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Con el aval de la Corte Constitucional a la Ley 2273 de 2022, que ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, este tratado internacional adquiere plena vigencia en el país.
Los orígenes del Acuerdo de Escazú se remontan a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, cuando diez países de la región se comprometieron a realizar un acuerdo regional con el fin de facilitar el acceso a la participación, la información y la justicia en asuntos ambientales. Durante los dos años siguientes se realizaron las reuniones preparatorias. En 2014 se estableció el Comité de Negociación, liderado por las delegaciones de Chile y Costa Rica y, finalmente, en 2018 se acogió el texto final del pacto. Su objetivo, en términos bastante simples y resumidos, es garantizar el acceso a la información y a la justicia, además de una participación pública en los procesos de toma de decisiones, todo ello en relación con asuntos ambientales.
Tras la luz verde del máximo tribunal colombiano, “debemos empezar un proceso de implementación de la ley”, dice Natalia Escobar, coordinadora de la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, una de las organizaciones que conforma la Alianza por el Acuerdo de Escazú (de la que también hacen parte la Asociación Ambiente y Sociedad, el Grupo Acciones Públicas, de la Universidad del Rosario, el Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF). “El acuerdo nos ofrece unas reglas jurídicas y unos contextos de implementación, pero lo que viene de aquí en adelante es empezar a darle forma”, agrega Escobar.
Esa implementación se tiene que dar, por ejemplo, a partir de una reglamentación que, seguramente, liderara el Ministerio de Ambiente de Susana Muhamad. Precisamente, Muhamad adelantó que el Ministerio “avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas”. Lo primero que tiene que hacer ahora el país es crear un Plan de Implementación Nacional, algo en lo que países como Argentina y Chile están adelantados.
“Países como México, Chile y Ecuador ya han avanzado en la implementación del Acuerdo. Y entre las lecciones aprendidas de ellos, una clave es la necesidad de una articulación entre la ciudadanía y las decisiones que se empiezan a tomar por parte de la institucionalidad. No puede haber un plan de implementación de Escazú, sin contar con las visiones de los representantes de la ciudadanía. No se le puede tener miedo a la participación ciudadana”, dice Vanessa Torres, abogada, especialista en Derecho Ambiental y subdirectora de Ambiente y Sociedad. “Hay unas falencias muy grandes en el marco normativo nacional, y el Acuerdo no las va a resolver de manera inmediata, pero sí abre la oportunidad de revisar en profundidad cada una de estas falencias”, agrega la abogada.
Hay varios retos en esa implementación que son importantes. En lo que tiene que ver con acceso a la justicia, el Acuerdo establece que cada país debe garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, asegurando que las personas puedan expresar su inconformidad ante decisiones que afecten el medio ambiente. También deben establecer medidas para facilitar este acceso, especialmente para grupos vulnerables. Todas las decisiones en temas ambientales deben ser documentadas por escrito, propone el acuerdo, y se deben crear mecanismos de apoyo para quienes lo necesiten.
“El acceso a la justicia es un gran reto. Si bien el Estado ha venido incorporando el componente ambiental en las discusiones, en el caso de la rama judicial todavía hay preguntas muy grandes sobre cuál sería la forma garantizar un acceso a la justicia con un conocimiento de los componentes ambientales más de fondo por parte de los jueces. También hay preguntas sobre los mecanismos mediante los cuales se va a territorializar ese proceso”, dice Escobar. La experiencia de otros países en este punto puede ser muy valiosa. Un ejemplo particular es el escenario de la justicia ambiental en Chile.
“En Chile existen tribunales ambientales, que, con el Acuerdo de Escazú, están fortalecimiento su funcionamiento. Es algo que tenemos que revisar en Colombia. Nosotros no contamos con tribunales especializados en temas ambientales, entonces ha llegado ese momento, que es una deuda de la Constitución de 1991, de revisar si efectivamente necesitamos tribunales especializados en temas ambientales, o debemos fortalecer los tribunales de primera y segunda instancia que ya existen en el país”, dice Torres.
Además, según el Acuerdo, cada país debe garantizar un entorno seguro y favorable en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Colombia es uno de los países más violentos para los defensores del medio ambiente. El año pasado fueron asesinadas en el país 61 personas por defender el ambiente. “Sin duda, se requiere, además de una política pública que ya existe, medidas que sean realistas y aterrizadas a lo que viven las comunidades en los territorios. Entonces, por ejemplo, entregarle un chaleco y un celular a un defensor ambiental no es suficiente para proteger su vida. Se necesita entender el entorno, la comunidad en la que vive esa persona, y encontrar medidas de protección que sean efectivas”, dice Torres. En este punto, será fundamental que carteras como el Ministerio del Interior (que tiene adscrita la Unidad Nacional de Protección) se articulen a la implementación del acuerdo: “Escazú es un acuerdo que debe articular a diferentes instituciones”, reitera la subdirectora de Ambiente y Sociedad.
Desde esa organización esperan, por ejemplo, una participación más activa del Ministerio del Interior. “Nosotros quisiéramos ver ya aterrizados algunos ejes de trabajo, ver cómo lo van a implementar. Teniendo en cuenta que tienen el punto central del Acuerdo de Escazú, que es la protección de las personas defensoras. Sabemos que existen diversos cuellos de botella en tema de asignación de protocolos y medidas de protección para quienes están en riesgo. Muchas personas son asesinadas en Colombia esperando la aprobación de medidas de protección de parte de la UNP y eso es algo que tiene que cambiar”, dice Torres.
En lo que se refiere a participación, el Acuerdo busca reforzar la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. “Escazú nos da unas claridades sobre cómo empieza esta relación con los proyectos, cuáles son los mínimos en un proceso ambiental para que las empresas empiecen a prepararse y el Gobierno garantice esas medidas. Aquí viene un camino para todos de empezar a pensar en conjunto cómo se van a materializar esas acciones”, dice la coordinadora de la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia. El país debe revisar, examinar y actualizar el proceso de los proyectos y actividades ambientales en curso, además de contar con una debida autorización respecto aquellos que puedan infligir un daño al territorio. Además, se debe promover la participación pública sobre procesos de ordenamiento territorial, elaboración de planes, normas políticas o estrategias relacionados con el medio ambiente
“En Colombia, tenemos diferentes mecanismos de participación, pero desafortunadamente es confusa su implementación. Un ejemplo de esto, son las audiencias públicas ambientales, que son el único escenario de participación que tienen las comunidades en el marco de las licencias ambientales. Y desafortunadamente, muchas comunidades no conocen esta posibilidad, y adicionalmente, es una etapa en la que solamente se informa sobre un proyecto y no se hacen etapa previa”, agregan desde Ambiente y Sociedad.
Finalmente, y vinculado a esa democracia ambiental, Escazú propone una transparencia en el acceso a la información. “Si queremos avanzar en la participación, necesitamos que se empiece a liberar las barreras de acceso, que son muy grandes. En un contexto como la deforestación de la Amazonia, donde tenemos barreras grandes de información para saber en qué estado está la deforestación, se necesita acceso a la información para poder garantizar una participación y una veeduría más efectiva”, dice Escobar. Para Dejusticia, este punto es fundamental y “destrabaría los otros procesos, y la justicia en sí misma. Es el primer derecho de acceso que deberíamos empezar a trabajar, no solo en relación con el sector público, sino también empezar a pensar en la responsabilidad de los actores privados”. Con la decisión de la Corte, el camino del país con Escazú apenas comienza.
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