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Aunque aún no se conoce una versión final de la ley de financiamiento, una de sus propuestas está causando un gran debate, pues modificaría uno de los llamados “impuestos verdes” más populares: el impuesto al carbono. Desde que empezó a funcionar en Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la idea ha sido que quienes más contribuyen al cambio climático, paguen de su bolsillo por los daños que generan (aunque parte de su destinación ha ido a parar a asuntos relacionados con la paz).
La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, avalada por el Ministerio de Ambiente, busca ahora aumentar ese impuesto al carbono. Mientras que hoy, una empresa paga una tasa de $27.399 por cada tonelada de CO₂ emitida a la atmósfera, el Gobierno quiere que ese monto sea mayor hasta llegar, gradualmente, a los $40.000.
“Este incremento contribuiría a aumentar el recaudo fiscal, manteniendo el financiamiento de programas de mitigación y adaptación al cambio climático”, expone el Ministerio de Hacienda.
Para justificar esta medida, la cartera apunta que la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono ha advertido que los precios fijados en estos mercados no están siendo suficientes. Y, para lograr lo pactado en el Acuerdo de París, estos debían rondar, para 2023, entre los 50 y los 100 dólares. La propuesta del Gobierno Petro, añade Minhacienda, no supera los 10 dólares.
Este cambio vendría con un ingrediente adicional: la disminución del porcentaje de la “no causación”, como se le llama a la parte del gravamen que las empresas pueden no pagarle al Estado, al invertirlo en proyectos verdes certificados, de transición energética o de reforestación, entre otros.
Pero este porcentaje de ‘no causación’ se ha ido reduciendo en los últimos años. Mientras que en la era Santos era del 100 % —es decir, que se podía pagar la totalidad del impuesto en mercados voluntarios—, con la primera tributaria del actual gobierno se redujo a un 50 %. Si se aprueba la actual ley de financiamiento, este pasaría a un 30 %.
Para el Ministerio de Ambiente, la ‘no causación’ es un complemento y no es “la esencia del impuesto”, dijo a este diario. Este le da a las empresas la opción de compensar de antemano sus emisiones, pero, asegura la cartera, se han evidenciado fallas en materia de salvaguardas para las comunidades locales.
“El impuesto debe reflejar los costos reales de la contaminación. Hoy la tarifa no compensa los impactos sociales y ambientales de las emisiones de combustibles fósiles. Reducir el porcentaje de ‘no causación’ corrige esta distorsión”, le indicó el ministerio a El Espectador. “El objetivo del impuesto no es que todo se compense, sino que los combustibles fósiles sean menos competitivos frente a opciones limpias. La señal de precio es la que incentiva la reducción real de emisiones”.
Andesco y el Consejo Gremial Nacional creen otra cosa. Señalan que la propuesta del gobierno “representaría una pérdida de más de $407 mil millones en proyectos ambientales hacia 2026, debilitando el mercado voluntario de carbono y relegando la lucha contra el cambio climático a un segundo plano”.
Para Julia Miranda, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, el cambio representaría “una estatización de los mercados de carbono. Son cambios que no tienen en cuenta el sector privado, ni el rol de los mercados voluntarios que, para 2024, desarrollaban 238 proyectos certificados en temas de deforestación, energía, industria, transporte, entre otros. No es claro qué va a pasar con esa financiación que, aunque ha tenido sus reparos, ha demostrado dar resultados”.
Iván Darío Valencia, coordinador de Políticas del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) en Colombia, que asesora al Gobierno Nacional en estos temas, asegura que “si la tarifa llega a $40.000, los créditos podrán venderse más caros en el mercado y esto, en teoría, podría mantener o, incluso, aumentar el volumen de inversión que atrae este mecanismo. Además, con la reforma tributaria anterior, a partir de este año el impuesto ya no recae solo sobre distribuidores de gasolina y gas, sino también sobre el carbón, lo que amplía la base gravable y puede incrementar el recaudo”, señala Valencia.
Además de esto, Valencia indica que entre las “principales lecciones que han dejado los mercados de carbono en Colombia es que se requiere una institucionalidad robusta para garantizar la protección de las comunidades y salvaguardas para su efectividad. Y eso se ve en algunas falencias que hay en el país, en particular en temas de reglamentación que están pendientes”.
¿A dónde van a parar los recursos?
Desde que en 2016 fue aprobado el impuesto al carbono en Colombia (con una reforma tributaria), la destinación del recaudo no ha estado exenta de controversia, pues, aunque en un principio se prometió que iría todo al flaco presupuesto del sector ambiental, poco a poco, fue tomando otro rumbo. Hoy el 80 % se destina al Fondo de la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, mientras el 20 % restante va hacia el Fondo Colombia en Paz, con el objetivo de financiar la sustitución de cultivos ilícitos.
Para ser un poco más detallados, el dinero proveniente de esos mercados de carbono se dividen, a grandes rasgos, en dos: los obligatorios (es decir, los implementados por los Estados) y los voluntarios (en los que las empresas deciden en qué invertir sus recursos en proyectos certificados). Según cifras de la DIAN, entre 2017 y marzo de 2025, el recaudo acumulado del impuesto al carbono fue de $3,6 billones. En 2025, en solo sus primeros tres meses, se recaudaron $217.000 millones.
Los datos de la DIAN muestran cómo se ha tributado el impuesto al carbono: seis de cada diez toneladas de CO₂ emitidas han pagado directamente el tributo al Estado, mientras que las otras cuatro quedaron exentas al acogerse al mecanismo de no causación, que permite invertir en proyectos de compensación. Frente a este último rubro, la Dirección de Cambio Climático del Minambiente señala que, entre 2017 y 2025, se han movilizado $1,21 billones en bonos de carbono, es decir, en la financiación de proyectos certificados para reducir emisiones.
¿Qué ha hecho el Minambiente con ese dinero? En una respuesta enviada a la representante Miranda y conocida por este diario, esa cartera detalla que, según las cifras de Fiducoldex, la agencia estatal encargada del manejo de estos recursos, en 2024, se giraron $31.824 millones para proyectos de restauración en la Amazonía, la Mojana, La Guajira y para comunidades étnicas. En total, para ese año se comprometieron $357.030 millones de un presupuesto total de $662.358 millones. De acuerdo con la congresista, no fue posible obtener información de otros años.
“Esto evidencia la baja ejecución de estos recursos por parte del Gobierno, que ahora busca quitarle dinero a proyectos que sí han mostrado resultados”, asegura Miranda. “Mi preocupación es que no hay cifras que respalden lo que se logra quitando este porcentaje del impuesto bajo el pretexto de aportar al déficit fiscal del Estado”.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente se defiende: “Entre 2023 y 2025, el Fondo de la Vida ha recibido $1,46 billones, lo que ha permitido financiar 32 planes y proyectos en todo el país, con impactos concretos: restauración ecológica de alrededor de 271 mil hectáreas en regiones como la Amazonía y La Mojana, fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles y la gobernanza comunitaria para la gestión de los recursos naturales”.
Sin embargo, para Jorge García, investigador de la Universidad de los Andes, que estudia del cambio climático desde una perspectiva económica, “estudios recientes han demostrado que, a pesar de que el mecanismo busca canalizar financiación para la protección de ecosistemas claves del país como la Amazonía, no ha generado los resultados esperados”.
Mientras avanza esta discusión, lo cierto es que las emisiones de CO₂ siguen creciendo en el país. Mientras que en 2007 se emitieron alrededor de 60 millones de toneladas, para 2023, esa cifra fue de 100 millones de toneladas.
Por Fernán Fortich
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