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No quieren aprobar el Plan de Manejo de los Parques Nacionales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, dos ecosistemas nacionales valiosísimos. Ese documento —amasado por los cuatro pueblos indígenas de la Sierra (kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo) y los funcionarios de Parques Nacionales Naturales a lo largo de tres años— es un conjunto de tareas para prevenir, mitigar y compensar los impactos que han sufrido ambos territorios. El problema es que desde que fue publicado el proyecto, a principio de año, se acumula una pila de quejas, reclamaciones y derechos de petición en su contra.
El descontento, palabras más palabras menos, es que ni la Cámara de Comercio de Santa Marta ni ciertos campesinos ni algunos sectores privados de la región están conformes con la zonificación descrita en el plan. Tal zonificación es producto del ordenamiento territorial ancestral indígena, la Ley de Origen de estos pueblos y los preceptos de Parques Nacionales Naturales, que tienen como función conservar la riqueza natural del país.
Esos tres pilares se basan en la certeza de que la presencia indígena en áreas protegidas es una de las estrategias más efectivas de conservación, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
De ahí que el pasado 10 de junio, en una reunión en las instalaciones de Invemar en Santa Marta, representantes del Ministerio de Ambiente, funcionarios de PNN, el Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas y la comunidad discutió sobre los lineamientos que hoy constituyen el plan que comprende ambos sitios. No obstante, tanto el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta como el Tayrona poseen contextos distintos con mucha tela por cortar.
Qué espera la gente del Tayrona
Un ejemplo de los cuestionamientos frente a la zonificación del Tayrona fueron las palabras del senador Álvaro Uribe Vélez, quien agitó la opinión pública hace quince días al cuestionar las funciones de Parques Nacionales Naturales. Según el expresidente, “las restricciones” impuestas por esta entidad van en contravía de la apuesta del Gobierno de Iván Duque, porque “no puede ser que el presidente Duque diga ‘el turismo es el nuevo petróleo de Colombia’ y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo e infraestructura turística en el Parque Tayrona”.
Su queja la comparten los propietarios de predios y ocupantes ilegales que viven dentro del Parque Nacional Tayrona. Su preocupación es que el plan no les permite desarrollar proyectos de alojamiento dentro del parque. Un argumento que para Luz Elvira Angarita, directora territorial Caribe de PNN, no es tan cierta. “De acuerdo con la zonificación definida, las actividades ecoturísticas están permitidas en el 99 % de los predios privados. Lo que no pueden, por ley, es hacer construcciones en cemento o ladrillo, sino aquellas que sean ligeras y se puedan remover”, explicó la funcionaria. Angarita sostiene que no se tienen propuestas de proyectos o construcción de infraestructura que riñan con el Plan de Manejo.
Esas réplicas han ralentizado la adopción del plan, creando una nueva urgencia. Se trata de la concesión del 3 % del parque, donde se prestan servicios ecoturísticos. Este contrato le pertenece desde hace 14 años a la empresa Aviatur y se vencerá en octubre. Para entonces el Plan de Manejo tendrá que estar listo, puesto que es un requisito de la convocatoria de licitación pública que se abra.
Así que la situación es una carrera contra el tiempo, porque “el desacuerdo de los empresarios y propietarios de fincas es que nunca fueron invitados a estas reuniones para definir el plan y sabemos que las condiciones están cada vez peor después de la concesión de Aviatur, por eso se está pidiendo que se agilice el proceso para abrir licitaciones”, aseguró Rosa Paulina Lacouture, presidenta de la Corporación Santa Marta Vital, que acoge a 46 empresas y personas naturales de la región.
El meollo de la Sierra Nevada
José de los Santos Sauna, gobernador del cabildo kogui, no duda en decir que “los indígenas nunca vamos a sacar a los campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Su promesa se debe a que este parque, considerado «hotspot» o punto caliente de biodiversidad en el planeta, ha lidiado con conflictos por uso, ocupación y tenencia de tierras desde hace años atrás.
El conflicto que ha encarado Parques Naturales en este territorio no ha sido solo de reubicación o compra de predios para los campesinos que viven allí, sino también extensiones de tierra dedicadas al cultivo de banano que cuentan con procesos sancionatorios desde hace cinco años y presencia de cultivos de uso ilícito dentro de las áreas protegidas. Es decir, actividades prohibidas que riñen con la misión de conservar la biodiversidad.
Este problema se concentra en la parte baja de la Sierra Nevada, en su salida al mar llamada la Lengüeta, ubicada a los dos extremos de los ríos Don Diego y Palomino. Allí el asunto se agrava al tener en cuenta la presencia del grupo paramilitar Los Pachencas, que controlan la zona a la altura de la Troncal del Caribe. Además de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo frente a las amenazas que recaen sobre los pueblos indígenas y los funcionarios de Parques Nacionales. No hay que olvidar que a principio de año Wilton Fauder Orrego, guardaparque del PNN Sierra Nevada de Santa Marta, fue asesinado y que su actual director se encuentra amenazado.
Esa serie de inconvenientes, desacuerdos y cuatro derechos de petición en fila son los que están frenando la adopción del Plan de Manejo, que, según José de los Santos, “no son responsabilidad de los pueblos indígenas de la Sierra, sino que está en manos del Gobierno, que es el Ministerio de Ambiente y Parques, tomar una decisión final en las reuniones”. La última de ellas está pactada para el 25 de junio.
La idea es que para esa concertación, insiste Angarita, “no vamos a concertar con aquellos ilegales sobre cómo se debe manejar un área protegida, porque estos territorios se declaran así justamente para su conservación”, concluyó la funcionaria, quien está presta a ajustar el plan de en caso de que haya propuestas de fondo basadas en criterios técnicos; pero no hay ninguna, afirma. (Le sugerimos: Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta piden protección de sus derechos)
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