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Hace un par de semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un informe que fue replicado por la mayoría de los principales medios de comunicación en Colombia. En él, la JEP intentó mostrar las consecuencias del conflicto armado en algunas especies de animales en el país.
“Más de 44 especies están en vía de extinción debido a que están en zonas de conflicto armado”, dijo el presentador de un popular noticiero al anunciar el informe. “La guerra silenciosa contra los animales en Colombia: cada 30 minutos el conflicto armado deja una nueva víctima”, tituló otro portal. Un medio más optó por una presentación más extensa: “Informe de la UIA de la JEP revela que más de 100.000 animales han sido afectados por grupos armados entre 2017 y 2026”.
En El Espectador, el informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP fue portada: “Ni ellos se salvaron”, se leía en la primera página de la edición del 20 de abril, que tenía la foto de un mono araña (Ateles geoffroyi).
La senadora animalista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) llevó esos datos al Congreso, donde calificó el informe de “desgarrador” y “desolador”, adjetivos que replicaron en sus redes sociales varios instagrammers, que celebraron que JEP pusiera sus ojos sobre los “efectos” de la guerra en los animales.
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No había duda de que, en términos de comunicación, el informe “Daños invisibles, la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)” había sido un rotundo éxito.
Pero otra cosa muy distinta creen quienes han dedicado su vida a estudiar la fauna de Colombia. “No tiene nada de rigurosidad. Es un informe deshonesto”, dice desde Alemania, Ana María Prieto, doctora en Ciencias Naturales, con énfasis en ecología del paisaje y en el estudio de reptiles y anfibios. “Me preocupa que presenten como un ejercicio científico ese documento con esa calidad metodológica”, señala el investigador Rafael Moreno, del Grupo de Morfología y Ecología Evolutiva en la Universidad Nacional.
“Es un documento que no tiene rigurosidad”.
Ana María Prieto, doctora en Ciencias Naturales
—¿La aprobaría como un trabajo de tesis de pregrado o de maestría?— le pregunto a Daniel Cadena, PhD en Biología y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes.
—No, no lo aprobaría. Le faltan los elementos mínimos para poder sustentar las conclusiones— responde.
Aunque ninguno niega que es indispensable visibilizar el impacto que ha tenido la guerra en los animales y reconocen la buena intención de la JEP, creen que en esas 49 páginas que se popularizaron en medios y redes sociales hay muchas grietas.
Todos coinciden, por ejemplo, en que no hay un solo hallazgo que sustente que —como se lee— “44 especies de animales están en riesgo de extinción inminente como consecuencia del conflicto armado” colombiano, así el documento, en el prólogo de Matthew Gillett, profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Essex, sea presentado como “un informe que se destaca por su claridad analítica y su exhaustivo análisis”.
“Hay varios problemas en varios niveles de análisis”, agrega Sebastián Restrepo Calle, director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana. “Si me lo presentan como una tesis de pregrado, creo que tendrían que ser muy creativos para poder aceptarla. Yo les sugeriría que trabajaran en otra perspectiva”.
1. Cuando se mezclan peras con manzanas
Una de las primeras cosas que les inquietan tanto a Daniel Cadena como a Ana María Prieto es que los autores del informe de la JEP intenten abordar dos temas que, a su parecer, necesitan aproximaciones muy diferentes: quisieron, como se lee en el documento, “construir dos tipos de bases de datos complementarias”. Una, sobre afectaciones a animales a nivel individual. Y otra, para identificar especies en riesgo crítico de extinción por el conflicto armado colombiano.
Según la JEP, fue una doble aproximación que permitiría “captar tanto los eventos concretos —animales afectados en hechos específicos— como los procesos más amplios que impactan a especies completas y a sus ecosistemas”. (Sobre la metodología y cómo lo hicieron nos detendremos más adelante).
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Pero Cadena dice que es confundir dos marcos conceptuales muy distintos: por un lado, el del bienestar animal, y por otro, el de conservación de especies. “Son cosas que abordan preguntas diferentes y para contestarlas se requieren análisis y datos muy diferentes”, explica.
A lo que se refiere es que una cosa es inferir que entre 2017 y 2026 hubo 100.252 episodios en los que se detectó algún tipo de maltrato animal asociado con el conflicto, y otra muy distinta tratar de evaluar la conservación de especies, una tarea que tiene que ver con “qué tan viables son las especies a largo plazo”, y en la que entran en juego otras variables.
“Yo me he dedicado a la biología de la conservación y a la ecología del paisaje y puedo decir con certeza que esa aproximación no es rigurosa”, argumenta Prieto en una videollamada. “Al hacer esa mezcla entre un enfoque animalista con otro de ecología y de conservación, pues no tienen claro cuál es su objetivo. Y, por eso, cuando uno lee el documento, se encuentra con objetivos que no desarrollan en ningún momento. En la introducción prometen cuantificar los daños en términos de pérdida de vidas animales, afectaciones de hábitats y riesgos críticos de desaparición de especies’, pero es mentira. En ningún momento hacen eso. Eso no lo cuantifican”.
En su defensa, el politólogo Juan David Velasco, coordinador científico del informe y fellow en el London School of Economics, responde desde su oficina en Bogotá que para “la justicia transicional sí puede haber puntos de encuentro entre ambos enfoques (…) Nos permite ver tanto que los animales cumplen con una función ecosistémica como reconocer que también pueden ser víctimas por el daño”.
Mientras se toma un café en la sede de la JEP de la calle 26, en Bogotá, Velasco también insiste en que la metodología que emplearon fue rigurosa y pide ver el documento no como “un diagnóstico final, sino como un punto de partida”. Además, aclara que para elaborar el informe no tuvieron que celebrar contratos extra ni buscar recursos de cooperación internacional: “La única alianza fue una alianza de voluntades”.
2. ¿Cada 30 minutos muere un animal o queda herido por la guerra?
Para detallar cuántos animales habían sido afectados por el conflicto armado colombiano entre 2017 y 2026, los investigadores de la JEP hicieron un ejercicio: “filtraron” la información que les brinda el “Mecanismo unificado de monitoreo de riesgo”, en donde la entidad recopila datos de 637 cuentas de X, entre las que están organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas entidades del Estado, organismos multilaterales y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Además, explica la politóloga Laura Ojeda, otra de las investigadoras del informe, recogen información de 238 medios de comunicación.
Al detallar todas las menciones que había en esa base de datos, determinaron que en los últimos diez años hubo, por lo menos, 100.252 animales afectados “en el contexto del conflicto armado”, bien sea por envenenamiento, abandono forzado, accidentes por artefactos explosivos, retenciones ilegales, acciones militares o amenazas.
Tanto a Prieto como a Cadena les parece que esa aproximación puede ser un camino útil para levantar información y empezar a construir una base de datos, pero así como Sebastián Calle, de la U. Javeriana, y Rafael Moreno, de la U. Nacional, creen que a la JEP le faltó preguntarse por los sesgos que podría tener esa información y evaluar la manera de resolverlos.
Se refieren a que el análisis únicamente captura información de lugares donde usan X (antes Twitter). ¿Qué sucede en la Amazonía y en la Orinoquía, en donde casi no hay datos recopilados por el sistema?, se preguntan. ¿Y en los puntos donde no hay medios de comunicación? Aun así, con ese “sesgo enorme”, reitera Prieto, es el “fragmento rescatable del informe”.
“¿Qué significan esos 100.252 animales que identificaron?”, señala Moreno. “Pues que son los animales que identificaron en ese período de tiempo. Como ejercicio descriptivo está bien”, responde. Pero cree que de ahí a asegurar que cada 30 minutos murió un animal por la guerra, hay mucho trecho.
Velasco, de la JEP, reconoce que hay un gran subregistro (y así lo especifica el documento), pero dice que esa recopilación de datos lo que buscaba era “alertar sobre lo que está sucediendo”.
3. Algo no encaja con el análisis de las listas de especies amenazadas
El punto que más les inquieta del informe de la JEP a quienes se han encargado de estudiar el estado de las poblaciones de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, es una de las conclusiones que se popularizó en medios y redes sociales: que hay 44 especies de animales que están en riesgo de extinción debido al conflicto armado.
“Lo que hicieron no es un ejercicio científico. No se puede establecer ningún tipo de causalidad con lo que hicieron“.
Rafael Moreno, de la Universidad Nacional.
“Lo que hicieron no es un ejercicio científico. No se puede establecer ningún tipo de causalidad con lo que hicieron”, resalta Moreno. “Es un ejercicio insuficiente para establecer esa causalidad”, reitera Cadena. “En ese punto, definitivamente, no hay nada que sostenga ese análisis”, añade Prieto.
¿Por qué? Para no dar muchos rodeos, los investigadores de la JEP hicieron lo siguiente: tomaron la lista de especies amenazadas del Ministerio de Ambiente (que están en la Resolución 0126 de 2024) y se enfocaron en las de animales que están en “Peligro Crítico”, una categoría que indica que están enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto. Según ese documento, en Colombia hay más de 250 plantas, más de 100 animales y cerca de 50 hongos en “Peligro Crítico”.
Aunque la JEP no lo menciona en su informe, no incluyeron otras categorías que establece la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación (IUCN), como “En Peligro” o “Vulnerable” (que agrupan las especies que están en un riesgo de extinción “muy alto” y “alto”), porque no tenían los suficientes recursos humanos ni el tiempo para hacer esa tarea, reconocen Laura Ojeda y Juan David Velasco.
Así que, tras tener en sus manos el listado de animales en “Peligro Crítico”, explican los dos investigadores, empezaron a observar cuáles especies tenían una “relación espacial” con la presencia de grupos armados. “No solo teníamos evidencia de que en esos lugares hubiese conflicto, sino que sabíamos que esos grupos armados no estatales tenían un control en la vida social y económica de las poblaciones”, agrega Velasco.
Entonces, continúa, si en un área en la que operaban las disidencias de las FARC había una especie amenazada por minería ilegal o cultivos de coca —dos actividades que hacen esos grupos—, pues, “había una relación” con el conflicto armado. “Lo que empezamos a revisar fue que cada especie tuviera una relación con esas actividades que ya habíamos identificado en cada uno de los grupos armados”, aclara Ojeda.
Pone otro ejemplo: “si el mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) está en riesgo por tráfico ilegal y ya se ha documentado que el Clan del Golfo trafica ilegalmente esta especie, pues hay una relación con los grupos armados”.
Según Velasco y Ojeda, esas 44 especies también fueron seleccionadas porque “el Ministerio de Ambiente (a través de los “Libros Rojos”), atribuía como causa preponderante los temas de minería ilegal, deforestación o cultivos de coca” como parte de los riesgos que han afectado a esos animales.
“Inicialmente, revisamos 108 especies, pero fuimos descartando por el tipo de amenazas porque no había ninguna relación con el conflicto”, agrega Ojeda. Cuando la información no estaba reunida en un Libro Rojo y era de décadas anteriores —como sucedió en el caso de los anfibios— la contrastaron con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación (IUCN).
Pero todos los especialistas con los que conversamos tienen ejemplos para demostrar por qué ese análisis tiene varias fisuras.
La profesora Prieto, que se ha enfocado en estudiar a los anfibios y a los reptiles, hizo un análisis muy sencillo con las 33 especies de anfibios en “Peligro Crítico” que menciona el informe de la JEP y encontró que 17 de ellas, de acuerdo con la información de la IUCN, tienen un drástico declive de las poblaciones por infecciones fúngicas.
Hongos como el Batrachochytrium dendrobatidis, precisamente, han sido una de las principales preocupaciones de quienes estudian ranas o salamandras porque han sido los culpables de menguar sus poblaciones durante décadas. En 2023, un estudio en la revista especializada Nature había detallado los graves aprietos por los que pasaban los anfibios: dos de cada cinco, escribían los autores de este estudio, están en peligro. De hecho, lo clasificaban como el grupo de animales vertebrados más amenazados.
Entonces, Nicolás Urbina Cardona, Ph.D. en Ciencias Biológicas y coautor de la investigación, le había dicho a El Espectador que, además de las enfermedades que causaban los hongos —que pudieron haber sido dispersadas por amantes de la naturaleza, fotógrafos o investigadores—, los anfibios eran muy sensibles a las consecuencias del cambio climático. El tráfico ilegal y la pérdida de bosques, páramos y humedales eran otras de las causas del declive de sus poblaciones.
Tras revisar los datos de la IUCN, Prieto, en videollamada, añade otro dato que no le cuadra con el análisis: “Hay una especie que no se registra desde la década de 1970; cinco, desde la de 1980; nueve desde los años 90 y una desde 2001”.
La Atelopus chocoensis, por poner un ejemplo, está catalogada como en Peligro Crítico de extinción (posiblemente extinta), porque, se lee en la página de la IUCN, “no se ha registrado desde 1998 y los estudios posteriores no han encontrado la especie. Se sospecha que Batrachochytrium dendrobatidis (el hongo) ha causado la disminución en esta especie y que el número de individuos maduros podría ser inferior a 50”.
¿Cómo construyen un mapa en el que asocian datos del conflicto armado de los últimos diez años con especies que no se registran desde mucho más tiempo?”, se pregunta Prieto. Para ella son escalas temporales que no pueden ser comparables.
4. Otros casos que no cuadran
Andrés Cuervo, que ha dedicado su vida de científico a estudiar las aves y está al frente de la Colección Nacional de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, tiene otro ejemplo que, dice, conoce muy bien: el del Lipaugus weberi o arrierito antioqueño. Aunque para los autores del informe de la JEP está en “Peligro Crítico” debido al conflicto armado, cree que olvidaron examinar unas variables muy importantes.
“El arrierito antioqueño fue un ave descubierta hace apenas unos 25 años y se supo, entonces, que estaba muy amenazada porque su área de distribución es muy pequeña: solo habita en unos bosques muy pequeños en Antioquia, en los municipios de Anorí y Amalfi, donde ha habido una guerra muy larga”.
Si a Cuervo, como a los otros investigadores, le hubieran puesto la misma misión de entender el impacto del conflicto en las especies de animales, él hubiera empezado preguntándose si, más bien, en muchos sitios, no ha sido el conflicto lo que ha preservado los ecosistemas donde viven varios de estos animales.
El otro interrogante que Cadena sugeriría hacerse es: ¿qué sucedería con esas especies si no hubiese conflicto en esas áreas? ¿Hay otros motores de afectación que no son el conflicto y que pueden explicar el declive de poblaciones?
Para explicarlo pone otro ejemplo: el del bagre rayado del Magdalena (Pseudoplatystoma magdaleniatum), que también está incluido en las 44 especies mencionadas de la JEP. De acuerdo con el último Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia del 2022, ya en 1988 era claro que era una “especie en declinación por la sobrepesca (para consumo humano) y la degradación de su hábitat natural”, dos condiciones que “se acentúan cada día”. La contaminación del río Magdalena, que recibe desechos a lo largo de la región Andina, es otra de las variables que Cadena cree que se le escapó a los investigadores de la JEP.
En su defensa, Ojeda dice que la inclusión del bagre del magdalena en la lista la discutieron como equipo, pero lo añadieron porque detectaron una proximidad geográfica en ciertas ciénagas donde el bagre desova y “donde había registros de minería ilegal”.
Ella y Juan David Velasco han visto varias de esas críticas circular en redes sociales y saben que para algunos científicos su análisis presenta “un cruce forzado de datos”. Pero la invitación de ambos es a abrir una puerta de diálogo para hacer un mejor diagnóstico. Reiteran que es un “punto de partida” y que están dispuestos a replantear el informe, aunque algunos de los investigadores con los que conversamos sugieren que, mientras tanto, lo bajen de la página web, pues les preocupa que ese documento oficial empiece a citarse en tesis o en jurisprudencia.
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Por Sergio Silva Numa
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