso ilegal de este tipo de productos como sucede en México y Venezuela”, agrega British American Tobacco Colombia en su respuesta a este periódico.
La posibilidad de la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables que Red Papaz le pide al Tribunal de Cundinamarca no es en todo caso una petición inusual. En Francia, una veintena de asociaciones medioambientales y de salud firmaron a principios de año un artículo en el periódico Le Monde para pedir su prohibición pues, escribieron, representan “un flagelo medioambiental y sanitario”. En países como Alemania, Bélgica e Irlanda los gobiernos ya planean regulaciones que apuntan a eso, mientras incluso en Estados Unidos la FDA tiene prohibido la venta de cigarrillos electrónicos desechables con sabor,
Aun si se ordenara a los productores de estos cigarrillos desechables garantizar un proceso de disposición final, no está del todo claro que puedan seguir un camino similar al de las pilas o los computadores. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe una forma estandarizada de reciclarlos. Como escribían los investigadores en The Lancet, una cosa parece clara: “Los cigarrillos electrónicos son una amenaza ambiental creciente”. Durante el próximo mes de octubre el Tribunal de Cundinamarca realizará una audiencia pública para comenzar a definir cómo afrontará Colombia este nuevo desafío.
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