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Las primeras horas como ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona las apartó para explicar lo que quiere hacer al mando de la cartera que hoy dirige Irene Vélez. En la sede en Bogotá de la ONG Conservación Internacional Colombia —de la cual es su vicepresidente— dio varias entrevistas para dejar claro que no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno de Gustavo Petro ha manejado varios asuntos ambientales.
Arjona, un biólogo marino nacido en Montería, quiere hacer varios cambios. El primero, dice, será derogar la regulación del mercado de carbono que está preparando el actual ministerio (en caso de que se concrete, claro). También promete, en su primer año, delimitar el Páramo de Santurbán, para permitir que haya minería formal en un área externa, liderada por la empresa canadiense Iris Mining. En entrevista con El Espectador, aclara, además, su posición frente al fracking y reitera que no está promoviendo que haya minería en todo el país.
(Puede ver: “No va a haber control letal de los hipopótamos”: Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente)
¿Qué le ha gustado de la gestión ambiental del gobierno de Gustavo Petro?
Muy poco. Hemos retrocedido en la gestión ambiental del país. La conservación y, en general, la sostenibilidad, tienen tres grandes enemigos: el primero es la pobreza. Las acciones depredadoras humanas derivan en necesidades sociales básicas. El segundo es la ignorancia o tomar decisiones sin información o con información restringida. Al tercero yo lo llamo “histeria ambiental”, que tiene que ver con una narrativa errónea de tipo populista.
Para ponerte un ejemplo: Colombia vive de la exportación de commodities energéticos y mineros, básicamente. Y este gobierno, con el discurso ambiental de gases de efecto invernadero, de cambio climático, nos quitó esa fuente de recursos porque ralentizó todo el tema de hidrocarburos, necesarios para disminuir la pobreza y, por otro lado, para una transición energética de la que tanto se habló. El resultado fue que nos quedamos sin el pan y sin el queso, cuando, en términos prácticos, nuestra contribución a los gases de efecto invernadero es menos del 0.4% de las emisiones globales. ¿El resultado? El país tiene menos ingresos; tenemos menos posibilidades de gestión ambiental.
Y, por otro lado, nada se hizo en transición energética. Se quedó en un discurso vacío. Los proyectos de energía no convencional que se lograron establecer ya venían de tiempo atrás.
La transición energética fue central en el discurso de Petro. Y pese a que ha habido dificultades, ha crecido la cantidad de energía producida por las energías renovables. ¿Usted va a recibir esas banderas o no?
Por supuesto, la transición energética hay que impulsarla. Lo que te quiero decir es que ninguno de esos proyectos que se instalaron fue creación de este gobierno; venían desde el gobierno anterior. Indudablemente, hay que acelerar la transición energética, hay que recuperar nuestro potencial eólico, nuestro potencial solar, que, de alguna manera, está medianamente desarrollado, pero todavía con poco para soportar nuestro sistema energético.
Este Gobierno va a hacer un esfuerzo grande por impulsar todos los temas de transición energética que son fundamentales, no solamente para la descarbonización, sino para tener una diversidad en nuestra canasta energética que nos permita ser más resilientes a fenómenos como El Niño.
Sin duda, nuestra contribución de gases de efecto invernadero comparada con otros países es pequeña. Pero tenemos unas metas muy claras hacia 2030 y hacia 2050. ¿Las va a mantener y a respetar?
Las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) de Colombia, que se establecieron durante el gobierno de Iván Duque, son bastante ambiciosas y tienen que cumplirse. Es el compromiso del país y vamos a alcanzarlo por varias vías. Sobre la mitigación al cambio climático, nuestra principal fuente de mitigación, que está basada en soluciones en la naturaleza, fue establecida en 2016. El Gobierno de Santos, con la reforma tributaria de ese año, estableció el impuesto al carbono y estableció el mecanismo de carbono neutralización. Un alto porcentaje del impuesto al carbono tenía dos posibilidades: o se pagaba directamente a Hacienda como un impuesto directo o se generaba un proyecto de carbonización, o sea, un proyecto tipo REDD+. Y en Colombia, entre el año 2017 y 2020, hasta antes de la pandemia, se volvió la meca de proyectos de reducción de emisiones de carbono. Con inversión privada en algunos territorios, el precio del carbono comenzó a ser interesante. ¿Y qué hizo este gobierno? Quitó la carbono neutralidad o la minimizó. El porcentaje lo redujo al mínimo y todo lo recaudaba.
El resultado final fue que ese instrumento económico de gobierno dejó de funcionar. Acabaron con un mercado de carbono que hacía de Colombia un país atractivo para la inversión. Pero este gobierno va a recuperarlo para mitigación de cambio climático, pero principalmente para alcanzar las NDC.
Es decir que usted es partidario de promover el mercado de los créditos de carbono.
No solamente los créditos de carbono, sino los créditos de biodiversidad con los mejores estándares. Había un mecanismo de inscripción de proyectos que fue el RENARE; hay que recuperarlo, hay que hacer un mecanismo de registro eficiente de proyectos. Hay que establecer unos estándares de calidad, especialmente cuando son proyectos que tienen distribución de beneficios a las comunidades. Ningún desarrollador privado en Colombia del mercado de carbono, desde mi punto de vista, debe hacer un proyecto donde las comunidades reciban menos del 60% de los recursos de la venta del certificado de reducción de emisiones.
Entonces, usted no está muy de acuerdo con la regulación que está proponiendo el actual Minambiente sobre el mercado de carbono y que, justamente, hace pocas semanas fue cerrada para comentarios.
Es nefasta, es nefasta. Y una de mis primeras acciones será revertir ese tema. Yo creo que hay que volver a poner la filosofía del carbono; el carbono no es de la nación. Es decir, quitamos todos los incentivos para que los dueños de la tierra, el 41% del territorio, que son comunidades afro y comunidades indígenas, tengan una fuente de riqueza y recursos interesantes a partir del carbono y, de paso, cuiden nuestra mayor riqueza de biodiversidad en los bosques. Eso, con esta reglamentación, se pierde. Será una de las primeras actuaciones: si esto lo firman, lo voy a derogar.
Y pondrá en marcha un nuevo proceso…
Para fortalecer el Renare, para tener criterio de calidad y para fomentar que haya recursos para formulación de proyectos. Para tener un proyecto de carbono necesitas tres condiciones. Primero, que el carbono exista. Segundo, que tenga un tamaño determinado para que sea económicamente viable. Y, tercero, que tenga gobernanza. Eso tiene una limitante o una constante que son los costos de transacción. Además, toma tiempo. Un proyecto de carbono, especialmente en áreas comunitarias, no se hace en 15 minutos. Ahí sí hay que darle un apalancamiento para esos costos de transacción, especialmente en el tema de territorios y comunidades. Esa va a ser una de las características de la nueva reglamentación. Tendremos un mercado transparente.
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¿Y eso evitaría que se presenten casos que han sido controversiales como el del Pirá Paraná, en la Amazonia?
Sí, ha habido problemas, justamente, por no tener un sistema robusto y un sistema de registro. Los Cowboy Carbon existen en Colombia y han hecho proyectos de desarrollo de carbono engañando a las comunidades, quedándose con la mayor parte de los beneficios. Por eso, hablo de criterios de calidad en el mercado de carbono en Colombia, para que no se repitan esos casos, pues por uno sufren todos. Pero hay unos muy buenos. Si hablas con las comunidades del norte de Chocó, wow. Simplemente, que ahora se relajó el mercado y ya no reciben lo que recibían, porque el precio se fue al suelo con las medidas del gobierno de quitar la carbono neutralidad dentro del impuesto al carbono.
¿Le gusta la idea de una Amazonía libre de explotación de petróleo, de gas y explotación de minerales?
La Amazonía colombiana es más del 40% del territorio nacional y en gran parte son territorios de comunidades indígenas y de Parques Nacionales Naturales. Entonces, tenemos una importante área de zonas protegidas. El petróleo existe en Putumayo, por fuera de esas áreas. Ha habido yacimientos petroleros que han sido explotados y que han servido mucho. Entonces, no soy amigo de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía plena, por ejemplo, fluvial. En territorios indígenas no es posible. De pronto, en áreas de piedemonte podría pensarse en algo. Pero para nada en los territorios vedados y de alta sensibilidad ambiental. Y casi toda la Amazonía es de alta sensibilidad ambiental.
¿Le daría continuidad al proceso que hace poco abrió el Ministerio de Ambiente de consultas previas para declarar toda la Amazonía como una zona excluida de esas actividades extractivas o lo frenaría?
Creo que reglamentar no es gobernar. Cuando tú haces ese tipo de exclusiones, lo que estás fomentando es una enorme ilegalidad. Es difícil que haya hidrocarburos ilegales por todo lo que conlleva su extracción. Pero en el caso de los minerales metálicos, oro y demás, pues es la tierra de nadie. Si hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es que la ilegalidad llegue masivamente. Entonces, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Eso es un tema más que todo de origen populista: “Vamos a declarar la Amazonía libre de explotación minera”. ¡Paja! Es en el papel, pero en la práctica vas a contribuir a la ilegalidad. Hay que hacer un justo balance.
Es decir, está abierto que haya esas actividades de manera legal…
Legal y en territorios no comprometidos. Eso no depende del Ministerio de Ambiente, depende de la propuesta que haga el sector de minas y energía.
Uno de los temas centrales en esta campaña fue el fracking. Hay algunos investigadores que sugieren que el Estado aún no tiene la capacidad para vigilar los impactos de esta práctica. Otro sector de la industria ha pedido apurar el paso y el mismo presidente de la Espriella ha dicho que habrá fracking. Usted, ¿en qué parte está parado?
Hace unos años se buscó un panel independiente de expertos para que analizaran cuáles serían las condiciones para hacer fracking en Colombia y existen unos términos de referencia. Nosotros estamos ante una crisis energética grave. El Ministerio del Medio Ambiente no es el responsable del fracking, pero sí es el responsable de que, eventualmente, cuando se proponga, tenga las mejores características y se minimicen los riesgos. Ecopetrol hace fracking hace varios años en Estados Unidos, vigilado por la EPA (Environmental Protection Agency). Y lo hace muy bien. Creo que no hay ninguna barrera tecnológica insalvable para hacerlo adecuadamente y no en todos los sitios se puede hacer. Más del 90% del territorio nacional está vedado para el fracking.
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¿Pero cree que el Estado tiene la capacidad para disminuir esos riesgos que se puedan presentar?
Por supuesto, para eso tenemos una unidad de licencias ambientales y de vigilancia. Si es necesario, en estos casos del fracking tendríamos una auditoría internacional del mejor nivel que nos apoyará en estos primeros proyectos, si se dan. Por un lado, lo que haríamos sería llamar a la Asociación Internacional de Impactos Ambientales, que nos dé soporte en el seguimiento y nos enseñe durante la marcha cuáles son las mejores prácticas y estándares de seguimiento.
¿Va a avanzar en la delimitación de Santurbán? ¿Cuáles son sus planes?
La delimitación de Santurbán es una orden de la Corte; a la ministra de Ambiente actual le declararon un desacato por la delimitación. Hay que hacerla teniendo en cuenta los criterios ambientales, pero también los criterios sociales. Toda la minería que hay alrededor de Santurbán ocurre desde la colonia y no es minería formal. De pronto no es ilegal, pero sí informal. Uno de esos municipios se llama California. El otro es Vetas.
Uno de los caminos que yo vería es hacer algún tipo de aprovechamiento de oro formal, por fuera del páramo, después de ser delimitado, que va a ser una de las primeras acciones que tomaré como ministro del Medio Ambiente para resolver ese conflicto. La empresa que está haciendo exploración de oro en Santurbán es canadiense y se llama Iris Mining, que tiene la segunda mina formal más grande de Colombia porque el 85% del oro que se explota en Colombia es ilegal y criminal. Irish Mining ha agrupado a 34.000 personas que hacían minería informal e ilegal alrededor de su actividad y las ha formalizado. Ese es el secreto mejor guardado de la minería en Colombia; nadie lo conoce. Ese es un ejemplo que debe ser repetido.
Si le entiendo, usted es partidario de formalizar a los mineros que están en California y en Vetas y permitir que esta compañía canadiense avance un paso más hacia la explotación de oro.
Delimitando el páramo. Primero, hay que delimitar el páramo a través de criterios de biodiversidad, entre otras cosas. Quien ayudó a la declaración de área protegida de Santurbán fui yo. En su momento, Conservación Internacional adelantó los estudios para el área protegida. Entonces, más que a nadie, a mí me duele Santurbán. Ahora, es claro que también hay una actividad que puede entrar al páramo, pero en muchas ocasiones tiene que ver con esa minería informal.
Cuando empezó el período de Juan Manuel Santos, también hubo un impulso a la explotación de hidrocarburos y de minerales y hubo una ebullición de conflictos socioambientales. ¿No teme que suceda algo similar con este impulso a la explotación de recursos naturales?
Yo creo que el país tiene que aprender a trabajar con las comunidades. Por ejemplo, en el tema de la minería de oro, aquí han colapsado varios proyectos muy interesantes para el país. Santurbán es uno de ellos. Es el cuarto dueño que tiene. Primero fue de una compañía canadiense, pero en ese momento llegó la declaración del área protegida, entonces no avanzaron en cambiar la tecnología y se fue. Después, se la vendieron a una empresa brasilera perteneciente a Eike Batista, el exmillonario brasilero. Él utilizó fondos del fondo soberano de Arabia y, como no les pagó, ellos tuvieron que asumir el proyecto. Y, finalmente, está en cabeza de una compañía que tiene un poco más de robustez técnica para hacer el aprovechamiento del oro.
Ha habido otros intentos interesantes: La Colosa, en el Tolima. En ese caso, creo que fue un mal acercamiento de la compañía, AngloGold Ashanti. Para hacer minería en comunidades, tú tienes que pensar en la estrategia del Señor de los Anillos: en Nueva Zelanda, cerca de Auckland, antes de hacer la primera filmación, 10 años antes comenzaron a preparar las locaciones para que, cuando empezara la filmación, los árboles estuvieran grandes y se notara que la casa de los hobbits tenía una vegetación natural. Con la minería es así: tienes unos tiempos; no puedes llegar a irrumpir y decir, “yo tengo un proyecto minero, lo voy a hacer ahí”. No way. Te vas a encontrar con una norma. Los costos de transacción de un proyecto minero son altos y los tiempos también son significativos. Entonces, para ser un país que tiene minerales a pasar a ser uno minero, el país tiene que aprender esas lecciones.
O sea, es partidario de que seamos un país minero…
Pues que aprovechemos nuestros recursos. No creo que la minería sea la principal fuente de ingresos, pero sí tenemos recursos. Eso no quiere decir que vamos a destruir. Es ahí donde se forma la histeria ambiental. El hecho de que yo diga que ojalá Colombia adquiera recursos de su minería para invertir en su sostenibilidad de largo plazo, no quiere decir que yo esté promoviendo que haya minería en todas partes. Eso forma parte de la lectura que a veces se hace y de una narrativa que hay que cambiar.
Hay que enseñarle a la gente que todo esto tiene unos procesos; que no se puede hacer a la “topa Tolondra”; que si eres un inversionista en Colombia, este es un país que tiene un arraigo territorial muy fuerte en donde tú no puedes llegar a irrumpir. Ahora, en el caso de Santurbán, todo el mundo vota por la minería, porque es su principal renglón de la economía local. Entonces, esta es una cuestión que hay que tomar profesionalmente, hacerlo con la mejor información posible, ser totalmente transparente en todos los procesos y tener en cuenta que la limitante es la alteración que puede hacer sobre la sostenibilidad y sobre el medio ambiente.
Y siempre respetando los procesos de consulta previa…
Pero por supuesto. Ahora bien, se han desdibujado los temas de consulta previa en Colombia y se ha convertido en un tema transaccional.
¿En qué sentido?
En un plan de negociación. Por ejemplo, si la consulta previa vale COP 300 millones, me los das a mí, y yo traigo la gente. Es un problema de origen. No tanto en el sector minero, pero por ejemplo, en el sector de transporte, de carreteras. La mayor parte de la población vive en los Andes. Un kilogramo de carga desde Bogotá a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o Buenaventura, que son nuestros puertos principales, vale tres veces más que de aquí a Tokio. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura vial está a la retaguardia del planeta. El 70% de los países del mundo tienen mejor infraestructura vial que Colombia. Hay un indicador del Banco Mundial que vi hace unos años: Estados Unidos, por ejemplo, tiene 28.000 km de carreteras federales por millón de habitantes. Nosotros tenemos como 700 km y la región 2.500 km. Estamos en la cola del mundo.
Las carreteras pueden ser un factor de alteración ambiental, pero son también un factor de competitividad. Entonces, tenemos el problema de cómo lo hacemos. Y estamos concibiendo bien los proyectos. No es posible que la Ruta del Sol no esté completada. Y no es por problema de contratación. En algunos casos ha existido corrupción, pero es por problemas de planificación del proyecto.
La vía Loboguerrero – Buga, fundamental para la economía del país: lleva 20 años parada por tema de consultas. En mi tierra hay una carretera importantísima: un paso por Lorica que está suspendido y es un cuello de botella. Tenemos enormes cuellos de botellas en la competitividad. Y creo que es un problema de concepción de proyecto sectorial; es un tema que desde el Ministerio de Ambiente vamos a hablar mucho con el Ministerio de Transporte para ver cómo lo corregimos.
¿Cómo se hace hoy un proyecto y por qué surgen los problemas en el Ministerio de Transporte? La Agencia Nacional de Infraestructura consigue un proyecto, hace unos estudios de ingeniería, de sitio trazado, hace unos estudios financieros profundos, algo de ambiental, hace una licitación, adjudica y le dice al concesionario: “Ahora vaya y saque usted de la licencia”. Y seguramente muchas cosas se escaparon y no se tuvieron en cuenta. Entonces, tenemos que aprender a concebir tanto ambiental como socialmente nuestros proyectos viales porque hasta ahora es una limitante a la competitividad.
Solo para cerrar este capítulo de las consultas previas: si le entiendo bien, a lo que usted aspiraría es a modificar ese proceso en el caso de proyectos de infraestructura vial.
Bueno, en cualquier tipo de proyectos. Y una de las principales modificaciones es que no se debe delegar el proceso de consulta previa al promotor del proyecto.
¿Entonces quién lo debería hacer?
¡El gobierno! Si el gobierno va a querer desarrollar una infraestructura, haga quien la haga, tiene que asumir directamente el proceso de consulta. Si tú delegas en un tercero, estás delegando una función inherente a las acciones de gobierno. El Estado es quien debe liderar ese proceso, no ser el árbitro como hoy sucede con el Ministerio del Interior. Creo que el proceso de consulta es un tema tan importante que debe ser un un proyecto de diálogo permanente. Yo pensaría en un organismo del Estado dedicado al diálogo permanente y al proceso de consultas.
En sus manos va a tener la tarea de implementar el plan de manejo y control de los hipopótamos. ¿Cuál es su posición frente al problema que representa esta especie exótica invasora?
Invasora con grandes problemas; tenemos un número significativo de hipopótamos. Hay varias tendencias en este tema. Por un lado, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual Colombia es signataria. En el tema de las especies introducidas, una de las alternativas es el control letal, como se hizo en Galápagos con los chivos. Con un chivo es posible, pero con un hipopótamo es complejo, dada sus características. Además, ha encontrado unas condiciones interesantes, pues no tiene el estrés climático de su medio nativo, lo cual ha contribuido a que prospere, causando enormes problemas, como desplazar fauna nativa. Y puede ser agresivo, aunque no son tan agresivos como en África y no tienen que pelear con otros predadores en algunas etapas de su vida. Entonces, yo creo que el control letal no va a ser una solución. Hay que buscar otra solución más inteligente; la estamos pensando, pero desde ya descarto, por cuestiones de la sensibilidad, el control letal, así sea recomendada y sea una de las acciones recomendadas por el mismo Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hablaremos de los hipopótamos después, cuando tengamos una solución un poco menos agresiva hacia la gente.
Pero, por ahora, el control letal, que es una de las recomendaciones que han hecho los científicos, no va.
No va.
O sea, ese plan de manejo y control de los hipopótamos, va a estar pausado.
No, pausado no. Se va a trabajar porque el problema sigue creciendo. Y antes de un año de gobierno debemos tener una solución. Esto se ha dilatado eternamente por 30 años desde que mataron al primer hipopótamo, que tuvo una reacción equivocada. En ese momento yo dije, como Conservación Internacional, que el control letal era una alternativa y que ojalá se utilizara antes de un crecimiento desmesurado de la población. Todo el mundo me levantó a patadas porque era una posición un poco fuerte. Pero si se hubiera hecho en su momento, no tendríamos el problema que hoy tendríamos. Y ya no hay punto de retorno. Ya el control letal no debe emplearse con esta población tan importante. Veremos cómo lo resolvemos. Pero lo que te puedo garantizar y anunciar desde ya es que no va a haber control letal de los hipopótamos.
Uno de los principales desafíos que va a enfrentar es el fenómeno de El Niño, posiblemente uno de los más intensos que ya hemos vivido. ¿Tiene planeadas algunas acciones específicas apenas reciba el Ministerio de Ambiente?
Por supuesto. Desde el punto de vista ambiental, además de todas las afectaciones en el suministro de energía que nos va a causar, eventualmente, un apagón en el país, tenemos que pensar en acciones en el campo. Primero, el control de incendios. Todo el sistema de control de incendios tiene que activarse: debe haber una coordinación con las autoridades ambientales regionales. Ha existido un divorcio total, especialmente en el último gobierno, entre las autoridades ambientales regionales y las corporaciones autónomas y el gobierno central y el ministerio.
Yo coordiné el plan de gobierno y, por primera vez en los tres o cuatro últimos gobiernos, no habla de fusionar o acabar con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Habla de fortalecerlas. Son bastante heterogéneas, algunas buenas, otras regulares y otras malas, teniendo la presencia del Ministerio del gobierno central en ellas, aunque son autónomas. Entonces, hay que trabajar con ellos. Hay que establecer mecanismos para control de incendios y en términos de fauna silvestre. Me da mucho miedo con nuestros mamíferos acuáticos; con nuestros manatíes en la Amazonía, en el Caribe, en el Pacifico, pues pueden quedar varados. Hay que crear una brigada de red de varamientos en los sitios más sensibles, inclusive con los mismos delfines de agua dulce. Colombia tiene un expertise en algunas autoridades ambientales y en organizaciones no gubernamentales, como Omacha. Es una experta el tema de varamientos y mamíferos acuáticos. Indudablemente vamos a tener recurrencia de fenómenos, pero trataremos de evitarlos o minimizarlos.
Ya que menciona las CAR, ¿se le va a medir a impulsar alguna transformación de las CAR, que suelen ser muy criticadas porque son capturadas políticamente?
Pero por supuesto, a las CAR hay que apoyarlas en su transformación y en su fortalecimiento; en la composición de sus juntas, en su capacidad técnica. Yo conozco muy bien a las CAR y sé que tienen muy mala fama y sé que no se conocen en el país algunas de sus capacidades técnicas, que son importantes. Por ponerte un ejemplo, la CVC del Valle del Cauca, que fue creada en los años 50 bajo el modelo del Tennessee Valley Authority, era una entidad que hacía no solamente temas ambientales, sino todo el desarrollo eléctrico. La CVC construyó Salvagina y parte de la infraestructura energética del Valle del Cauca. Desde el punto de vista de control ambiental, tiene el mejor sistema de monitoreo de agua subterránea de América Latina. En el Valle del Cauca se usan miles de millones de metros cúbicos al año de agua subterránea de acuíferos. Y ese aprovechamiento puede ser perdurable gracias al monitoreo y a la red de control que tiene la CVC sobre sus acuíferos. Hay que traer ese expertise a la sabana; aquí no tenemos mucho conocimiento hidrogeológico de la sabana, como el que tiene la CVC dentro de su área de jurisdicción. Pero acá, en temas de calidad de aire, hay un poco más de expertise que en otras. Entonces, hay que tratar de hacer una cooperación horizontal para elevar el nivel y la capacidad técnica.
¿Pero se animará a impulsar algún proyecto para transformar las CAR?
En principio, lo que hay es que ganar la gobernanza. ¿Qué ha sucedido? Hay muchos instrumentos que ya existen y no se aplican. El gobierno central tiene representantes en la junta directiva de las CAR, tanto de una delegación del Ministerio de Ambiente como de una delegación del presidente de la República. Las CAR también tienen presencia de varios miembros de institutos de investigación. Lo que pasa es que en el ministerio mandan a la junta directiva al que esté desocupado. Y el delegado del presidente es un político al que darle una cuota de algo y no tiene ninguna coordinación con las acciones que está haciendo el gobierno central. ¿Qué pasa? Se pierde el respeto; eso es lo que ha sucedido. Pero muchas CAR tienen fortalezas.
Te hablo de una pequeña, la CAM (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena), del Huila. ¿Sabes cuál fue el índice de deforestación del Huila? 43 hectáreas. Algo debe estar haciendo bien. Entonces, lo que yo quiero es ponderar esas ventajas. Hay otras CAR que son tan pobres que tienen una debilidad institucional supina, pero una responsabilidad tremenda, como la de la Amazonía: tiene pocos recursos y grandes retos. Pero no me voy a desgastar ni voy a desgastar al gobierno en proyectos de ley que han fracasado en otras ocasiones. Las corporaciones tienen un respaldo constitucional. Tenemos que demostrar que en este gobierno podemos hacer una acción coordinada de la gestión ambiental como fue diseñada sabiamente en el SINA.
¿De su lado impulsará la formalización de Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), que vieron la luz verde en este gobierno?
Pues hay que ver qué capacidad se tiene. Yo creo que es un tema que no es fácil de revertir, pero sí lo veo muy difícil de implementar. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para que esa capacidad sea dada o para que se actúe en coordinación con las CAR, que puede ser un camino en la medida en que adquieran esa expertise hacia el futuro. El tema creo que es muy apresurado; no me gusta. No me gusta y creo que puede causar problemas, pero revertirlo va a ser muy complejo. Más bien, vamos a adecuarnos a ver cómo se hace de la mejor forma posible.
Pero quienes las han impulsado coinciden en que las ETIS son una promesa que hicieron a esos territorios desde la Constitución del 91…
Yo tengo una experiencia con respecto a esto: la Constitución del 91 estableció que las comunidades afro de Colombia tuvieran sus propios territorios. Para esa época yo trabajaba en el Departamento Nacional de Planeación en un programa conjunto con la FAO. Se llamaba el Plan de Acción para los Trópicos, que tenía varias misiones en términos de desarrollar política ambiental. Una era apoyar el desarrollo legal para la creación de un Ministerio de Ambiente y, por otro lado, buscarle recursos. En ese sentido, se hicieron dos préstamos con la banca multilateral que yo coordiné y con los que funcionó el Ministerio de Ambiente durante sus primeros 10 años. Uno de los créditos, que se llamaba Programa ambiental con el Banco Mundial, tenía establecidos USD 25 millones para un tema de fortalecimiento al enforcement forestal. Los recursos estaban destinados a uniformes y lanchas.
Ya la Constitución del 91 había dicho que los territorios afro debían constituirse como territorios colectivos. Y aprovechando ese préstamo, después de una pelotera tremenda, logré que esos recursos se destinaran al Incora para adelantar el proceso de titulación de las comunidades negras del Chocó. Si no se hubiera tomado la decisión en ese momento y no se hubiera contado con los recursos de la banca multilateral para implementarlos, las comunidades afro todavía estarían esperando por la reivindicación del reconocimiento de sus territorios por falta de condiciones, de recursos o de las decisiones del Estado para titular.
Entonces, eso lo dijo la Constitución con respecto a las comunidades indígenas, pero no se ha hecho nada para que eso se haga en términos de gobernanza. Es una propuesta que, como te digo, va a ser muy difícil de revertir, pero sí se modera en la medida en que las condiciones de gobernanza puedan soportarlo. O mejor: creo que es una señal de un cumplimiento de un mandato de la Constitución en la que debe avanzarse.
Los océanos, de los que poco hablamos, constituyen una gran parte del territorio de Colombia y enfrentan serios aprietos: los corales enfrentan episodios de blanqueamiento muy serios, hay erosión costera… ¿Tiene algún plan concreto para los océanos colombianos?
Por supuesto. Es mi tema. Constituyen más del 50% del territorio colombiano. Hay muchos tópicos, pero hay que impulsar la economía azul. Desde esta organización donde aún trabajo impulsamos un programa de restauración coralina que resultó siendo el más robusto a nivel global. No quiere decir que sea el adecuado, pero nadie lo ha hecho: sembrar un millón de corales en 13 sitios del país: 11 del Caribe, incluyendo el Caribe insular, y dos en el Pacífico.
¿Han dado los resultados esperados ese programa de sembrar un millón de corales?
En algunos sitios ha dado un resultado. En Providencia, que era donde más esperanzas teníamos, después del primer establecimiento de siembra de corales, ocurrió el nivel más alto de temperatura del océano y se nos murieron casi todos. Pero hemos aprendido mucho y llegamos a la meta de sembrar un millón de corales. Hay sitios donde ya se ha vuelto una actividad recurrente: en San Andrés, ya es parte de la economía local hacer restauración de corales. Hay organizaciones entrenadas para hacerlo. En un sitio donde no teníamos muchas expectativas, que era Santa Marta, ha tenido un resultado excelente.
¿Y saben cuál es la tasa de supervivencia de ese millón de corales?
En algunos sitios es el 10%, en otros sitios el 85%. Hemos aprendido mucho de acuerdo con las condiciones de las especies: de cuál es la especie más resiliente, de las técnicas. La microfragmentación nos ayudó mucho. Y ahora sabemos que hay que meterle más tecnología y que meterle más reproducción sexual, porque la reproducción casi toda ha sido asexual. Ya tenemos un pequeño laboratorio en Santa Marta que ayudó a financiar el CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Esa va a ser una de las acciones que va a hacer INVEMAR y, además, tenemos una gran capacidad científica en Colombia en reproducción sexual de corales. Tenemos una de las científicas más importantes de ese tema a nivel hemisférico, que es Elvira Alvarado. Yo sueño con una red de reproducción sexual de corales, que, si bien no te crea corales masivos, sí enriquece lo que haces por reproducción asexual, enriquece la capacidad genética hasta formar arrecifes.
Yo creo que es una actividad que hay que continuar, pero no solamente la restauración coralina. En términos marinos, el ejemplo de Vida Manglar en Cispata, que también sale de esta organización [Conservación Internacional]. En conjunto con el INVEMAR y la corporación local, logramos establecer el primer proyecto del mundo de carbono azul en manglares en Cispata. Tuvimos una cooperación de más de USD 1 ’000.000 y logramos hacer y vender los primeros certificados de reducción de emisiones de Cispata. Todos los recursos fueron a una fiducia que administra el Fondo Acción Ambiental. Y esos recursos se distribuyen en acciones ligadas al plan de manejo de ese manglar que tiene la corporación.
El tema de la economía azul va a ser un tema muy importante en este gobierno.
¿Cree que este gobierno va a ser capaz de reducir la deforestación, que no deja de crecer, especialmente en la Amazonía?
La deforestación está íntimamente ligada al control territorial. Con control territorial se disminuye la deforestación. Entonces, si este gobierno está dispuesto a ejercer control territorial, seguramente tendremos índices menores de deforestación. Además de tener programas agresivos en términos de restauración ecológica. Estamos en la década de la restauración de las Naciones Unidas. La restauración, los diferentes mecanismos de pago por servicios ambientales o de inversión directa o compensaciones ambientales, deben ser acciones importantes en este gobierno.
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Por Sergio Silva Numa
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